Christian Jiménez Kanahuaty

Las bases del liberalismo se sostienen en principios democráticos procedimentales que tienen que ver con la aplicación de derechos y el estado de derecho como estructura que funciona bajo el paraguas del imperio de la ley que además implica pensar que la ciudadanía sólo es tal en el momento electoral.

Al mismo tiempo la democracia desde una mirada procedimental se convierte en algo simplemente participativa, donde la comunidad política no tiene capacidad ni de deliberación ni de construcción de políticas sino por medio de sus representantes que históricamente han sido los sindicatos obreros y los partidos políticos, recayendo sobre éstos últimos todo el peso de las decisiones y consensos que implicaron pasar de escenarios totalitarios a transiciones democráticas que estructuraron formas de dominación sostenidas a partir del poder político que básicamente era la capacidad e influencia en el escenario político que provenía en un primer momento de la empresa privada y del sector de las fuerzas armadas y luego, tras la consolidación de la democracia la influencia vino de la cooperación internacional y de sectores privados que gestionaron la economía junto con los gobiernos de turno en acuerdos que derivaron en que hubiera un puente político y de funcionarios entre el gobierno y las empresas privadas encargadas de las exportaciones.

Tras la crisis de la democracia y las críticas al estado como estructura de dominación, surgen nuevas formas de organizar la igualdad a partir de la matriz de género, para generar paridad y tras esto, como otro avance de las políticas públicas de segunda generación amparadas en las reformas constitucionales de mediados de los noventa, se incluyó la visión del multiculturalismo para jugar a la representación de la diversidad étnica.

Fue un juego que si bien reclutó discursivamente la diversidad social y étnica existente en Bolivia, pero lo hizo para demostrar su carácter de inclusión, que dotaba de un nuevo espíritu democrático y representativo al gobierno. Sin embargo, esa inclusión no significó representación ni participación en los procesos de toma de decisiones. Su valor era simbólico y las tareas políticas encomendadas tenían más que ver con lo que hace un operador político que con lo que realiza un gestor de políticas públicas. Lo que quiere decir que las tareas técnicas continuo recayendo en funcionarios públicos provenientes ya no sólo de una clase social, sino de una raza específica.

Si bien, esto permitió que al menos en un plano simbólico los indígenas, campesinos, aymaras y guaraníes recuperaran espacios políticos dentro del Estado, las limitaciones en sus funciones los hicieron partícipes de políticas públicas que ellos mismos no construyeron y no tuvieron información sino hasta el momento mismo de firmar los documentos.

Por ello en muchos casos se pensó que estos dirigentes se habían vendido a los partidos políticos tradicionales por cargos y representación política. Eso se tradujo en una noción no muy alegre y bastante problemática que hasta el día de hoy sesga el análisis; el pongueje político, continuación republicana del ponguaje agrario de la colonia y primeros años de la república. Lo que significaba que los indígenas y el campesinado eran serviles al propietario blanco y no tenían ni voz ni voto en las decisiones que comprometía, incluso, su propio futuro.

Esa situación de subordinación simbólica, pasó a ser política y cultural porque al aparecer para la foto pero sin capacidad de interpelación, se convirtieron en parte del folklore, y de una escenificación ritual a través de la cual, el poder político de los partidos políticos se constituyó como hegemónico a nivel político, integrador a nivel político y cultural, y únicos representantes y garantes de los derechos sociales y políticos ante la ciudadanía, desligando de ese modo, de responsabilidades políticas a organizaciones sociales, asambleas campesinas y subcentrales campesinas convirtiéndolas entonces en entes consultivos funcionales a los planes de desarrollo gubernamentales que luego, con las mismas reformas de los noventa como la participación popular y la descentralización administrativa, pasó a ser aplicada discresionalmente; lo que significó que los planes de desarrollo nacional, tras pequeñas modificaciones de contextos se convirtió en, por un lado, el plan de desarrollo municipal y por el otro, en el plan de desarrollo municipal. Esto quiere decir que la construcción del modelo global se aplicó con mayores y menores modificaciones en territorios subnacionales.

Estas prácticas no sólo viabilziaron la gestión gubernamental generando la manida idea de la gobernabilidad que se traducía en eficiencia y eficacia, sino que en los hechos constituyó en el cierre de cualquier posibilidad de intervención en lo público por parte de indígenas y campesinos. De ahí, en más la representación política se tuvo que enfrentar a bloqueos, marchas y pliegos petitorios porque fue la única manera en que estos sectores desplazados pudieran hacer escuchar su voz y demostrar su presencia en el Estado. 

Toda esta narración contextual, bastante esquemática, coloca ante nuestra percepción el orden político imperante, además de demostrar la organización jurídica implícita de estas dinámicas de transformación estatal. Junto a esto se tiene que desmontar también la tradición que nos colocó en la imaginación política y sociológica que los procesos políticos se construyen sólo a través de una demanda frente a la instauración de una política pública; pensar la arena política de este modo resta potencia y gestión a organizaciones indígenas y campesinas que desarrollaron históricamente su propia agenda de demandas, de transformación estatal y de reorganización territorial para un mejor uso de los recursos naturales, además de construir desde diversas posiciones y a lo largo de más de quince años, por ejemplo, una propuesta de educación intercultural bilingüe que al final resulta ser el antecedente inmediato de la actual ley de educación que funciona en Bolivia.

Bajo esa línea de acontecimientos y de articulaciones sociales y políticas que aglutinan en su interior las organizaciones sociales, campesinas e indígenas, a los partidos políticos y al gobierno, para cuadrar un esquema gubernamental de control territorial y de administración de las poblaciones es que sea crea un sistema que por un lado, tenga un pie en la reforma territorial (reforma agraria, llaman algunos), el saneamiento de tierras y por el otro píe sostiene una capacidad de ventriloquismo social y político que indica que el campesinado, por ejemplo, habla por medio de persona interpuesta. Esto sucede a partir de que el gobierno y los partidos de izquierda han interpretado sus demandas y las han convertido en el lenguaje del estado, perjudicando de esa manera que sean los mimos pueblos los que se comuniquen con el Estado por medio de sus lenguajes, prácticas y modos de gestión de sus territorios; en ese sentido, lo que se presenta es una lucha entre dos sistemas, uno que responde a la estructura estatal y otra que responde a formaciones y estructuras prerepúblicanas.

Si esto es así, el funcionamiento del Estado implanta por medio de la construcción de políticas públicas una serie de mecanismos que valida sólo una forma de participación y dentro de esa participación, un lenguaje y un léxico. Dando lugar a que aquellos que no comulguen con dicho lenguaje y léxico, quedan al margen de los procesos de toma de decisiones, generando con su presencia sólo una escenificación de la representación que se circunscribe a la sola presencia.

Actualmente, para superar esas barreras de construcción de lo público y de la deliberación colectiva en procura de construir un estado incluyente, representativo, participativo e intercultural, se trabaja la noción de plurinacionalidad que responde a un fondo histórica que tiene la capacidad de reconocer las nacionalidades y pueblos existentes en Bolivia junto a sus modos de organización y a las maneras jerárquicas de distribuir el poder, pasando de etapas en que el poder se construía de forma vertical a estructuras de dominación en las que el poder se dinamizó dentro de una línea más horizontal; aunque esto no implicó necesariamente un cambio de mentalidad, o una reforma moral e intelectual en la gestión pública ya que el Estado no se convirtió en un estado plurinacional, sino que las políticas públicas funcionaron bajo ese lema.

Las políticas públicas con un enfoque de plurinacionalidad están en realidad normadas por el marco que impone el Buen vivir, que es un modelo alternativo al desarrollo que construye escenarios para la sustitución de importaciones, genera mecanismos de economías plurales dentro de la sociedad donde estén compartiendo el mismo espacio al mismo tiempo, la economía de mercado con, por ejemplo, el trueque, la minga, el intercambio o las políticas comunitarias del don; en cambio, un estado plurinacional refunda no sólo la construcción gubernamental sino la política territorial, identitaria e ideológica del Estado. Ideológica a partir de sus herramientas prácticas como la educación, la cultura, los medios de comunicación, la religión, los museos, los mitos, etc., una política territorial: remapeando el territorio ya no en base a una formación republicana derivada del hecho colonial, sino reconstituyendo el espacio geográfico preexistente y realticulando las comunidades y pueblos que la administración política del estado tras la fundación de Bolivia constituyó y normalizó. Finalmente, la faceta política de la plurinacional no sólo tiene que ver con la reingeniería constitucional que da una nueva fisonomía al Estado, sino que se mueve tanto en el escenario jurídico, como en el cultural y en el de gestión, ya no del excedente, como la economía plural; sino dentro de una gestión que deje de, por ejemplo, ser monolingüe, deje atrás los mecanismos de construcción de políticas públicas guiadas a partir de criterios empresariales como la eficiencia y la eficacia, la plurinacionalidad como reconocimiento de muchos gobiernos autónomos y autogestionados territorialmente según usos y costumbres dentro de la administración territorial estatal.

Ante la imposibilidad de desmontar el estado republicano, se opta por la política de los derechos y se postula que todos somos iguales ante la ley. Este criterio salva de ingresar en terrenos peligrosos porque demuestra que la plurinacionalidad para ejercerse primero reconoce el imperio de la ley y luego, desde ahí, genera nuevas formas de articulación entre estado y sociedad civil, pero desde la igualdad. Y en ese sentido, la tolerancia se convierte en el comodín de las políticas de reconocimiento e inclusión de la diferencia étnica, racial y regional.

Sin embargo, la noción de tolerancia es una noción tan moderna como la de estado que no se ajusta necesariamente a las necesidades de la plurinacionalidad porque la tolerancia sigue implicando la noción de la diferencia en su interior, lo cual es contradictorio en el sentido de que el estado al ser plurinacional ya no reconoce esa diferencia sino que la integra y la convierte en parte de la identidad particular de la sociedad constitucionalmente avalada.

Este espacio neutro o ambiguo de la norma y su aplicación ha motivado que se persiga aún hoy la capacitación de sectores indígenas y campesinos sobre sus derechos y sobre la plurinacionalidad o sobre autonomía indígena tanto bajo un amparo paternalista como bajo la imposibilidad de reconocer los saberes y conocimientos propios de la comunidad.

Se intenta, por tanto, dar cuenta de ellos sólo como anécdotas o datos empíricos o casos específicos que dentro del esquema gubernamental se convierten en los elementos de los que se echa mano para justificar planes de desarrollo, estrategias de inversión y por ende, la plurinacionalidad toda.  

Si nos encontráramos frente a un estado plurinacional verdadero, la administración funcionaría al revés. Los sabes y conocimientos de las comunidades servirían para marcar agenda y no sólo como casos. La igualdad ante la ley no sería un esquema de interpretación de la norma, porque no es que la ciudadanía se debe, en principio medir frente a la ley para que se reconozca su igualdad, sino que la igualdad debe estar fundada en que la ley es igual para todos.

Se reconoce, sin embargo, lo problemático que puede ser esto, pero no está demás darle una vuelta; ponerle cabeza y pensar que pasa cuando invertimos los términos de la igualdad, ¿somos iguales ante la ley o la ley debe ser igual para todos? Cada respuesta dada no es sólo una respuesta. O bueno, lo es en sentido es estricto, pero directamente esa respuesta marca una línea de demarcación y un principio esperanza para los trabajos sobre la igualdad que se pueden trabajar tanto para comunidades imaginarias como para articulaciones plurales como la plurinacionalidad.

De hecho, todos somos iguales ante la ley es más deudora del multiculturalismo liberal que las nociones de plurinacionalidad, que por ejemplo se han desarrollado con cierto existo programático en Bolivia, Ecuador y Colombia y que en los dos primeros países ha posibilitado dos tipos de desarrollo muy distintos entre sí, pero no que dejan de beber de la misma raíz.

Y es que hay plurinacionalidad construidas desde arriba y hay plurinacionalidades construidas desde abajo. La plurinacionalidad como articulación de un modelo de desarrollo es una claramente articulada desde arriba; en cambio una plurinacionalidad preocupada más del reconocimiento de las identidades y su fondo histórico particular es el resultado de una construcción conflictiva desde abajo. Conflictiva porque para aparecer en el escenario político y mediático tuvo que haberse enfrentado sistemáticamente con el poder instituido.

Por ello es clave pensar en estos momentos en la región andina, y sobre todo en Bolivia la deriva que tendrá este tipo de preceptos normativos que pusieron en debate la diferencia étnica, racial y de género, pero que no lograron traspasar ese debate a un plan de políticas públicas que fuese complementario a los deseos y aspiraciones ya no sólo de las nacionalidades, sino de las identidades al interior de dichas nacionalidades.

Esto se entiende que fue así porque se sabe que dentro de la estructuración a la boliviana de la plurinacionalidad tras la identificación y reconocimiento de las nacionalidades se escogió algunas con las cuales trabajar continuamente, dejando a las demás, tan sólo con la intención de recurrir a ellas en momentos de necesidad política: para que fuesen fuerza de choque frente a grupos de intereses contrarios a los gubernamentales; programática: para que firmaran acuerdos, leyes y decretos en momentos clave. Acuerdos, decretos y leyes que ellos no tuvieron capacidad de decisión porque no fueron convocados para su redacción pero sí para que con su firma los avalaran.

De ahí las contradicciones entre gestión y movilización, entre interlocutores válidos y plurinacionalidad, entre igualdad ante la ley y lucha contra la discriminación. Quizá no reconocer en su momento estas contradicciones fue parte de la agenda política que en un principio reconocía con cierta alegría y soltura de cuerpo que la plurinacionalidad era un significante vacío que iría llenándose a medida que transcurrieran los propios acontecimientos, es decir, a medida que sucediera la gestión gubernamental, y por ello usando a un filósofo mexicano se postuló la idea de que el proceso de cambio era un dándose, algo que iba dándose a medida que se cometían errores y se generaban aciertos.

Muchos programa había por parte de, por ejemplo, El pacto de unidad, para que se echara mano de él, pero la construcción desde arriba de las identidades impidió que el Estado fuese lo bastante sofisticado como para integrar esas propuestas.

Es por eso que la noción de “todos somos iguales ante la ley” es tan significativa. Es por eso que es fácil hacer uso de ella. Termina siendo funcional y reaccionaria. Funcional porque está, al parecer, limpia de ideología y de intensiones instrumentales de uso del poder; pero, también es reaccionaria porque encaja a todas las nacionalidades en una misma bolsa y las coloca en igualdad, aparente, de condiciones frente a la ley, dando por ello protagonismo a la ley y no a ese constructo imaginario que está envasado en el “nosotros”.

Entonces, para de momento, no extender más este documento, cabe mencionar que, la plurinacionalidad no se termina con un gobierno o la salida apresurada de un gobernante; tampoco se termina por la sustitución de los símbolos, ni por la transformación del léxico con el cual se dirigen desde las instituciones estatales a las comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, campesinas, interculturales y originarias. Pese a quien le pese esas conceptualizaciones que nombran poblaciones llegaron para quedarse. No se puede hacer nada frente a eso. Y si lo que se quiere es de nuevo encapsularlas y construirlas desde el enfoque de derechos humanos, o mucho más liberal aún: desde el enfoque de las desigualdades sociales, es otro síntoma más del desconocimiento de lo que en Bolivia ha pasado a nivel social y organizacional en los últimos veinte años. Es deslegitimar una serie de acciones políticas, culturales, ideológicas e históricas que están inscritas ya no sólo en leyes sino en la memoria colectiva de adultos y jóvenes que en distintos momentos de su historia salieron a las calles a marchar, bloquear y cercar territorios para que sus demandas y propuestas fuesen escuchadas, debatidas, atendidas y gestionadas.

Finalmente, la construcción de la diferencia ya no es monodireccional, sino que tiene muchos lugares, muchos léxicos y muchas formas de acción por las cuales se hace presente en el debate político y que en esta coyuntura esté solapada esa gramática no quiere decir que no esté dispuesta a presentarse rearticulada y organizadamente para postular de nuevo todo lo que en la agenda política de la plurinacionalidad quedó pendiente o en definitiva, nunca se realizó.

No será extraño encontrar, entonces, dentro de poco, nuevas movilizaciones territoriales que retomen la agenda pre constituyente y demanden un estado mucho más plurinacional y más incluyente y participativo de lo que hubo hasta hoy. Reorganizar estas fuerzas políticas campesinas, indígenas tanto compuestas por hombres como por mujeres y tanto de tierras altas como de tierras bajas y los valles será uno de los retos de este gobierno como del que sigue (que ése sí será el verdadero gobierno de transición) porque en esas posibilidades de gestión se encontraran o no disponibles los mecanismos para resolver al menos tres temas de agenda que serán más que notorios: 1) reforma territorial, saneamiento de tierras y uso del espacio físico no renovable, 2) las políticas sobre género, tanto desde la vertiente de la diversidad como desde el feminismo y 3) la discusión sobre mestizaje, racismo, discriminación y persecución política. Esto sin olvidar una crisis económica que generará una retracción del crecimiento del PIB. Lo que implica ajustar, una vez más, el pacto fiscal y dentro de ese juego de distribución de la renta es que aparecerá el debate étnico y racial. Así que puestos a pensar el país que queda como herencia después de las gestiones gubernamentales del MAS, se entiende que no se trata de pensar una agenda, sino que se trata de construir múltiples agendas que trabajen en simultáneo y de forma sistemática los temas nodales de la crisis política que en octubre tomó la apariencia electoral, por tanto, pensar que la crisis de octubre fue una crisis electoral es uno de los errores más feroces y sustantivos que podrían cometer los gobiernos que de aquí en más intenten operar el estado boliviano.