Antes de volcar acá cualquier idea, expreso mi solidaridad con Carlos Mesa, quien no merece ser enjuiciado por un itinerario que comenzó cuando él ya había dejado el Palacio de Gobierno.
El presente recuento nos coloca ante una trampa perfecta, de la cual el país, y no solo el gobierno, fue incapaz de escapar. En efecto, una empresa cuyas acciones demandaron en 2001, la modesta suma de 800 mil dólares, acaba de recibir una cantidad 53 veces superior tras un litigio de doce años. Lo que queda claro, huyendo de la polarización política, es que nunca debimos haber ingresado al CIADI y que cuando un arbitraje nos vuelva a acorralar, la unidad nacional seguirá siendo la mejor respuesta.
El gobierno actual acaba de firmar un cheque por más de 42 millones de dólares a favor de Alan Fosk, gerente de la empresa chilena Quiborax. Ésta ha encontrado en el CIADI, el tribunal del Banco Mundial, una veta más jugosa que las 7 concesiones donde explotaba ulexita. Quiborax opera desde Arica, pero ha sido en Washington donde mejor le ha ido.
El pecado original data de 1994, cuando bajo la batuta de la capitalización, Sánchez de Lozada incorporó a Bolivia al concierto neo liberal en boga. Ese año, el país suscribió el tratado del CIADI y un acuerdo bilateral de protección de inversiones con Chile. Sin ambos tropiezos, el juicio de Quiborax jamás nos hubiera lastimado.
Sediento de capitales, el general Banzer entregó el 8 de abril de 1998 la costra perimetral del Salar de Uyuni a compañías privadas. Un año antes, los hermanos Gonzalo y Álvaro Ugalde junto a David Moscoso, fundaron la empresa Río Grande Sur y con ella recibieron 7 concesiones. La llamada Ley Balda se acomodaba como anillo al dedo de los tres empresarios, quienes dividieron sus acciones en simétricas mitades: 50% para los Ugalde, 50% para Moscoso.
Al mismo tiempo, una de los más grandes proveedoras de boro de Sudamérica, la chilena Quiborax, decidió ingresar al mercado de fertilizantes. La ulexita del Salar de Surire en Chile no le era suficiente por lo que le echó el ojo a Bolivia. El encuentro entre Río Grande Sur y Quiborax se produjo en 2001. Al principio, los bolivianos se comprometieron a entregar su producción a los chilenos; a cambio recibirían tecnología y un mercado de exportación. La convergencia indujo a un cambio de nombre: Non Metalic Minerals (NMM).
La versión chilena sostiene que meses después del pacto de provisión exclusiva de ulexita, los Ugalde optaron por vender sus acciones a Quiborax. En un tránsito tortuoso que abarca julio, agosto y septiembre de 2001, los chilenos habrían adquirido el 50% perteneciente a los Ugalde y un 1% adicional de Moscoso. El objetivo, dicen, sellar la supremacía accionaria de los extranjeros.
La fiesta duró poco. En menos de tres años, la riqueza a la que tenían acceso se esfumó por decreto. Claro, Bolivia se había transformado ya en un hervidero de levantamientos sociales. Cuando los chicos de Fosk arribaron al país, el presidente que les otorgó los derechos se había retirado, asediado por el cáncer, su vicepresidente lo había reemplazado por un año y el jefe de Estado que ancló a Bolivia al CIADI, Goni, regresaba a la plaza Murillo, pero para ser derrocado 14 meses más tarde. El sucesor, entronizado por el alzamiento, se encargaría de echarlos. Su nombre, Carlos D. Mesa Gisbert.
La nacionalización de la ulexita fue decidida en dos tramos. En su segundo mes al mando, es decir, el 9 de diciembre de 2003, Mesa decidió la reversión de la llamada Ley Balda. En la nueva norma legal se determinaba que tras la realización de seis auditorías, el Estado boliviano decidiría si anulaba o no los derechos concesionarios mineros. El Estado se daba un plazo de 60 días para recuperar las cuadrículas otorgadas por Banzer. Estamos hablando de una nacionalización exprés de tres meses, a la que los bolivianos aún no nos habíamos acostumbrado.
Hasta ahí las cosas marchaban de acuerdo a norma. La ley 2564 que acabamos de citar, dedica su párrafo final a las “instituciones representativas del Departamento de Potosí”, con las que se promete acordar las futuras políticas de aprovechamiento de la riqueza a ser recuperada.
Pero no pasaron 60, sino 180 días para que el gobierno tomara una decisión singularizada. El 23 de junio de 2004, Mesa decide echar a NMM del Salar de Uyuni. ¿Y las auditorías?, ¿hubo sentencia sin evidencias? El decreto de aquel día acusa a NMM de haberse negado a dar información destinada a tales auditorías. A raíz de esa resistencia, se le dan 30 días para que devuelva todo a la Prefectura potosina. Un siguiente decreto, firmado ese mismo día, prohíbe la exportación de ulexita no procesada. Era el tiro de gracia.
Las reglas del CIADI prevén un tiempo de conciliación amistosa preliminar al arbitraje. NMM envía cuatro cartas al gobierno de Mesa solicitando abrir tratativas. No obtiene respuesta. El 9 de junio de 2005, casi un año después de la nacionalización de la ulexita, Mesa dejaba la Presidencia. En el camino sembraba, involuntariamente, los arietes que los chilenos emplearían en su litigio legal a fin de derribar a Bolivia y obligarle a pagar.
El primer ariete fue el error del 23 de junio. Los ministros firman un decreto revocando, no anulando, las concesiones de NMM. Luego la Superintendencia de Minas corrige el verbo. Un decreto posterior del gobierno de Rodríguez Veltzé reafirma la corrección. Allí se habla de un error “insubsanable”. Era verdad. NMM ya estaba en Washington allanando el escenario de nuestra derrota.
Acá entra el quinto Presidente en escena. Evo hereda el caso. El nuevo mandatario es un nacionalizador nato. Su primera decisión llega en 2008 cuando Bolivia abandona el CIADI. El hecho no cancela la demanda de Fosk, porque ésta fue presentada antes de la retirada boliviana. El gobierno boliviano opera bien desde un inicio. Lo siguiente que hace es rechazar la jurisdicción del CIADI, por la sencilla razón de que cuando se produjo la nacionalización, NMM era boliviana. ¿La prueba? Un acta de accionistas del 13 de septiembre de 2001 habría sido falsificada por los demandantes con el fin de abrirse las puertas al arbitraje. El CIADI solo podía recibirlos si la expulsada era una empresa chilena.
El 27 de septiembre de 2012, el CIADI emite una decisión en la que convalida su intervención en el caso. Los párrafos 190 y 195 de ese documento son lapidarios. Aunque reconocen la posibilidad de que el acta haya sido falsificada por David Moscoso, quien además confesó el hecho ante la justicia boliviana, el CIADI afirma que su valor probatorio es casi nulo, debido a que hay otra documentación abundante que prueba que en 2001 NMM fue fundada como empresa mayoritariamente chilena. La demanda procede.
A partir de ese momento, la trampa estaba tendida. Pruebas grafológicas, análisis del papel y de la tinta, todo lo aplicado por el CIADI demolió el cimiento de la argumentación boliviana. Frente a este dato, ¿tiene algún valor el préstamo de la computadora de Carmiña Llorenti a uno de los abogados chilenos? , ¿no es esa una mera anécdota ante la magnitud de todo lo demás? El envío de correos electrónicos desde laptop ajena prueba que el gobierno maneja la justicia a control remoto, sí. Sin embargo, el CIADI le prohibió al Estado boliviano enjuiciar a los falsificadores. ¿Entonces qué relevancia tiene ese acto impotente y testimonial?
Las conclusiones son dos y muy simples: los países del sur no deben participar del CIADI si es que realmente quieren sentar soberanía sobre sus recursos naturales. Y la segunda: los arbitrajes, el del CIADI o el de La Haya, se encaran unidos. Los yerros y aciertos deberían cometerse sin fisuras en aras del interés superior del país. Con el mar se pudo, ¿por qué no con la ulexita?
