Los actos oficiales por los 211 años de la gesta libertaria en Santa Cruz estuvieron marcados por una acostumbrada sensación colectiva de festividad y, al mismo tiempo, de crispación. La cuestión es que el festejo ya pasó, pero la crispación continuó, y lo peor, no tiene límites porque los grupos sociales y discursos políticos cada día se distancian e impermeabilizan.
El libreto provocador. El presidente Luis Arce inauguró una nueva temporada de polarización discursiva en Santa Cruz con su asidua referencia al golpe de Estado. Es obvio, pues, que “los problemas de la democracia deben resolverse con más democracia”, pero como la democracia boliviana está en proceso de debilitamiento desde el 21F, estirar un concepto (golpe de Estado) para negar una rebelión ciudadana que justamente buscaba fortalecer la democracia, se ha constituido en un postureo que genera irritación en la región. Por su parte, el vicepresidente Choquehuanca, en su condición de presidente en ejercicio, durante la sesión de honor del Concejo Municipal de Santa Cruz de la Sierra, otra vez refirió al supuesto golpe, pero, al mismo tiempo, destacó la emergencia de la democracia inclusiva gracias al MAS. Una paradoja cuando ya había marcado una frontera de exclusión con la idea del golpe. El vocero presidencial, con una fidelidad plena a su rol oficial y cuaderno de instrucciones, sugiere la posibilidad de un nuevo golpe, luego de que el gobernador Camacho negara la palabra a Choquehuenca. Una más. La ministra de la Presidencia, Marianela Prada, arremetió con el planteamiento de que el desplante hacia el presidente es “otra forma de golpe de Estado”.
Cuando se vive, come, sueña con una idea (golpe de Estado) el mundo se reduce a esa idea; cualquier acción o discurso de un actor político considerado sospechoso de ser gestor o cómplice de la idea en cuestión, se constituye en una amenaza manifiesta que es necesario neutralizar. Así, el relato oficialista clasifica y categoriza al campo político entre buenos y malos. No importa si, a quien consideran malo y amenazante, es un representante político con legitimidad.
El gobernador Camacho representa políticamente un departamento gracias al voto popular (más del 50%), es decir, su investidura, más allá de la simpatía-antipatía que genere, es legítima, porque la elección del gobernador es una institución democrática conquistada gracias a las luchas por la autonomía desde inicios del siglo XXI. Su decisión política de no permitir izar la bandera wiphala en la plaza cruceña es legítima, no permitir que Choquehuanca, considerando su investidura presidencial, tome la palabra, es cuestionable.
Ahora bien, la amenaza de “mano dura” contra la investidura del gobernador cruceño –planteada por un diputado plurinominal del MAS- alimenta la crispación y la intensidad de los relatos, pero lo que es peor, es una muestra de ignorancia supina con la historia e institucionalidad de la investidura política departamental.
En la coyuntura política actual, el partido gobernante (MAS) pretende establecer un dominio simbólico sobre el departamento; sin embargo, la subjetividad cruceña tiene un potencial político que no necesariamente se ha materializado en una estructura partidaria de alcance nacional, pero sí se traduce en una posición crítica y rebelde de alcance regional contra el poder del Gobierno nacional con control al Estado central. Posición que le inhibe al Gobierno del MAS fagocitar la permanente politización (participación más interés) de los ciudadanos opositores en relación con la agenda pública de problemas que afectan directa e indirectamente a Santa Cruz.
En conclusión, la crispación provocada por la insistente idea del golpe de Estado, además de la imposición de una bandera (wiphala) en medio del festejo departamental, aceleró los desplazamientos hacia los extremos, fortaleciendo la impermeabilidad a las razones políticas ajenas o adversarias y, consecuentemente, la recurrencia de los conflictos culturales, raciales y políticos como una espiral sin límites.
José Orlando Peralta Beltrán es Politólogo
