Sugerencias para institucionalizar el Colegio de Abogados de La Paz 

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La noble profesión de la abogacía tan venida a menos en estos últimos tiempos fue constantemente estigmatizada y desacreditada por múltiples factores (corrupción, mediocridad, nepotismo, partidismo, injerencia político partidaria etc.). Lamentablemente en estos tiempos presumir ser abogado es sinónimo de desprestigio, en otras palabras, parecería que todos los abogados hemos sido absorbidos por un sistema de administración de justicia totalmente impregnado de corrupción y una vergonzosa instrumentalización de la justicia para fines políticos e intereses sectarios y personales. En esa decadencia de nuestra noble profesión, los sucesivos directorios de los colegios de abogados han sido cómplices al permitir la invasión política que secuestró su institucionalidad.

A consecuencia de ello, verbigracia el Ilustre Colegio de Abogados de La Paz (ICALP) actualmente se limita a promocionar algunos cursos y mantiene un perfil bajo en escenarios donde debería ser el principal actor (proyectos legislativos, debates jurídicos, estigmatización, menosprecio de la profesión, etc.). Esta pasiva actitud del ICALP nos demuestra que pretende no incomodar a los políticos y poderosos a los cuales en muchos casos les juraron lealtad y apoyo político incondicional incluso de manera pública.

Por todo lo referido y considerando que se aproximan las elecciones de Directorio del ICALP, desde el ámbito académico nos permitimos plantear algunas sugerencias para consolidar su institucionalidad, lo que nos permitiría recuperar progresivamente la importancia y relevancia de nuestra noble profesión.

  1. Independencia. La lucha por el derecho y la justicia requieren absoluta independencia político partidaria, en ese contexto, cuando se presenten las inevitables pugnas entre lo político y lo jurídico que reflejen las injusticias que afecten la institucionalidad, los derechos humanos, o el quebrantamiento del orden democrático constitucional. Solo un ICALP verdaderamente independiente podrá garantizar una posición institucional sólida y coherente con los fines, principios y valores democráticos; pues como sabiamente refirió el Dr. Pablo Dermizaky Peredo “…somos profesionales del Derecho, y como tales, nuestro razonamiento es básicamente jurídico, sin ignorar las circunstancias políticas y sociales circundantes. Siempre que haya un conflicto inevitable entre lo jurídico y lo político, nuestro deber nos colocará del lado del Derecho.
  2. Actualización jurídica interdisciplinaria. Las ciencias jurídicas evolucionan constantemente, a tal grado que actualmente ya no es posible ejercer la profesión en múltiples áreas (civil, penal, familiar, laboral, etc.). En otras palabras, ya no existen los famosos abogados todologos, en este contexto, el ICALP debe constantemente diseñar, promocionar e incentivar actividades académicas que posibiliten la formación complementaria, especializada y actualizada de los colegas profesionales.
  3. Transparencia. Ninguna gestión seria ejecutará los distintos programas electorales si no administra de manera eficaz y eficiente los recursos económicos. Solo un adecuado manejo financiero permitirá realizar actividades académicas y sociales de alto impacto que se reflejen en una auténtica contraprestación de las cuotas mensuales. Por ello, la rendición pública de cuentas y actividades debe ser un factor clave para que todos los colegas tengamos certidumbre de cómo, cuándo y en que se invirtieron los recursos económicos. A tal fin, se pueden utilizar verbigracia las redes sociales para garantizar la transparencia pública y democrática de la gestión, (gobierno electrónico del ICALP).
  4. Didáctica Jurisprudencial. El ICALP tiene la obligación institucional de promover, promocionar y socializar la Jurisprudencia de los Altos Tribunales de Justicia del país. En ese mismo contexto, en materia de derechos humanos debe también promover y socializar la Jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos como último intérprete de la Convención Americana de Derechos Humanos (Bloque de Constitucionalidad).
  5. Actividades académicas integrales. El ICALP debe recuperar su rol estratégico en la academia jurídica, en este contexto, su sitio web no debe limitarse a dar información del detalle de los colegiados, sino que debe ser la plataforma jurídica que difunda publicaciones académicas periódicas, semestrales y anuales, así como artículos de opinión de distintos especialistas sobre temas de interés y relevancia jurídica nacional o internacional. Las mejores Tesis tanto de pre grado como de post grado también deberían ser distinguidas, premiadas y publicadas por el ICALP.
  6. Alianzas estratégicas. Para demostrar institucionalidad, las alianzas estratégicas con entidades e instituciones académicas nacionales e internacionales, resultan vital para el máximo beneficio de la entidad colegiada. Ello posibilitaría realizar múltiples convenios para encarar actividades de gran relevancia e impacto académico a nivel nacional e internacional.
  7. Salud y ahorro previsional. En la importante temática social, dos son los temas más acuciantes (salud y ahorro previsional). La gran mayoría de colegiados son profesionales independientes, en este contexto, se deben realizar las gestiones técnicas y normativas para formalizar el aporte o cotización mensual que permita implementar por lo menos la atención primaria en salud y el ahorro previsional que posibilite garantizar a largo plazo una vejez digna. Un buen ejemplo en salud de trabajadores por cuenta propia, son las cooperativas mineras auríferas que con mucho éxito han venido implementando su seguro delegado de salud, esto producto de una adecuada planificación y manejo responsable y transparente de sus recursos económicos (actualmente se encuentran construyendo su propio hospital en la ciudad de La Paz).
  8. Lucha frontal contra el ejercicio ilegal de la profesión. El ejercicio ilegal de la profesión es una gran amenaza para la institucionalidad del ICALP, no solo porque constituye delito, sino fundamentalmente porque quebranta la idoneidad profesional como requisito sine qua non para ejercer el derecho.

Estas son algunas sugerencias que a criterio nuestro permitirán progresivamente posibilitar la tan ansiada institucionalización del ICALP.  

Termino finalmente este artículo de opinión, parafraseando nuevamente al gran profesor de Derecho Constitucional y primer Presidente del Tribunal Constitucional boliviano Pablo Dermizaky Peredo (+):

“Abogados y jueces tenemos el deber de honrar a nuestra profesión, tratando de que prevalezcan la verdad, la justicia y el bien por encima de los intereses personales. Solo así seremos dignos de una profesión que, por su naturaleza y por su trascendencia social, es en sí misma UN HONOR”.

Oscar Barrientos Jiménez – Máster en Derecho Constitucional y Procesal Constitucional