Desde el día en que el fugaz gerente de Entel nombrado por las autoridades actuales montó silenciosamente un avión para evadir su juzgamiento por delitos cometidos en su gestión, los máximos responsables del gobierno interino quedaron advertidos que la apropiación criminal de fondos públicos sería una cuestión a la que debían prestar la máxima atención y cuidado. Mucho más desde el día en que decidieron presentar una candidatura propia.
Muy lejos de ello, el país observa cómo, en múltiples espacios de la administración pública, la corrupción funcionaria se replica a ritmo de incontenible epidemia. La explosión de una nueva escandalosa diferencia de precios, otra vez, de respiradores inapropiados para las necesidades que llevaron a su urgentísima adquisición e increíblemente, de nuevo, con la participación de fantasmales empresas unipersonales españolas, da base a que las peores sospechas sobre el anterior negociado se multipliquen.
En el primer episodio, unos aparatos diseñados para transportar pacientes en ambulancias especiales, de las que Bolivia carece, e inservibles para unidades de cuidados intensivos, fueron compradas al intermediario a un precio de más de 28.000 dólares, cuando él las adquirió a 7.000, por unidad. La Fiscalía determinó que la estafa instrumentada por el intermediario, dueño de la consultora IME, asociado con un abogado boliviano, consistió en desarmar los equipos y venderlos por piezas, contando con la sospechosa pasividad del Ministerio de Salud y su agencia de equipamiento, AISEM.
El Gobierno, en vez de rechazar los equipos dentro de los plazos contractuales e iniciar procesos por actos dolosos y, en su caso, tramitar la extradición de los señalados por la investigación, armó una tortuosa novela de intriga que conducía a encontrar como los reales culpables a las máximas figuras del régimen anterior, afirmando que no se trataba de un caso de corrupción, sino de conspiración. Contradiciendo su propia explicación, requirió y obtuvo la detención del ministro responsable del área, hasta hoy.
Ahora que los respiradores no son catalanes, sino chinos, y que igual que los anteriores han multiplicado por cuatro veces su precio y resultan inútiles frecuentemente y mientras la Ministra de Salud y el Vice de Justicia se embarcan en imposibles y enredadas explicaciones, sólo falta que, imitando al gobierno del señor Morales Ayma, los sustentadores de la candidatura de la señora Añez descubran un complot internacional que, claro, en esta ocasión no puede achacarse al imperialismo estadounidense, sino, posiblemente, al de algún exótico origen asiático, del Medio Oriente o ¿quién sabe?
Ya se trate de YPFB, donde se continúa haciendo negocios al más puro estilo de los 14 años previos; del Ministerio de Energías, que estaba comprando furtiva e irregularmente equipos de bioseguridad; de agencias del Ministerio de Salud o de la incompatibilidad de funciones de gerentes de empresas y cámaras empresariales, que, metidos a la función pública, elaboran planes, presupuestos o decretos, favoreciendo a los gremios de los que provienen. El gobierno se encuentra enredado, a un ritmo alucinante, en negocios denunciados, nunca aclarados ni, obviamente, penalizados.
La gran lección que ratifica la acción de este gobierno para nuestra sociedad es que los profesionales políticos, con los jefes y caudillos alrededor de los que se agrupan, hacen de sus organizaciones, se llamen o no partidos, verdaderas escuelas para delinquir, engañar y decepcionar.
Ahora que se ha develado la cifra de 6.000 millones de dólares, es decir, casi 42.000 millones de bolivianos, como el costo de la emergencia sanitaria y sus derivaciones económicas, es imposible dejar de preguntar qué cantidad de esos recursos está yendo a cimentar fortunas individuales y cajas de campaña o fortalecimiento de grupos con intereses o pretensiones electorales.
El ataque del coronavirus está desnudando miserias de unos y otros, de manera que si el candidato del régimen masista se congratula por los tropiezos de sus contrincantes, debe volver a pensarlo, porque el desenlace del bloqueo que impulsó ha desnudado grandes fracturas internas que, en una de sus expresiones, ha sentenciado a la fracción de profesionales, que él representa, como traidores o desconfiables para la base de su partido.
Roger Cortez es director del Instituto Alternativo.
