Entre el jueves 7 y el martes 12 de marzo, Venezuela soportó la más larga interrupción en los servicios eléctricos de su historia. La pérdida del fluido eléctrico afectó a más del 90% del territorio venezolano y alrededor de 30 millones de personas. Fueron, ni duda cabe, cinco días de terror y nefastas consecuencias para la patria de Bolívar.
El corte de la energía eléctrica desencadenó, en cascada, una serie de consecuencias nocivas. El suministro de agua potable se paralizó inmediatamente, lo mismo que los medios de transporte eléctricos, sobre todo el metro (tren subterráneo) de Caracas, cuyo impacto afectó a cerca de un millón de usuarios. Los pocos alimentos perecederos disponibles entraron en peligro de descomposición debido a que las cadenas de frío dejaron de operar. Sobre llovido, mojado, diríamos en Bolivia.
Y lo peor, los hospitales públicos no pudieron evitar que sus servicios de emergencia, atención de diálisis, terapia intensiva, soporte para neonatos con deficiencias, etcétera, dejaran de funcionar. La caída del Sistema Eléctrico Nacional (SEN) develó otro déficit de los establecimientos de salud: sus equipos de generación eléctrica para cubrir los cortes en la red se encuentran también en lamentables condiciones. En algunos hospitales estos equipos no pudieron suplir adecuadamente el corte.
Fatal resultado de todo ello: entre 17 y 24 muertos en los hospitales, según denunciaron Guaidó y un diputado de las fuerzas de oposición. Diosdado Cabello, polémico presidente de la Asamblea Nacional Constituyente (todavía en funciones) y sindicado por agencias norteamericanas de ser uno de los cabecillas del narcotráfico, se vio obligado a difundir la versión de que los fallecidos fueron sólo dos.
Semejante apagón requería, naturalmente, una explicación convincente, la que, como en otros temas, desató una guerra mediática. Maduro y el conjunto de jerarcas del régimen levantaron la tesis del sabotaje, orquestado –cuando no– por el imperialismo norteamericano. Versión machaconamente propalada por la cadena TeleSur, todos los medios gubernamentales, RT, Granma, algunas otras agencias internacionales y el canal gubernamental en nuestro medio.
Por su parte, las fuerzas de oposición atribuyeron el suceso a las deficiencias técnicas del SEN, ocasionadas por la crónica falta de mantenimiento y reposición de equipos, tanto en la generación cuanto en la transmisión del fluido, y el carácter político, antes que técnico, del personal jerárquico responsable del SEN.
Ambos factores deprimidos, a su vez, por los bajos presupuestos de funcionamiento e inversión asignados al sector. Esta lectura de los hechos fue difundida por CNN, BBC y una amplísima cadena de medios internacionales.
Las dolorosas derivaciones del largo y masivo apagón reavivaron también el sensible tema de la “solución militar” para la crisis venezolana, aunque incorporando en el debate dos argumentos nuevos: la autorización que la Asamblea Nacional, presidida por Guaidó, podría acordar para “misiones militares extranjeras en el país”, haciendo uso de la facultad que le reconoce el artículo 187, numeral 11, de la Constitución venezolana. Extrema medida ésta facilitada por la situación de excepción que vive el país.
El lunes 11, aplicando los artículos 337 a 339 de la Constitución y la Ley Orgánica sobre Estados de Excepción, promulgada por el mismísimo Chávez en 2001, la Asamblea Nacional aprobó la declaratoria de “estado de alarma”, debido a la “calamidad pública generada por el apagón”.
En suma, la crisis política y humanitaria que aqueja a Venezuela –negada por el desprestigiado régimen de Maduro–, el bloqueo militar a la ayuda internacional, el largo apagón y sus luctuosas consecuencias, las sanciones impuestas por Estados Unidos y otras potencias, y las últimas decisiones adoptadas por la Asamblea Nacional parecen haber configurado una disyuntiva terminal para el chavismo: o la cúpula militar que rodea a Maduro se aviene a facilitar nuevas, prontas e imparciales elecciones generales, bajo supervisión internacional, o la puerta de la intervención militar externa podría abrirse de par en par. Vía esta en la que, empero, falta la dilucidación de un último factor: ¿qué países estarán en condiciones de apoyar esa intervención?
Carlos Böhrt I. es ciudadano crítico.
