Vida de Leopardo

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En tres meses se cumplirán dos años de la crisis política y social que estuvo a punto de llevar al país a una guerra civil y parece que no se hizo nada por cerrar esa herida y así sepultar los afanes violentos de algunos actores políticos que anteponen su interés personal y el de sus partidos al bienestar nacional. 

Por el contrario, el sistema judicial, que en este país funciona como una veleta y sin que sus actores ya ni se sonrojen, esta vez alimenta la tesis oficialista de que en octubre de 2019 hubo un “golpe de Estado” con decisiones como la que recientemente anunció el fiscal general, Juan Lanchipa, respecto al caso fraude.

Un año y ocho meses después de haber instruido el inicio de acciones legales contra los exvocales del Tribunal Supremo Electoral justamente por sospecha de fraude electoral cometido en las elecciones del 20 de  octubre de 2019, Lanchipa anunció su sobreseimiento y el cierre de este proceso,  en una conferencia de prensa en la que no aceptó preguntas.

Su anuncio, que se produjo después del pedido de su destitución realizado por la ex diputada masista, protegida del Gobierno e impulsora del caso “golpe”, Lidia Patty, estuvo sustentado en una pericia informática realizada a pedido de la Fiscalía General del Estado y con base en información que le fue proporcionada por ese organismo. 

No sólo eso, pagó por el trabajo más de 31.000 dólares, con dinero de todos los bolivianos, incluso de los que consideran que hubo un fraude y no un golpe.

Ese peritaje fue decisivo, pero no la auditoría de integridad electoral que en 2019 realizó la Organización de Estados Americanos (OEA) y que concluyó que “hubo una manipulación dolosa e irregularidades graves que hacen imposible validar los resultados emitidos originalmente por las autoridades electorales bolivianas”.

Por ello, no está demás anotar algunas diferencias, y también similitudes, entre estos dos trabajos.

La pericia fue pagada por la FGE y elaborada en Salamanca con base en datos proporcionados por la institución contratante, mientras que la auditoría se hizo a pedido del gobierno (entonces de Evo Morales), amparada en un convenio suscrito con la OEA y con base en datos recopilados in situ por los responsables del trabajo.

La pericia fue elaborada por un docente con doctorado en Ciencias de la Computación y en Inteligencia Artificial y dos estudiantes de informática, ninguno con experiencia forense electoral, mientras que la auditoría fue realizada por 36 especialistas y auditores de 18 nacionalidades, entre ellos abogados electorales, estadísticos, peritos informáticos, especialistas en documentos, en caligrafía, en cadena de custodia y en organización electoral.

La pericia se realizó más de año y medio después del cuestionado proceso electoral y la auditoría a los días y con base en el trabajo previo de seguimiento que hizo la OEA antes, durante y después de la elección, fruto del cual emitió un informe preliminar que alertó que había  varias inconsistencias en el proceso, con lo que además coincidió la misión de la Unión Europea. 

Eso sí, ambos trabajos encontraron similares irregularidades, como usuarios no identificados con capacidad de acceso al sistema informático del proceso electoral y la existencia de servidores externos.

“El análisis pericial del proceso electoral ha determinado que se produjeron varias negligencias por parte de la empresa Neotec, encargada del sistema TREP. Sin embargo, no se ha demostrado la existencia de manipulación en los datos, ya que no existen diferencias significativas entre todas las bases de datos utilizadas durante el proceso electoral”, refiere parte del documento de la pericia.

En este contexto, Lanchipa ha tomado una decisión sustentada en la pericia y no en la auditoría, que además tiene carácter vinculante por propia decisión del expresidente Morales, quien ahora también otorga el peso decisivo al trabajo hecho en Salamanca para decir que la denuncia de fraude es “la mentira del siglo”. 

Todo hace ver que, con esta pericia, lo que se busca es limpiar la imagen de Evo Morales, aún a costa de cambiar los hechos y el curso de la historia.

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