Los pequeños y grandes están molestos con el gobierno hasta el extremo que han sacado sus tractores a los caminos para protestar por la banda de precios reimplantada por la actual administración masista.
La amarga queja sectorial objeta que esa medida, ideada para garantizar el abastecimiento interno de soya empleada, principalmente, por ganaderos, criadores de pollo, cerdo y otros, y para que los precios domésticos del grano, la torta y otros productos industrializado, no se disparen cuando hay grandes ascensos en el mercado internacional.
Dicen los soyeros que de esta manera ellos (sector privado) se ven obligados a subsidiar a otros productores privados, lo que califican de injusto, ya que, además, estos últimos no trasladan las rebajas que obtienen en sus costos de producción a los consumidores.
En consecuencia, los soyeros millonarios y transanacionalizados, igual que los medianos y pequeños – que constituyen el núcleo duro social y electoral del MAS en Santa Cruz – quieren liquidar la diferenciación de precios, el cupo interno y vuelven a insistir en que se les otorgue un manejo irrestricto para usar semillas transgénicas (“biotecnología” le llaman) como compensación a su sacrificio y entrega.
Más allá de que los lamentos, particularmente de los grandes que dominan el mercado, se parecen demasiado a los gemidos del expresidente Morales Ayma, quien clama estar en la ruina, pese a su pensión vitalicia mensual de 3.000 dólares y su patrimonio, la queja del subsidio privado de los soyeros a otros productores merece examinarse.
Según la visión general que nos presentan, se les impide ser competitivos al no acceder a su demanda de mercados sin regulaciones y uso discrecional de transgénicos (olvidando que este uso está restringido en la enorme mayoría de países).
La verdad es que nuestros productos agropecuarios de exportación son poco y nada competitivos, principalmente por la gran desventaja de hallarse muy lejos de los puertos y tener costes altísimos de transporte.
Aquí se utiliza semilla transgénica, a pesar de las leyes y las normas constitucionales; pero resulta que esa “añorada tecnología” la emplean y también generan nuestros grandes competidores regionales: Brasil, Argentina, Paraguay, que tiene acceso a puertos propios y cercanos.
Como nuestro país ya agotó hace varios años su inicial ventaja de tierras muy fértiles y acuerdos comerciales preferenciales, por mucho transgénicos y agrotóxicos que usemos, continuaremos en desventaja eterna.
El negocio de la soya tiene en Bolivia dos grandes subsidios: el del diésel, empleado por maquinaria y transporte, y el subsidio oculto y altamente rentable, del tráfico de tierras, que prospera tras la quema y saqueo de reservas naturales, territorios indígenas y parques nacionales. Sin este último, la agroindustria boliviana de oleaginosas siempre estará en irremediable pérdida frente a la competencia internacional.
Los soyeros reciben un subsidio, otorgado por el Estado, que además tolera, mediante este gobierno, igual que en el inmediato anterior y el predecesor régimen de 14 años, el gran tráfico de tierras como subsidio sectorial empecinadamente oculto. El tráfico de tierras en Bolivia ha enriquecido y generado más ganancias ilegales que todos los otros tráficos durante este siglo.
Está bien denunciar y corregir que las ventajas que reciben grupos privados no se expresen en alivio para la mayoría consumidora, pero la solución no pasa por más transgénicos, agrotóxicos o perennes subsidios, abiertos u ocultos.
Nuestra producción de alimentos competirá mediante productos sanos, con investigación para restaurar y recuperar tierras agotadas por la depredación, para preservar el agua y no contaminarla; investigación y desarrollo de fertilizantes y pesticidas naturales y una actitud general de reconciliación con la naturaleza, de la que procedemos y a la que tratamos cual si fuese, no sólo ajena, sino enemiga.
Esa investigación, que no es promovida, apoyada, ni respaldada por el Estado, tiene que ampliar los horizontes que abren las de sacrificadas mujeres y hombres que la están llevando adelante sin apoyo gubernamental, ni de las quejumbrosas entidades corporativas, aptas para quejarse, pero no para incentivar y crear recursos que favorezcan la creatividad, el ingenio y nuestra resiliencia social.
Roger Cortez es director del Instituto Alternativo.
