Los últimos meses fueron pródigos en noticias relacionadas al contrabando en Bolivia. Lamentablemente no reflejan un avance real en contra de este ilícito aduanero.
Nos cuentan, por ejemplo, que se atacaron puestos aduaneros en el oriente del país. Y que en el occidente se quemaron vehículos destinados a la lucha contra el contrabando. Noticias de este tipo son ya son comunes, y naturalizan lo delincuencial de los actos, perpetrados, además, contra una autoridad coercitiva que a la luz de los hechos se intuye débil, desorientada.
Autoridades de Desaguadero niegan que haya un acuerdo tácito para permitir el contrabando, pero admiten que no hacen ningún control por temor a la “reacción de la población”. El delito ya está institucionalizado en las fronteras, todos lo saben, y se opta solamente por mirar para otro lado. Es difícil calificar esta actitud como de debilidad o incluso como equivocada. La verdad es que el contrabando representa el sustento de tantas personas, que luchar contra el delito implica luchar contra el modo vida de todas ellas, y no me refiero a los dueños de los grandes capitales que se mueven en este ilegal negocio, sino a quienes son utilizados por aquellos. El costo social de una lucha frontal contra el contrabando sería inmenso.
¿Significa eso que no pueda/deba hacerse nada contra el contrabando? Claro que no.
En el mes de agosto, la Cámara Nacional de Industrias (CNI) presentó una “Estrategia de lucha contra el contrabando”, que incluía cuatro puntos: i) Campaña de concientización para no comprar mercadería de contrabando, ii) Bajar de UFVs 200.000.- a 10.000.- monto para considerar operaciones de contrabando como delito, iii) Estudio para determinar el impacto del contrabando en la economía boliviana y, iv) Gestionar con entidades públicas la realización de operaciones de lucha contra el contrabando.
El primer punto necesitaría varios años para mostrar resultados, y necesitaría ser acompañado por otras actividades. El segundo sí es posible de aplicarse de manera casi inmediata, y parece necesario hacerlo. Si no se hizo ese cambio hasta ahora, no es difícil imaginar que sea porque afectaría a personas que tienen posibilidades para evitar que se haga ese cambio, y no parece que esa figura vaya a cambiar a corto/mediano plazo. El tercer punto no me parece necesario; existen estudios que cuantifican con bastante precisión ese impacto. Aunque desactualizados, los datos muestran claramente la dimensión del problema (se hace referencia a este punto líneas abajo). El cuarto punto se refiere a la necesidad de “luchar contra el contrabando”, y esa expresión es la que mejor representa el enfoque que se tiene en el país respecto a cómo debe actuarse frente al contrabando. La idea de lucha nos remite a coerción, confrontación, enfrentamiento (no olvidemos que en Bolivia se tiene un “Viceministerio de lucha contra el contrabando). Es decir, que todas las ideas convergen en acciones de enfrentamiento, de choque. Y ese enfoque ya demostró ser ineficaz en las últimas décadas.
Por lo anterior, me parece que lo que debe hacerse es cambiar el enfoque para enfrentar al contrabando. Se le debe quitar el atractivo que actualmente tiene.
¿Cómo?, haciéndolo menos rentable.
Debe notarse que el ingresar mercadería de contrabando al país, es decir, sin declarar la operación ante la Aduana Nacional de Bolivia (ANB), el comerciante ahorra el pago del IVA (14,94%), y el Gravamen Arancelario (GA) que varía según el producto. Aunque existen algunos otros tributos (ICE, IEHD) cuya aplicación depende del tipo de producto importado, consideraré solo los dos primeros, que se aplican de manera general.
EL IVA se paga en todos los casos, pero el GA no. Su aplicación depende de si el país de origen de la mercadería tiene algún acuerdo comercial firmado con Bolivia. Y ahí es donde hay potencial de trabajo, pues la alícuota del GA la define el Estado Boliviano, lo mismo que la firma de acuerdos comerciales.
Imaginemos un producto que paga 14,94% de IVA, y 25% de GA. Si se realiza una importación legal de ese producto, el importador deberá pagar casi 40% del valor de la mercadería importada, y ese mismo porcentaje es el que ahorra si decide hacerlo de contrabando. Es un monto atractivo, sin duda.
Entonces, la pregunta que propongo analizar es, ¿qué sucede si se elimina el GA? El ahorro potencial sería solamente del 15%, lo cual es ya menos atractivo, y en ese caso sí sería efectiva una acción coercitiva eficiente, que le quite incluso más atractivo al ingreso ilegal de mercadería.
Lo triste es que la primera reacción ante este tipo de propuestas es que “el Estado perdería el 25% de esa operación” (el no cobro del GA). Discrepo, porque si esa mercadería ingresa de contrabando, el Estado no percibe absolutamente nada, así que no tiene nada que perder, y de las operaciones que se inclinen por la importación legal, se percibiría el 14,94% correspondiente al IVA. Cabe resaltar que un informe de la ANB de hace algunos años (no supe de nuevos informes, luego), mencionaba que el mayor componente de las recaudaciones por importaciones era, justamente, el del IVA, y no el GA.
Parece que la lucha “dura” contra el contrabando es una lucha perdida de antemano. La ANB reportó decomisos por Bs 59.500.- en Tarija, y por Bs 180.000.- en La Paz y Pando, y un monto récord de Bs 500.000.- el mes de agosto. En un período de 13 meses aseguran haber decomisado mercadería por un valor de 243 millones de dólares. Parece un monto importante, cierto. Pero se calcula que el valor total de mercadería que ingresa al país de contrabando asciende a 3.000 millones de dólares anuales. Es decir, que lo decomisado no llega ni al 1% del total de mercadería de contrabando. Queda claro que se está perdiendo la batalla, y de manera apabullante.
Debería estarse hablando de cambiar la estrategia de lucha contra el contrabando, no de fortalecer la actual estrategia de lucha, a todas luces ineficiente.
Podría empezarse por eliminar el GA para las llamadas línea blanca (microondas, refrigeradores, lavadoras, etc.) y línea negra (televisores, celulares, equipos de sonido, etc.) —lo que no perjudicaría a la industria nacional en lo más mínimo, pues Bolivia no fabrica esos productos— y ver cuánto aumenta el pago del IVA por importaciones legales, sabiendo que esas operaciones también pagarán IVA local. Esos resultados mostrarían el camino a seguir y los ajustes que deben ser realizados.
No deberíamos centrarnos en luchar contra el contrabando, sino en fomentar la importación legal. Es un cambio sutil en el enfoque para minimizar la ocurrencia de este delito, que creo podría dar mejores resultados que los actuales.
