En los días pasados Venezuela fue nuevamente escenario de fuertes convulsiones políticas, desatadas por la sorpresiva aparición de Juan Guaidó -a pocos metros de la base militar aérea de La Carlota, y a la cabeza de un pequeño contingente de efectivos militares- anunciando el inicio de una acción cívico-militar denominado “Operación libertad”, cuyo objetivo principal buscaba la finalización del “usurpador” régimen de Nicolás Maduro.
Diez horas después del hecho, empero, quedó en evidencia que la acción cívico-militar no había generado más adhesiones militares como, seguramente, esperaban sus protagonistas. Quizás por ello dos funcionarios norteamericanos del más alto nivel formularon importantes revelaciones. Mike Pompeo, secretario de Estado (Ministro de Relaciones Exteriores), informó que Rusia había impedido que Maduro abandonara Venezuela y amenazó a La Habana con un bloqueo total si continuaba interviniendo militarmente en la cuna de Bolívar.
Por su lado, John Bolton, asesor de Seguridad Nacional de Trump, reveló que el Ministro de la Defensa (Vladimir Padrino López) y otros jefes militares habían acordado con Guaidó facilitar la salida de Maduro. Rusos, cubanos y militares naturalmente negaron tales afirmaciones.
Al margen de unas y otras aseveraciones, lo cierto parece ser que Venezuela ha asumido la condición de escenario de una compleja confrontación internacional, resultado de la interacción conflictiva entre Estados Unidos, Rusia, China, Cuba, Irán y el proceso político interno. Analicemos algunos datos que avalan esta apreciación.
Además de sus intereses geopolíticos en la región, Estados Unidos es teatro de operaciones de CITGO, empresa estatal venezolana refinadora de petróleo y comercializadora de gasolina, lubricantes y petroquímicos. Actualmente gestiona tres refinerías, 48 terminales de almacenamiento y unas 6.000 estaciones de distribución, con una facturación de alrededor de 11.000 millones de dólares anuales. CITGO es, por tanto, un molestoso y riesgoso enclave extranjero en el llamado “corredor energético de Houston”, lo que explica, junto a los factores geopolíticos, el embargo y congelamiento de bienes de la empresa impuestos por Washington a Caracas, en enero de este año.
De 2012 en adelante, Rusia fue facilitando préstamos al decadente régimen chavista y, con esa palanca, logró adquirir fuertes intereses petroleros a través de ROSNEFT, petrolera estatal rusa. En la actualidad, Caracas adeuda a Moscú algo más de 3.000 millones de dólares, en tanto que ROSNEFT, mediante riesgosas inversiones, que fluctúan en torno a los 10.000 millones de dólares, es titular de estratégicas acciones en importantes campos petrolíferos: 40% en Petromonagas, Petroperijá, Petrovictoria y Junín 6; 30% en Petromiranda y Boquerón; 100% en las explotaciones del Patao y Mejillones, y, lo peor, desde la óptica estadounidense, el 49,9% de CITGO en calidad de garantía.
A todo ello deben sumarse las multimillonarias compras de armas rusas para los militares venezolanos y los intereses geopolíticos del Kremlin, urgido de equilibrar las relaciones con Estados Unidos y la OTAN, después de los sucesos en Crimea, Ucrania y Siria.
Cuba, por su lado, estaría recibiendo, a precio subsidiado, cerca de 50.000 barriles diarios de petróleo venezolano, sin los cuales su maltrecha economía podría colapsar en poco tiempo. Para La Habana, por tanto, la permanencia de Maduro es una cuestión estratégica de primer orden.
China es acreedora de Caracas por un monto que estaría rebasando ya los 70.000 millones de dólares. Le urge, en consecuencia, garantizar la recuperación de esos fondos y continuar avanzando en su agresivo “desembarco” comercial en Sud América.
E Irán que, además de compartir con Venezuela las turbulencias del mercado global de los hidrocarburos y las sanciones norteamericanas, en los últimos años –al decir de varias fuentes especializadas– habría logrado infiltrar activistas chiís en las comunidades musulmanas colombianas, con las proyecciones que este hecho conlleva. Aprovechando esa cabecera de playa, miembros activos de Hezbollah, milicia libanesa chií sostenida por Irán, estarían desarrollando en la zona actividades de narcotráfico y contrabando de armas como mecanismos de financiamiento para su organización.
Y al medio de todo ello el sangriento conflicto interno. Por un lado, el decadente populismo chavista y el autoritario régimen madurista, navegando sin rumbo claro y ocasionando graves penurias al pueblo venezolano. A despecho de este cuestionado régimen, la comunidad internacional entiende que el país, a pesar de poseer las reservas más grandes de petróleo del mundo, se debate en una fortísima “crisis humanitaria”, resultado de la casi absoluta carencia de alimentos, medicinas y, en las últimas semanas, déficits inocultables en los servicios básicos de energía eléctrica y agua potable.
La emigración intempestiva de más de tres millones de venezolanos y una tasa de inflación de 10.000.000% (sí, diez millones por ciento) prevista para este año simbolizan el fracaso del llamado “socialismo del siglo XXI”.
Esta es la compleja realidad que subyace a la crisis venezolana. ¿Evaluará la Cancillería boliviana esta multidimensional situación? Tal parece que no, dada su insistencia en la monocorde letanía antimperialista. O, peor aún, ¿será el agotado Gobierno boliviano un componente más de ese peligroso coctel integrado por Rusia, Cuba e Irán?
Carlos Böhrt I. es un ciudadano crítico
