La época navideña última nos trajo un debate a dos vueltas sobre la Revolución de 1952 entre el filósofo Hugo CF Mansilla y el abogado Horacio Calvo.
HCF Mansilla expresa en sus dos intervenciones un superlativo desdén por la llamada Revolución Nacional, cultivadora de “prácticas y valores convencionales, propios del mundo premoderno, que van desde el caudillismo hasta el autoritarismo” (textual); en tanto que Calvo, reconoce fallas, pero encuentra que transformó “la estructura agraria, la educación, la composición del Estado e inició procesos sociales que (..) no habrían surgido espontáneamente bajo las élites conservadoras previas”.
La discusión transcurre como un cordial intercambio de dos académicos, bolivianos, varones y urbanitas. Calvo, más apegado a las referencias históricas, ante un HCF que prefiere amurallarse en un espacio moral y filosófico. El vacío que aplana el debate es la renuncia conjunta a identificar y caracterizar a los sujetos sociales participantes del hecho histórico, limitándose Mansilla a mencionar el “ascenso de las clases medias”, en tanto que Calvo resalta las realizaciones (reformas, ciudadanía).
El “ascenso de clases medias trae un cambio social decisivo para las clases medias urbanas (mestizas, criollas o acriolladas) que pasan, desde ese momento, sin interrupción hasta hoy, a conducir el Estado, desplazando a terratenientes y grandes mineros. Décadas antes de 1952 esa franja social administraba el Estado, pero bajo conducción y tutela de los intereses de las clases dominantes oligárquicas.
Unos 20 años antes de que la Revolución se gestara, en las “arenas del Chaco” (según la narrativa del MNR) esos sectores se fueron apartando de la hegemonía de “la rosca” y cultivaron su autonomía social, ideológica y política en círculos literarios, clubes de discusión política, sindicatos, incluyendo los de algunas mujeres en ciudades y los de trabajadores de las minas. Luego constituyeron sus partidos: MNR, POR, FSB, PIR y otros.
Esa es parte fundamental de la matriz intelectual y social (Skinner, Q.) del 52, igual por la efervescencia proletaria minera y la incansable búsqueda indígena de su liberación. La insurrección del 9 de abril resultó exitosa porque el partido que la detona consiguió conectar con obreros y otros grupos populares y, particularmente, con los indígenas quechuas y aymaras concentrados en tierras altas y valles (censo 1950). Esta mayoría poblacional no centra el debate que comento; los efectos y consecuencias sobre ella se mencionan casi al paso.
La masa indígena, convertida en clase social campesina por la Revolución, deviene en mayoría nacional rural y citadina por sí misma y mediante las clases urbanas, fracciones y sectores que ha engendrado (comerciantes populares, profesionales, cooperativistas mineros, funcionarios públicos, obreros, técnicos y más), como sus hijos y nietos. El tránsito de su identidad indígena a la campesina es la señal distintiva de la modernidad y de la democratización boliviana; es decir, lo nacional popular contemporáneo, que no es mito ni leyenda, sino la particularidad que define y distingue la personalidad de Bolivia.
La modernización concreta, no la libresca, avanzó por la expansión territorial del mercado interno, portada por las migraciones de familias migrantes campesinas. El Estado iba construyéndose detrás de ese ensanchamiento capitalista, cuyos agentes más dinámicos fueron las familias colonizadoras de territorios rurales y urbanos; no los inversores extranjeros, ni la banca. Como resultado, los campesinos contemporáneos mantienen su origen y vínculo con lo indígena, pero tienen una identidad propia y diferenciada con la de 1952.
Ese paso es mucho más que cambio de la estructura agraria, el “reconocimiento legal” de campesinos e indígenas, o “el desmantelamiento de relaciones semifeudales”. Antes que la reforma agraria o la votación universal fuesen posible, los indígenas necesitaban ser reconocidos como personas; ninguna ley o norma previa lo consiguió.
Allá estuvo la médula de la Revolución: solo personas pueden ser propietarios o electores (más adelante elegibles y elegidos) y, con ellos, los cambios se extendieron a las mujeres favoreciendo sus propios avances.
Fuera ya del debate analizado se verifica cómo estos procesos resultan irrelevantes para quienes se sienten ajenos o por encima de ese cambio, como ocurre constantemente a las tendencias políticas liberales del país. Igual que al sentimiento de superioridad propio del positivismo que alentó el “racismo científico”.
Esa necesidad de estar por encima y fuera ha reaparecido en algunas de las defensas más vehementes de “lo mestizo”, convertidas así en orgullosa declaración de independencia frente a lo indígena.
Estas cuestiones están más allá de la gloria o de la miseria de tal o cual partido o dirigencia política; nos conectan con los avances y frustraciones colectivas, de ayer y las de hoy. Permiten decodificar cómo un régimen de origen campesino fue más represivo con los indígenas (las comunidades que habitan sus TCO) que los gobiernos empresariales anteriores.
Si se toma en cuenta estas realidades, la insistencia en perseguir una “modernidad” ideal y abstracta (realmente inexistente), solo puede explicarse cerrando los ojos a la barbarie ambiental, geopolítica y democrática que se expande al compás de las ambiciones, delirios y los designios de dirigentes de las potencias envueltas y complicadas ahora en genocidios y crímenes de lesa humanidad.
