Esta semana se conmemoraron dos fechas históricas para la humanidad: el 9 de diciembre está dedicado a reflexionar sobre el estado de situación de la transparencia y del buen gobierno; es un resultado de la firma de la Convención de lucha contra la corrupción de las Naciones Unidas (2005). El 10 de diciembre se recuerda el Día Internacional de los Derechos Humanos en alusión a la declaración firmada en 1948 y a otros instrumentos regionales acordados en el último medio siglo.
Ambas referencias encuentran a las entidades estatales dedicadas a estos asuntos en uno de sus momentos menos eficientes desde que Bolivia firmó las convenciones y comenzó a implementarlas.
La lucha contra la corrupción ni siquiera cuenta con una ley de acceso a la información pública. Solo el Estado Plurinacional de Bolivia y la República Bolivariana de Venezuela no sancionaron esa normativa que previene los desvíos de fondos.
Desde 2006, el Movimiento al Socialismo (MAS) optó por politizar las tareas de transparencia y por perseguir a los opositores usando el pretexto de la corrupción. José María Bakovic acorralado por Patricia Ballivián o Roger Pinto cercado por Nardi Suxo, hasta acelerar sus muertes, son un ejemplo.
El ministerio dedicado a ese fin se desmoronó igual que otras iniciativas de estos 14 años. Sin embargo, hay asuntos aún más oscuros como el uso de información privada que debería estar custodiada en el Sereci y aparentemente fue difundida en estos días por personal vinculado al Viceministerio de Transparencia. Hay sospechas de que desde el propio Ministerio de Justicia se auspició la manipulación de votos el 20 de octubre.
Otro instrumento que debió servir para el gobierno electrónico fue empleado para el seguimiento y control a los ciudadanos y, según denuncias, también para el fraude. El director de Agetic, Nicolás Laguna Quiroga, sociólogo masista, fue uno de los primeros en ocultarse después de la renuncia de Evo Morales.
En el aspecto de la defensa de los derechos humanos el panorama es igualmente desolador. La Defensoría del Pueblo fue ocupada por un hombre acusado de violencia contra las mujeres. Actualmente están ahí militantes que defienden a su partido, no a la población. Nadia Cruz no es independiente y su hoja de vida está marcada la relación con los sectores represivos del MAS. Peor el caso de Teresa Zubieta y sus acciones violentas contra activistas de derechos humanos.
La Comisión de la Verdad usó sus instalaciones para albergar reuniones políticas con diferentes personeros del ala criminal del MAS. Entregó el área de comunicación a extranjeros y permitió que forasteros- quizá de la inteligencia de otro país- revisen los expedientes de los perseguidos bolivianos.
La única tarea profesional fue la de personal contratado, algunos pasantes, para organizar los archivadores que ya habían sido recuperados en 2005. Es el único informe que entrega en dos años y después de largo silencio. Datos de víctimas no de victimarios.
Edgar Ramírez se aferra a su puesto de director (igual que como archivista de Comibol, donde ya deberían trabajar los jóvenes entrenados en las nuevas técnicas) sin reconocer que se dedicó más a declarar duramente contra candidatos opositores en vez de investigar documentación sobre los responsables.
Ojalá que el Ministerio de Justicia asuma roles más activos y ordene una auditoría forense que permita conocer en profundidad qué pasó con estas reparticiones.
