La justicia debería ser una forma de imponer límites al comportamiento de los seres humanos con el fin de evitar se cometan arbitrariedades contrarias al derecho y a la base misma del sistema democrático.
Más realista, Nietzsche consideraba que la justicia esta vinculada al poder y a la venganza, de tal manera que el derecho es la coacción de los más fuertes sobre los más débiles a los que se les impone una pena con el fin de atemorizarlos y domesticarlos, siendo la más retorcida de todas la justicia penal cuyo propósito es santificar la venganza cubriéndose con un manto de legalidad y legitimidad con la designación de funcionarios para este fin.
La venganza es adictiva en la medida, de que el que la ejerce, se siente importante y somete a sus designios al que llega a sus manos sin que nada pueda interponerse, saborea la impunidad desde su altar de lodo.
Con mayor razón cuando se concentra el poder en unos pocos, estos llegan a extremos, abandonan cualquier atisbo de racionalidad, sus actos se involucran con la arbitrariedad, la venganza, la violencia o la estupidez porque se creen todopoderosos.
Para mal de nuestros pesares la administración de justicia en nuestro país se encuentra en esta situación con magistrados, jueces y fiscales que se han convertido en el instrumento del abuso.
Estamos a pocos días de unas elecciones generales que, teóricamente, son la expresión democrática señera del año y el arribo al 17 de agosto debería ser en medio de un clima de certidumbre y respeto a los derechos de los ciudadanos, pero no es así, hay cerca de 300 presos políticos sometidos a la injusticia y a decisiones judiciales de horror, tratamiento que se extiende a ciudadanos que soportan la ferocidad de fallos judiciales infames.
En la lucha política se han abandonado los procedimientos institucionales para rectificar o sancionar comportamientos que no son delitos y sin mayor reparo se activan los de la justicia ordinaria, no con el fin de llegar a la verdad de los hechos sino de martirizar al procesado con decisiones jurisdiccionales siniestras, pero cuando el denunciado es oficialista se lo libera de toda pena y culpa así las evidencias sean contundentes en su contra, el escenario abierto, en consecuencia, es el de la venganza por parte del que ostenta el poder político.
Esto que sucede en la esfera pública, ha llegado también al ciudadano común que es sometido a decisiones estúpidas tomadas por fiscales y jueces que sin inmutarse llenan las cárceles de gente inocente, al grado de que en Bolivia los presos sin condena son un porcentaje elevado, dejándolos encerrados varios años con la aplicación de las infames medidas cautelares.
Un ciudadano en Tarija ha sido sentenciado por jueces a cumplir una pena por un delito que no cometió, ha sido noticia unos cuantos días para luego perderse
en el olvido y en la injusticia, en Sucre una madre joven intento quitarse la vida y la de sus hijos suministrándoles raticida y lo único que se les ocurrió a las autoridades correspondientes fue pedir su detención preventiva en la cárcel de San Roque y remitir a sus hijos a un centro de acogida.
Ciertamente la afectada es merecedora de una sanción, pero no tomar en cuenta su salud mental, el abandono en el que se encontraba, su dramática situación económica, es un acto de brutalidad.
Estos administradores de justicia han contribuido a desintegrar a una familia, a que los hijos sean una suerte de “huérfanos” con padres vivos, que lo sucedido con una joven madre sea visto solo como la comisión de un delito y no como un drama que debe merecer una mayor atención.
Un juez debe poseer condiciones académicas y humanas para aplicar el derecho en la solución de los conflictos, de tal manera que garantice el interés público y el cumplimiento de los derechos humanos y no se convierta en un instrumento de venganza personal o social.
Es posible que excepcionalmente algún fiscal o un juez valiente, con una visión más amplia del tema, trate de tomar medidas racionales empero se enfrentará a una opinión pública punitiva que piensa que frente a la supuesta comisión de delitos se los debe castigar con penas mayores o más severas, sentimiento que es recogido por algún parlamentario con alma de Torquemada, que en lugar en encontrar cuando menos paliativos, con sus iniciativas agudizan los problemas, al dotarles a los administradores de justicia más instrumentos para el abuso.
La justicia penal ha fracasado rotundamente porque al buscar solo la venganza, ha procreado unos monstruos insensibles y corruptos llamados fiscales y jueces, ha conformado unos guetos denominados cárceles que alimentan la comisión de delitos desde su interior y no reinsertan en la sociedad a nadie y ha promovido la existencia de consorcios mafiosos en todas las esferas, que han cambiado el sentido de la justicia.
Nietzsche, esta vigente. Es urgente que los candidatos digan algo, deberían cuando menos anunciar los ejes de una futura política criminal para tratar el delito de manera integral que erradique la santificación a la venganza.
Sucre, 13 de julio de 2025
