Jorge Lizarraga Torrico
Dicen que cuando un barco se hunde, los primeros en huir son las ratas, y los últimos en salir, o, tratar, incluso, de salvar su vida y de sus tripulantes y pasajeros, es el capitán y sus más fieles marineros.
Con este ejemplo queremos referir, lo sucedido en nuestro país, y principalmente, luego de lo ocurrido el pasado 20 de octubre 2019 y los resultados electorales donde, incluso la Organización de los Estados Americanos y su sigla OEA, mediante una auditoria electoral, habrían identificado una serie de irregularidades que desvirtuarían que las elecciones y sus resultados hayan sido producto de un trabajo o escrutinio transparente, y por el contrario, genera mayor incertidumbre y desconfianza no solo por el resultado en sí, sino por los gobernantes quienes a pesar de evidencias y argumentos técnicos, y legales no permitieron sino, hasta el último momento, tratar de solucionar o consensuar las discrepancias o diferencias entre quienes apoyaban el resultado comunicado oficialmente por el Órgano Electoral y quienes, del otro bando, asumían la defensa férrea de la democracia y exigían la anulación de las elecciones, apegados a las leyes y la constitución, además del resultado no solo fraudulento, sino desafiando ante todo el resultado del 21 de febrero de 2016, exigiendo no solo el cumplimiento de aquel resultado sino y por el contrario, se reinicie en nuestro país un proceso de cambio democrático de autoridades, acabando así con el totalitarismo y el abuso de quienes ejercieron el poder los últimos 14 años, y que anecdóticamente refirieron el año 2003 que quien ejercía el cargo de presidente constitucional de nuestro país, Gonzalo Sánchez de Lozada, había huido del país dejando en orfandad al Estado y abriendo el paso para la procedencia de la tan esperada sucesión constitucional, según dijeron.
Pues bien, una vez presentada la renuncia del ex presidente y su ex vicepresidente del Estado, y así dejar a una Bolivia dividida, muchos de su entorno político “los llunkus” (adulones) que ante todo y por sobre todo salían a defender a su jefazo, desaparecieron de la palestra publica, no salieron a defender a su jefe como era previsible que lo hicieran, y peor aún, muchos de ellos inclusive no solo desafiaron en un vietnam boliviano sino que renunciaron incluso antes de la renuncia del jefe y, dejaron a su líder y estadista nacional, no solamente huérfano políticamente, sino sin defender su proceso de cambio, que tan intensa como desprolija fue, como también lo fue su filiación partidaria prácticamente inexistente.
Asimismo, y luego de un proceso de sucesión legal -constitucional y sin precedentes, desde la aprobación de la nueva CPE promulgada el 2009, las riendas del país las asume una mujer, la segunda en la historia política de nuestro Estado y primera del siglo XXI. Quien a su vez de manera “ipso facto” y sin que nadie del partido oficialista asuma “el llunkunismo partidario” y aun menos haga honor a su cargo de Honorable representante de la sociedad y cumpliendo cabalmente, el art. 170 de nuestra ley de leyes que dice “La Presidenta o el presidente del Estado cesará en su mandato por muerte; por renuncia presentada ante la Asamblea Legislativa Plurinacional; por ausencia o impedimento definitivo; por sentencia condenatoria ejecutoriada en materia penal; y por revocatoria del mandato” y art. 171 concordante con el anterior que refiere “En caso de revocatoria del mandato, la Presidenta o el Presidente del Estado cesará de inmediato en sus funciones, debiendo asumir la Presidencia la persona que ejerza la Vicepresidencia, quien convocará de forma inmediata a elecciones a la Presidencia del Estado a realizarse en el plazo máximo de noventa días”, asume una etapa crucial en la vida democrática de nuestro país la Sra. Yanine Añez Chávez.
Debemos referirnos a que, si bien, el ex presidente y vicepresidente del Estado, dieron e iniciaron el procedimiento de prelación al mando del Estado conforme lo prevén los arts. 170 y 171, también es preciso enfatizar en que Evo Morales sin haber esperado el desenlace del congreso nacional ante su renuncia, abandona el país sin autorización de la asamblea nacional, dando cumplimiento a lo que expresamente había anunciado el ex mandatario. (renunciar al cargo), iniciándose así un proceso de prelación diferente con el mismo fin; y, además, habiendo sido recibido como asilado político en México, por tanto, no cabiendo duda de que se ausenta y se auto impide ejercer el cargo conforme establece el art. 169 parágrafo I y II, (no había orden de detención, aprehensión, búsqueda o captura), lo cual es lo mismo, pero con matices jurídicos distintos, iniciar el proceso de sucesión constitucional, y así se lo hizo.
Con un carácter oficial, el Tribunal constitucional, comunica que “Tras la autoproclamación de Añez como presidenta transitoria de Bolivia, y ante la grave situación política y social que vive el país y ante la renuncia del presidente, vicepresidente, así como de las presidencias de las cámaras de Senadores y Diputados procedía la sucesión constitucional.”; de aquí se desprenden dos aspectos teleológicos del comunicado: a) aceptación de una grave situación política y social, y b) renuncia de altas autoridades; por lo tanto, no existiendo golpe de Estado y aceptando el procedimiento de sucesión vivido en el país.
Es preciso también referirnos, a que nuestras magnas instituciones de precautelar el orden público, y seguridad nacional, (Policía Nacional y FF. AA), en ningún momento pusieron en entredicho su condición de soldados de la patria y no así soldados del llunkunismo del siglo XXI, e hicieron respetar valores y principios ético y morales, además de democráticos, para sugerir que el capitán general tome una decisión cual si fuera un verdadero capitán del barco a punto de naufragar.
Continuando con el procedimiento de sucesión constitucional, a nadie ha de hacer creer, que existió un golpe de Estado, o que se quebrantó el orden constitucional y que además no se habrían cumplido etapas dentro de la aceptación de inicio a consideración de una renuncia, por el contrario, lo que nuestro país vivió, no solo es vivir en democracia o “demoniocracia” y en un verdadero Estado de Derecho, sino y principalmente la demostración enfática y férrea de que la angurria de poder, la exaltación ególatra y narcisista y el resentimiento social, en un país como el nuestro, no es posible aceptar y que quien pretenda de alguna manera de manera directa o indirecta expresa o implícita de menoscabar los intereses del país, sepa que jamás será perdonado sino siempre juzgado, no por lo que pudo haber hecho o hizo por el país sino por no haber sido capaz de ser leal a su pueblo engañándolo o pretendiéndolo engañar.
Será reiterativo señalar, pero cabe recordar, que Bolivia se constituye en un país de oportunidades, un país inmensamente rico en recursos naturales y por sobre todo con una capacidad productiva única y una cantidad poblacional que, con relación al tamaño geográfico, más que preocuparnos debiera animarnos a creer que muy pronto antes que nunca, puede constituirse en “Una Sola Nación,” multiétnica y pluricultural, preocupado por el bienestar social de las y los bolivianos, para vivir bien y en armonía.
Lo que nuestro país vivió y vive aun estos últimos días, cual si fuera la peor crisis política social del siglo XXI, nos muestra una actitud ciudadana, como nunca antes vista, en defender la democracia sobreponiéndose al miedo, la intimidación, la preocupación e incertidumbre, cuya actitud histórica de su movilización, queda como experiencia a ser emulada como lección de enseñanza a los gobernantes, entre otros, en que no somos eternos ni los mejores, jamás debemos negar a Dios y su poder y peor aún dejar de creer en nosotros mismos, creer en la humanidad y pensar que unidos valemos más que divididos, y ante y por sobre todo es que, uno no debe ser Q’ewa (cobarde) para escapar ante las vicisitudes de la vida, sino afrontar sus decisiones y asumir responsabilidades como corresponden a los verdaderos hombres de estado.
Como
muchos bolivianos, confiamos en nuestra ciudadanía y su capacidad, en el país,
sus instituciones y su riqueza natural, y creemos firmemente en el desarrollo
humano y social, en base a una economía sostenible, productiva, social y
universal y también en la seguridad de una vida políticamente democrática para
no reproducir la malformada mentalidad del Llunku y actitud Q’ewa, y entonces
lograr el tan ansioso y esperado progreso social y desarrollo nacional.
Jorge Lizarraga Torrico es doctorando en Derecho -Universidad Rey Juan Carlos
