Pese a la importancia de lo que implica esta Ley para la ciudadanía, los partidos políticos y agrupaciones ciudadanas, que se presentan a las elecciones nacionales de este mes de octubre, en términos generales no dan un rol central a estos aspectos, cuatro de ellos ni lo mencionan y los que sí desarrollan tan sólo algunos aspectos.
En el caso de la agrupación ciudadana “Bolivia dice no”, del candidato Oscar Ortiz, plantea en su parte introductoria “Como demócrata convencido que soy, sabré siempre honrar los objetivos y compromisos delineados en este Programa de gobierno, daré cuenta oportuna y transparente de todos mis actos y me someteré siempre al escrutinio de la ciudadanía”.
Especifica “activaremos los espacios de participación ciudadana, las políticas públicas adecuadas y el liderazgo y la gestión eficaz de un buen gobierno honesto y competente, de tal manera que los recursos y capacidades individuales y colectivas de las bolivianas y los bolivianos se pongan en acción, sin más límites que el cumplimiento de la ley, los derechos y las libertades de los demás, los valores de unidad e integración nacional, el compromiso común de la estabilidad, el orden democrático y la justicia social”.
En el marco de “Acabar con la corrupción y la impunidad” esta agrupación establece activar “mecanismos de transparencia en la gestión pública, como una Ley de Acceso a la Información Pública y Transparencia Institucional, para promover y facilitar la vigilancia ciudadana y de los medios de comunicación…”, por lo cual consideran crear el Consejo Nacional de Transparencia y Acceso a la Información que será el encargado de velar por la transparencia y vigilar el cumplimiento de las normas establecidas.
También se destaca el Gobierno electrónico “que significa la inclusión del uso de la tecnología digital en todas las instancias del gobierno nacional y de los gobiernos departamentales y municipales y, por lo tanto, poner en línea la gestión de todos los niveles del Estado”.
Por su parte la agrupación “Comunidad Ciudadana”, liderada por su candidato Carlos Mesa, destaca la importancia de contar con una Ley de transparencia, acceso a la información y buen gobierno y así remover los obstáculos legales para ejecutar la propuesta de Gobierno Abierto. De acuerdo con la agrupación “la ley de transparencia desmantelará la cultura y los mecanismos de secretos y opacidad que corroen al sistema público boliviano”.
Así también destacan el “Gobierno abierto” que conllevará a “un nuevo proceso de democratización de la información, participación ciudadana y rendición efectiva de cuentas” y en el mismo marco plantean impulsar “una digitalización masiva de los trámites, destinada a poner en línea el sistema de compras estatales, la tributación y el sistema de empleo estatal. Sabremos de dónde viene cada centavo de los recursos del Estado y a dónde va, en todos sus niveles. Incorporaremos mecanismos continuos de consulta, transparencia, y control ciudadano”.
También plantea “Servicios y gobierno abierto” a través de los cuales se instalará “nuevas plataformas de servicios y de asistencia cercanos a la gente. Los centros albergarán, por ejemplo, oficinas de identificación, Centros Ciudadanos de Justicia, licitaciones y acceso a información pública”.
Por otra parte, el Frente para la Victoria, liderado por Israel Rodríguez, en su parte declarativa destaca “EL apoyo integral al ciudadano fortaleciendo su participación mediante la conformación de juntas vecinales y además desarrollando charlas, conferencias, talleres y otros”.
Así en el acápite sobre mejorar el sistema de compras del Estado el FPV afirma que establecerá “sistemas adecuados de acceso a la información, participación ciudadana y rendición de cuentas, en cada una de las etapas en que se divide la cadena de valor de compras. Así prevenir, implicaría generar mejores canales de acceso público a información relevante. Implementar mecanismos de monitoreo externo por parte de la sociedad civil y desarrollar instrumentos adecuados de control estatal”.
El partido en función de Gobierno, el Movimiento al Socialismo (MAS), liderado por Evo Morales Ayma, destaca a “la participación como eje central” y que “por primera vez desde la fundación de Bolivia se construye un programa de gobierno de una manera tan democrática y participativa”.
De acuerdo con el documento de plan de gobierno “Este programa es el resultado de las necesidades, aspiraciones y propuestas que han sido recogidas en más de 50 encuentros, diálogos, talleres y foros realizados en los nueve departamentos, con la amplia participación de actores territoriales, organizaciones sociales y de mujeres, actores productivos, asociaciones de profesionales, grupos dedicados a la cultura y al arte, empresarios, campesinos, indígenas, trabajadores, universidades, gremios, sindicatos, juntas vecinales y grupos barriales”
Así para el período 2020-2025 el MAS propone: Promover la participación de la mujer dentro de la sociedad y la economía, constituyéndola en un importante actor en la transmisión de saberes y valores de la cultura boliviana; valorizar la contribución del trabajo de cuidado de las mujeres a la economía y su inclusión en el Producto Interno Bruto (PIB), en el marco de lo establecido en el Artículo 338 de la Constitución Política del Estado, que señala que el Estado reconoce el valor económico del trabajo del hogar como fuente de riqueza, y que éste deberá cuantificarse en las cuentas públicas; Promover la reciprocidad del trabajo en las comunidades, retomando el ayni, especialmente en la población joven del país; Incentivar la participación de las personas en el control de las funciones que realizan las principales autoridades; dar responsabilidades a la población para resolver conflictos internos y externos a través del diálogo; Incluir a toda la población boliviana, especialmente de los pueblos indígenas, en actividades sociales, económicas y culturales, asegurando el progreso obtenido hasta el momento.
A su vez el Partido Demócrata Cristiano (PDC), liderado por Chi Hyun Chung, dentro de la parte declarativa de los objetivos del plan de Gobierno indica “Aumentar y cualificar la transparencia y la participación ciudadana en los procesos decisorios de la gestión pública y promover el control social además de la eficacia en los controles, la firmeza en las sanciones y la ejemplaridad en los comportamientos, los principios irrenunciables de la política y el servicio público. También, desde lo político, el programa de gobierno del Partido Demócrata Cristiano, es un instrumento que, por ser de obligatorio cumplimiento a través del plan de desarrollo, constituye el punto de partida para el ejercicio del control político y del control social, y del proceso de rendición de cuentas a la ciudadanía”.
Por su parte Unidad Cívica Solidaridad (UCS), liderado por Victor Hugo Cardenas, plantea profundizar la democracia directa y participativa, que las cuestiones importantes se defininan por referendo con carácter vinculante y revitalizar las audiencias públicas y los cabildos populares.
Finalmente los partidos políticos Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR), de Virginio Lema, Tercer Sistema, de Félix Patzi, Pan Bol de Ruth Nina, y UCS, de Víctor Hugo Cárdenas, no mencionan a la Ley ni propuesta específica alguna de consolidar el derecho a la participación ciudadana y control social.
De lo establecido en líneas precedentes se puede determinar que la Participación Ciudadana y el Control Social no son ejes centrales en las propuestas de trabajo de los partidos políticos y agrupaciones ciudadanas, algo lamentable, más aún considerando que se considera que el pueblo es lo más importante sin el cual nada se puede hacer.
Al respecto se podría plantear distintas hipótesis como que los partidos y agrupaciones dan por consolidada la participación de la ciudadanía y el control social, no consideran necesaria una profundización, no existe interés manifiesto en fortalecer el proceso participativo o se considera que son mecanismos meramente instrumentales.
Sobre el primer aspecto, dar por hecho que la Participación Ciudadana y Control Social está consolidados, cabe destacar que la ley de Participación Ciudadana y Control Social establece la obligatoridad de que los municipios cuenten con una ley que determine con precisión los mecanismos para ejercer este derecho, sin embargo, hasta el momento la mayoría no las tiene. Esta situación conlleva a que la ciudadanía no cuente con los espacios ni capacidades para llevar adelante su labor ni qué decir de la falta de conocimiento sobre las implicancias de la Ley, entre otros aspectos.
Respecto a la consideración de que no es innecesaria su profundización se debe destacar los problemas sociales irresueltos en el país por parte de las instancias del gobierno, tales como el feminicidio, las violaciones a menores, la inseguridad ciudadana, falencias en la atención de la salud, problemas con el transporte público, entre otros, mismos que requieren urgentemente el involucramiento de la gente. Así, la profundización de la participación se constituye en un hecho necesario, relevante y urgente.
Sobre las hipótesis de que no existe interés manifiesto en fortalecer el proceso participativo o que se considera que son mecanismos meramente instrumentales se puede colegir que los partidos políticos y agrupaciones ciudadanas es posible que consideren a la participación ciudadana y control social como meros instrumentos de adaptación de los sectores relegados, algo así como una teatralización del ejercicio de la participación.
Así la participación ciudadana y el control social se constituirían en poderosas estrategias gubernamentales para contener el descontento y constituir al beneficiario en agente pasivo con limitadas capacidades de participar en el proceso de toma de decisiones.
En ese marco un riesgo lo constituye que los gobiernos, de forma discrecional, constituyan a los actores de la participación ciudadana y control social en simples repetidores de lo ya decidido con la consiguiente despolitización de los grupos sociales, una marca que ha caracterizado al movimiento social boliviano.
Se podría ahondar mucho más sobre las razones de esta ausencia o mínima presencia de la participación ciudadana y control social en las propuestas electorales, sin embargo, queda claro que, más por el contrario, se debe trabajar en el fortalecimiento e independencia real de las organizaciones sociales como actores de la participación ciudadana y control social.
