Luis Fernando Romero Torrejón
Después de que salió a la luz una propuesta electoral, de subir la renta dignidad a Bs. 2000 al mes, la misma ha generado una gran polémica en el país, con voces a favor y en contra. Nuestra tarea será hacer un breve análisis de la factibilidad y sostenibilidad de esta propuesta, y de como afectaría a las finanzas públicas de Bolivia.
Comencemos indicando que en el año 2024 la Renta Dignidad, según datos oficiales, ha beneficiado a 1.237.380 ancianos, por un monto total de Bs. 4.705 millones. En el Presupuesto General del Estado (PGE) 2025 se ha programado pagar este año Bs. 5.529 millones, y beneficiar a 1.296.543 personas de la 3ra edad, con un incremento del 4% respecto al año pasado.
Con los últimos datos de la APS, a junio 2025, ya se ha pagado de Renta Dignidad por un valor de Bs. 1.804,8 millones, un 33% de lo presupuestado para el 2025, llegando a beneficiar 1.194.632 adultos mayores. Además, se recuerda que a los ancianos “no rentistas” se les paga al año un monto Bs. 4.550, y a los “rentistas” solo Bs. 3.900, ambos incluyen su aguinaldo.
Ahora sí, analicemos un poco esta oferta electoral de una Renta Dignidad de Bs. 2000. Partamos indicando que esta propuesta electoral está enfocada en subir de Bs. 350 a Bs. 2000 para los “no rentistas” y de Bs. 300 a Bs. 1.000 para los “rentistas”. Esto significaría para el primero una renta anual de Bs. 26.000 y para el segundo de Bs. 13.000 (incluyen aguinaldos), con un crecimiento del 471% y 233% respecto a los montos anuales actuales o vigentes.
A continuación, estimaremos cuanto le significaría al Estado pagar un bono de esta magnitud, tomando como base los datos disponibles que se tienen. Partamos indicando que en el año 2024 del total de beneficiarios de la Renta Dignidad un 21% eran “rentistas” y 79% “no rentistas”. Supongamos que la cantidad proyectada de beneficiarios para el 2025, también se repita para el 2026, y si crece, será en un % reducido.
En este sentido, ya tenemos las rentas anuales que percibirían tanto rentistas y no rentistas, y así, mediante un simple cálculo matemático, también las cantidades. Se estima que este año los “rentistas” sean 272.274 y los “no rentistas” 1.024.269 ancianos. Por lo tanto, si queremos dar a los primeros una renta dignidad de Bs. 1000, nos costaría al año Bs. 3.540 millones, y a los segundos una renta de Bs. 2000, nos saldría Bs. 26.631 millones. En total, si se cumple esta promesa electoral, se debe erogar de las arcas estatales un monto total (estimado) de Bs. 30.171 millones al año (un incremento del 446% al presupuesto actual), lo que representaría el 10% del actual PGE 2025.
Es decir, al país le costaría, si es que se daría un Renta Dignidad de este tipo, Bs. 2.514 millones al mes. Estos Bs. 30.171 millones para financiar este bono social, equivale a casi el 50% de todo el presupuesto 2025 para sueldos y salarios del sector público, es un monto casi similar a lo que se destinará a salud o educación (10% del PGE), o es casi el doble de lo presupuestado este año para la subvención de hidrocarburos.
En una situación de desequilibrio macroeconómico, sobre todo en las finanzas públicas, se debería considerar la implementación de políticas económicas de reajuste fiscal que sean pragmáticas, objetivas, mesuradas y sensatas. Por lo tanto, se recomienda que el gobierno saliente convoque, lo más antes posible, a las 3 fuerzas políticas que cogobernaran el país, para que, mediante mesas técnicas, se inicie el proceso de transición, y se haga un diagnóstico de la situación económica y financiera actual del país, y en base al mismo, se planifique y se diagrame las políticas y medidas a ser implementadas para estabilizar la economía, con el menor costo social posible.
Luis Fernando Romero Torrejón es Economista, investigador y docente universitario
