Desde hace mucho tiempo que se viene hablando sobre la tan mentada reforma judicial en el país. Todo el mundo habla sobre ello y mucho más desde la propuesta que están llevando a cabo los juristas independientes con la recolección de firmas de la población para que mediante vía referendo constitucional, se pueda lograr ese objetivo antes que se realicen las elecciones judiciales previstas para después del segundo semestre de este año.
Lo más irónico es que los propios “dueños de casa”, es decir, las instituciones que conforman el Órgano Judicial no dicen nada al respecto hasta ahora. De un tiempo a esta parte ni el Tribunal Constitucional Plurinacional, ni el Consejo de la Magistratura y ni el Tribunal Agroambiental han presentado una aproximación de propuesta modificatoria desde su punto de vista sobre qué tipo de reforma judicial se debería hacer en el país.
Salvo de manera escueta recientemente el presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Ricardo Torrez, propuso que una Asamblea Constituyente sería el mecanismo adecuado para que nazca un nuevo Órgano Judicial, propuesta que sin lugar a dudas es para largo plazo, dando a entender que es lo mismo que nada. Y ¿qué dicen al respecto el resto de las instituciones que conforman dicho poder del Estado?
Tampoco se los escucha o se los ve en los medios de comunicación social a los miembros de los tribunales departamentales constitucionales y de justicia, representaciones distritales del Consejo de la Magistratura, Asociación de Jueces de Bolivia, Colegios de Abogados, carreras de Derecho de las universidades públicas y privadas, lanzar propuestas de reformas a la (in)justicia boliviana.
Ese silencio sepulcral da lugar a varias interrogantes: ¿el propio Órgano Judicial no quiere reformas a la justicia en el país?, ¿están de acuerdo en cómo funciona actualmente dicho órgano del Estado?, ¿aceptan la intromisión política en sus funciones?, ¿les gusta acomodarse al gobierno de turno o al sol que nace?, ¿están cómodos que los políticos de turno arrimados al poder les den instrucciones en cómo deben fallar en sus sentencias? Entre otras más que seguramente la ciudadanía tiene en su mente.
Lo que espera la población es una propuesta única del propio Órgano Judicial sobre sí se debe seguir con la elección mediante voto universal en los altos cargos jerárquicos o crear otro mecanismo de elección, cómo se debe reformar la justicia en el país, cómo se debe atacar la corrupción lacerante al interior de los juzgados, cómo se debe atacar la retardación de justicia, cómo se debe realizar una verdadera institucionalización de todos los cargos a nivel jurisdiccional y administrativos. Situación que hasta ahora no han dado a conocer de manera conjunta.
Otra institución que también forma parte del sistema judicial boliviano, es la Fiscalía General del Estado, que tampoco hasta ahora no se conoce cuál es su sentir o pensar con respecto a la reforma judicial. Teniendo en cuenta que la misma no goza de credibilidad por parte de una gran mayoría de la ciudadanía. Sin duda es como pedir peras al olmo.
Como ninguna de las entidades que conforman nuestro sistema judicial, no dicen nada sobre el particular, dan a entender que en el fondo ninguna de ellas quiere un cambio de verdad en nuestra desacreditada justicia que día que pasa va tocando fondo sin encontrar esa luz al fondo del túnel, que le permita salir de ese pobre trabajo que cumple para la gente litigante.
Haciendo una analogía sobre el caso es como si el techo de la casa de un ciudadano está en malas condiciones o está a punto de caerse y sus vecinos colindantes le dicen que hagan reparar de manera inmediata para que no afecte posteriormente a sus inmuebles de forma directa o indirecta, situación que permite deducir de que al dueño de casa que está en mal estado el techo de su vivienda, le importa un rábano lo que pueda pasar con la misma.
Llegando a la conclusión de que la decisión final entonces está en el soberano para que sea participe trascendental de un cambio de verdad en la justicia nacional y sea a la vez el principal protagonista para que ponga su firma en los libros que están a disposición en plazas y parques de las nueve capitales y ciudades intermedias y así tener ese giro de 180 grados que hace décadas se viene buscando por una justicia más proba, más idónea, más transparente, más ágil y con cero corrupción.
Juan Carlos Ferreyra Peñarrieta es Comunicador SociaL
