Análisis sobre el narcotráfico en Bolivia son pocos y, a menudo, simples: se reducen en la mera denuncia que, en Bolivia, lo que existe, es un Narco Estado similar a Colombia, México y, últimamente, Afganistán. Esto dice que hablar de narcotráfico tiene un sesgo político, probablemente por la falta de datos económicos disponibles al público. “Estado Narco. Plata o Plomo: una dualidad disfrazada de guerra” de Carlos Armando Cardozo Lozada, rellena ese vacío: es un análisis bien sustentado en datos y, obviamente, un aporte importante al tema.
¿Por qué “Estado Narco” y no “Narco Estado”?
La referencia inmediata al hablar de la cantidad de hectáreas de hoja de coca existentes en Bolivia, son los informes anuales de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) que, aunque tardan bastante en ver la luz, son usados a menudo por medios de comunicación y analistas en seguridad en Bolivia. Pero Cardozo no los considera útiles, primero porque no consideran su expansión territorial -con las invasiones a parques naturales, por ejemplo- y segundo, porque parecen aislar datos respecto a tendencias regionales. Bajo esta lógica, en Bolivia debería dudarse de las hectáreas excedentarias de hoja de coca presentadas tanto por la UNODC, pero también de parte de datos oficiales: porque no solo hay un “trabajo de escritorio”, sino también por la Ley 906 “Ley General de la Coca” de 2017, que “nublan” datos. Para este propósito, el autor se vale de metodologías propias de la economía. Encuentra, por ejemplo, a través de Límites de producción de hoja de coca entre 2004 y 2019, que en Bolivia existe una sobreproducción de hoja de coca que baja sus precios, que su comercialización ronda el 5% en crecimiento y que, por tanto, las hectáreas de hoja de coca existentes en Bolivia rondan las 40 mil actualmente. Datos que están lejos de los presentados por la UNODC (30 mil aprox.) y los permitidos por la Ley 906, que están en los 22 mil. Aunque en este punto el autor haya obviado el hecho que más de 75% de la producción de hoja de coca peruana ingresa por contrabando a Bolivia, lo que también tiene influencia en los precios de la hoja de coca, de todas formas, está claro que la nebulosa en datos oficiales dice, en pocas palabras, que hay un Estado que no está a la altura de las circunstancias.
Sin seguir la secuencia del libro, estos datos me animan a reconstruir el concepto de “Estado Narco” que el autor tiene en mente. Para empezar, considero que el concepto de “Narcoestado” no puede cerrarse en definiciones estándar como la existencia de un “patrocinio del Estado” y que el PIB esté constituido mayormente de droga y narcotráfico (el narcotráfico representa aprox. 2% del PIB de Colombia y México, lo que desecharía a ambos como países afectados por el narcotráfico), sino que debe considerar factores como la capacidad de gobierno, el funcionamiento del Estado de Derecho, la situación de régimen penitenciario, poca iniciativa privada, deterioro medioambiental y el estado de Derechos Humanos en un país. Carlos Cardozo decide invertir el concepto por otra razón: también es importante considerar al Estado como un actor político, en el sentido que mientras hace concesiones y alianzas para mantener a un grupo en el poder, se debilita. Por esto es que él considera un “Estado Narco”: una debilidad estructural estatal que se combina con la participación controlada de la sociedad en el Estado, que favorece a intereses políticos en vez de gubernamentales. La sociedad que participa de manera controlada en el Estado puede ser en Bolivia, al menos desde el siglo XX, los sindicatos, los nacionalistas, los militares y también los cocaleros. Cardozo y yo estamos de acuerdo en que estas concesiones, históricas, además, debilitan al Estado y debilitan lo social: analizar al narcotráfico en Bolivia, sin importar el concepto que usemos, nos lleva a esta triste conclusión, a diferencia de, por ejemplo, el lugar común en Bolivia que habla de una “sociedad fuerte” en vez de la cooptación que, además de no respetar la independencia de organizaciones sociales, neutraliza todo debate o disenso.
Esa cosa llamada Estado boliviano
Lo difícil de analizar el narcotráfico, contrabando o la debilidad del Estado boliviano es qué tipo de Estado se quiere para combatir estos problemas. Hay consenso sobre combatir a la burocracia, pero el debate sobre seguridad y defensa militar -o sea, qué hacer con las Fuerzas Armadas, Policiales o Ciberseguridad- así como la cooperación con países limítrofes para atacar el contrabando, narcotráfico o delitos medioambientales, es escaso. En ese sentido, “Estado Narco. Plata o Plomo: una dualidad disfrazada de guerra” tiene dos argumentos interesantes y uno que no queda tan claro. Cardozo rebate con altura el argumento de un tal Sánchez Serrano que sobrevalora la capacidad económica de los 72 municipios fronterizos existentes en Bolivia, es justamente ahí donde el Estado débil boliviano queda en evidencia: 63 de esos municipios tienen infraestructura precaria, la inversión pública es deficiente, los indicadores de pobreza preocupantes, la actividad económica revela flujos migratorios típicos de municipios fronterizos, y todo a pesar del crecimiento demográfico intercensal en los 72 municipios. Y por otro lado, que el estilo de gobernar condiciona enormemente la debilidad del Estado: el manejo discrecional de la Policía Boliviana y la pobreza de la Fuerza Aérea Boliviana son los mejores ejemplos, a los que debería sumarse que solo 8 de 39 helicópteros servirían para el rastreo de las extensas fronteras bolivianas, que ni uno de 13 radares antiaéreos comprados mediante Decreto Supremo del año 2016 está funcionando (y de funcionar, la flota áerea boliviana tiene 6 de 45 para combate y que datan del año 2011),y que la capacitación al personal del Centro Plurinacional de Control de Tráfico Aéreo es sumamente lenta. O bien, que la lucha contra el narcotráfico está enfocada, sobre todo, en tareas de vigilancia y protección, y no así en tareas de intercepción y apoyo terrestre, y menos en colaboración internacional. Pero también es necesario apuntar que el libro de Cardozo considera un argumento que, en mi opinión, merece más profundidad: parte de que el dinero del narcotráfico estaría solventando empresas públicas que además están en déficit. Y aunque el análisis es rico en datos, no demuestra plenamente este argumento. Tiene que ver, supongo, con la nebulosa de datos en Bolivia, actualmente.
No obstante, el libro de Carlos Armando Cardozo Lozada es un aporte muy importante al tema. Sobre todo, porque busca analizar la presencia del narcotráfico desde un enfoque liberal y económico.
