Desde noviembre de 2023, Bolivia ha enfrentado fenómenos climáticos extremos que provocaron un impacto devastador en diversas regiones del país. La interacción del fenómeno de El Niño con los efectos del cambio climático ha ocasionado lluvias intensas que, junto con la falta de medidas de prevención, desencadenaron inundaciones, desbordes de ríos y deslizamientos de tierra. Estas emergencias dejaron pérdidas humanas, daños materiales y miles de familias afectadas, especialmente en comunidades vulnerables. La carencia de acciones oportunas por parte de las autoridades locales y nacionales agravó significativamente esta crisis.
La ciudad de La Paz fue una de las más golpeadas, enfrentando una situación crítica entre febrero y marzo de 2024. Durante este periodo, las precipitaciones alcanzaron niveles récord en los últimos 30 años, según datos del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi). Aunque se espera que fenómenos similares no se repitan con la misma intensidad, las autoridades del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz (GAMLP) han comenzado a implementar medidas preventivas, como la instalación de sistemas de alerta temprana. Sin embargo, expertos señalan que estas acciones podrían haber sido más efectivas si se hubieran planificado con mayor anticipación, aprovechando la temporada seca.
La Agencia Municipal de Noticias, informa que entre las tareas está por ejemplo la instalación de supergaviones en un tramo de 1,3 kilómetros de la cuenca del río Orkojahuira, parte del programa municipal «De la tormenta a la esperanza y de la esperanza a la acción». Este proyecto tiene como objetivo mitigar emergencias en cinco cuencas prioritarias, incluyendo Choqueyapu, Orkojahuira, Irpavi, Achumani y Huayñajahuira. En total, el plan abarca ocho cuencas y busca beneficiar a más de 300.000 habitantes por cada cuenca, cubriendo cerca de 60 barrios. Sin embargo, aunque estos trabajos son relevantes, aún no incluyen toda la infraestructura requerida para reducir el impacto de los desastres.
La vulnerabilidad de muchas áreas urbanas de La Paz es un problema estructural. Estudios realizados años atrás han revelado que solo el 30% del suelo de la ciudad es adecuado para urbanización, mientras que el 70% restante es de calidad regular o pésima, aumentando el riesgo de deslizamientos de tierra y colapsos. Este peligro se incrementa por las corrientes superficiales y subterráneas que desestabilizan el terreno, lo que subraya la urgencia de una planificación urbana más rigurosa y de medidas preventivas que contemplen estas características geológicas.
Barrios como San Antonio, Cotahuma, Tembladerani, Pasankeri, Achumani e Irpavi son especialmente vulnerables, afectados por la crecida de ríos y riachuelos como el Choqueyapu y Orkojahuira. La ciudad cuenta con alrededor de 300 ríos y riachuelos, muchos de ellos embovedados o poco visibles, pero igual de riesgosos. Aunque se han conformado 15 comités de emergencia barrial y se han elaborado planes familiares de emergencia para 1.155 familias en zonas críticas, las tareas de limpieza de cauces y desagües deben realizarse con la frecuencia necesaria.
Es fundamental que las juntas vecinales colaboren con la alcaldía para coordinar campañas educativas que informen a los habitantes, especialmente en las laderas, sobre el impacto negativo de arrojar desechos en los ríos, lo que obstruye el flujo del agua y aumenta el riesgo de desbordes e inundaciones. Además, el GAMLP debe asumir la responsabilidad de limpiar las cabeceras de los ríos, donde se acumulan piedras, arena y otros escombros de construcciones. Estas iniciativas educativas y de limpieza deberían ser prioridades, en lugar de destinar recursos a obras costosas y cuestionadas, como la ciclovía, cuya utilidad ha sido puesta en duda por gran parte de la ciudadanía. La colaboración entre juntas vecinales y la alcaldía no solo optimizaría el uso de recursos, sino que también fomentaría un sentido de responsabilidad compartida en la protección del medio ambiente y el bienestar de la comunidad.
Lo sucedido en febrero y marzo de 2024 debe ser un llamado urgente a la acción. Las lluvias continuarán siendo una amenaza para La Paz, y es fundamental que las autoridades prioricen obras de prevención por encima de proyectos secundarios. Una gestión integral que considere las necesidades de los barrios más afectados, junto con una adecuada planificación urbana y el trabajo coordinado entre gobierno, vecinos e instituciones, es esencial para enfrentar futuros desafíos climáticos y garantizar la seguridad y bienestar de los habitantes de La Paz.
