De: Raúl Trejo Delarbre
Indispensables, insuficientes, incomprendidos, los medios públicos son fundamentales en la democracia, provechosos para las audiencias, a menudo aborrecibles para empresas que quisieran acaparar frecuencias y ratings y en no pocas ocasiones son manipulados, e incluso atropellados, por distintos gobiernos.
La comunicación comercial no basta para atender todos los requerimientos de la sociedad. A pesar de la diversidad de canales, plataformas y formatos que han surgido gracias a la digitalización, hay enfoques y contenidos que los medios comerciales relegan porque no les resultan financieramente redituables. Los medios públicos resuelven insuficiencias y ocupan espacios abandonados por la comunicación comercial pero, además, sirven de contrapeso a los medios regidos por intereses mercantiles.
Todo eso se sabe, se dice y por lo general se acepta en nuestros países. Pero, salvo excepciones, tales certezas no suelen estar acompañadas por decisiones precisas, capaces de poner en práctica una concepción moderna, socialmente comprometida, de medios públicos. La idea misma de lo público va y viene: en ocasiones resulta satanizada, cuando están de moda el liberalismo a ultranza y la idea de que el mercado no requiere de equilibrios ni de regulaciones; en otros momentos, es reivindicada por gobiernos de signos menos conservadores. Lo público alude a lo que es común, abierto, accesible, y por lo tanto plural y variado. En un parque público todos podemos andar –desde luego sin maltratar el césped–.
Un servicio público debe cumplir con esas características pero su razón de ser es todavía más elemental y, por eso, ineludible. Un servicio público es aquel que resulta indispensable para la sociedad y, por lo tanto, todos tenemos derecho a disfrutar. El agua, la energía eléctrica, la recolección de basura, la vigilancia en las calles, son servicios públicos imprescindibles en nuestras ciudades. El Estado se encuentra obligado a garantizar el funcionamiento de tales servicios. Eso no significa que, forzosamente, todos ellos tengan que ser proporcionados por la autoridad gubernamental. En el campo de los medios, el servicio público es aquel que resulta necesario porque la sociedad tiene derecho a la información y la comunicación afianzadas en criterios de diversidad y calidad.
Necesarios para democracia y mercado
La comunicación de servicio público solamente prospera cuando hay un Estado capaz de reconocer esos derechos sin lucrar políticamente con ellos y cuando, a la vez, existe sociedad con aptitud para exigir tales prerrogativas. Un Estado democrático garantiza y desarrolla medios de carácter público que, lejos de acaparar el panorama comunicacional, son garantía de pluralidad. Los medios comerciales no están obligados a reproducir la diversidad (política, social, cultural, etcétera) que define a nuestras sociedades. Los de servicio público tienen esa tarea entre sus quehaceres principales.
La democracia política hace necesarios a los medios públicos. También la auténtica economía de mercado. Todo mercado necesita reglas y reguladores. En un mercado al garete de los intereses de corporaciones privadas (especialmente cuando se trata de corporaciones con acentuada capacidad para expandirse y ganar influencia) no hay competencia posible y se impone la ley de la selva monopólica. Así, en el mercado de los mensajes comunicacionales hace falta la intervención del Estado, de ninguna manera para refrenar u orientar el ejercicio de la libertad de expresión sino, precisamente, para garantizarlo. Una de las vías, la más propicia que el Estado democrático tiene para auspiciar la diversidad y la libertad en los medios de comunicación, se encuentra en el sostenimiento de la radiodifusión de servicio público.
La diversidad de la sociedad tiene que expresarse en la radiodifusión pública. Para ello, además de solidez financiera los medios de servicio público requieren de independencia administrativa y política. Un medio cuya política editorial es controlada por el gobierno, o cuyos directivos son removidos según los caprichos e intereses del gobierno, no es auténticamente público. El hecho de disponer de recursos fiscales –que son indispensables en la prestación de cualquier servicio público— no basta para que una televisora o una estación de radio sean cabalmente públicas. Tan intenso como el acoso que experimentan por parte de empresas privadas, uno de los desafíos más arduos que enfrentan los medios públicos radica en la apropiación que hacen de ellos los gobiernos.
Cuando un gobierno pone a su servicio un medio de comunicación respaldado con recursos públicos entrometiéndose en su sala de redacción, definiendo prioridades en la programación, amparando o persiguiendo a presentadores y periodistas por la complacencia o la animosidad que suscitan los contenidos que han difundido, o designando o removiendo a sus directivos por causas políticas y no por motivos profesionales, resulta imposible considerar que ser trata de medios de servicio público.
Sin embargo la confusión entre medios públicos y medios al servicio del gobierno es causa frecuente de arbitrariedades por parte del poder político y, también, del descrédito que llegan a padecer los medios sustentados con recursos fiscales. Hoy en día en nuestros países presenciamos –y padecemos— a la vez, un significativo auge y en no pocas ocasiones una deplorable desnaturalización de los medios sostenidos con recursos públicos.
Populismos y apropiación política
En media docena de países sudamericanos que ahora tienen gobiernos identificados con posiciones de izquierdas, hay una revitalización de la participación estatal en la radiodifusión. En varios casos, los enfrentamientos entre gobiernos y consorcios privados han conducido a la solidificación de dos polos, medios oficiales y mercantiles, en ocasiones abiertamente enfrentados. La antigua reticencia de las empresas de radiodifusión privada a la actualización de las leyes y al desarrollo de medios no comerciales como los comunitarios y gubernamentales, se ha complicado con intentos de los propios gobiernos para acallar voces disidentes en la radiodifusión.
El caso más notable es Venezuela, en donde el presidente Hugo Chávez respondió a las actitudes ilegales –golpistas incluso– de algunos empresarios privados, echándolos de la radiodifusión. Ya en la gestión de Nicolás Maduro, se puede decir que las posiciones discrepantes han sido del todo desplazadas de la televisión. Antes de ese relevo en el gobierno la personalización extrema, el empleo populista, la exclusión de cualesquiera otras opciones y la instauración de la monotonía política en la televisión de ese país llevó a investigadores como Marcelino Bisbal a señalar que, en Venezuela: “El Estado ha ido construyendo una plataforma de medios que no tiene precedentes ni en Venezuela, ni en América Latina”.
En Bolivia, el gobierno de Evo Morales proporcionó más recursos a la televisión estatal de la cual hace un instrumento notoriamente propagandístico frente a los medios privados. Fernando Mayorga ha descrito esa polarización: “En los últimos años, el espacio mediático se reduce a la existencia de dos circuitos comunicacionales por donde transitan los discursos políticos y los discursos sobre la política. Por una parte, las redes y consorcios mediáticos vinculados al sector empresarial, que elaboran, reproducen y amplifican las posturas opositoras al Gobierno. En contrapartida, una red nacional de radioemisoras comunitarias locales —que amplían el rol de la radio estatal, del periódico gubernamental y de la televisión pública— es utilizada por el Gobierno para legitimar sus posiciones. En ningún caso la objetividad forma parte de la construcción de las noticias”.
No es más alentadora la situación ecuatoriana. Los abusos de las corporaciones que estaban habituadas a disponer a su conveniencia de la influencia y los beneficios de los medios de comunicación, pero además el autoritarismo que desarrolló en los años recientes el gobierno del presidente Rafael Correa, han conducido a un progresivo enfrentamiento. Además de crear una televisora pública, Correa ha mantenido sin licitar tres canales de televisión que fueron incautados en 2008 debido a la crisis del grupo financiero que los manejaba. Con esos recursos y con el frecuente encadenamiento de toda la televisión, en opinión del investigador Carlos de la Torre, Correa se relaciona directamente con los ciudadanos sin intermediación de los partidos y de las instituciones democráticas.
Muy distinta fue la situación en Paraguay en donde, bajo el gobierno del presidente Fernando Lugo, durante un año funcionó un canal de televisión pública que con muy pocos recursos supo ganarse la adhesión de los televidentes. De acuerdo con el Centro de Estudios Legales y Sociales, cuando Lugo fue destituido, en junio de 2012 los directivos del canal fueron suspendidos y la parrilla de programación fue modificada de inmediato.
Instrumentos de propaganda
El caso de Argentina es más conocido pero, sin duda, más complejo. El tránsito de la complicidad a la rivalidad que la familia Kirchner tuvo con los consorcios mediáticos más influyentes, la promulgación de una ley audiovisual favorable a la diversidad en la radiodifusión pero entrampada en el litigio del gobierno con los grupos mediáticos con todo y la cauda de querellas judiciales que lo acompañan, las adhesiones acríticas o los cuestionamientos exaltados que suelen hacerse de ese proceso, conducen al riesgo de evaluarlo en blanco o en negro. En el plano de los medios públicos, ha destacado la renovación del Canal 7, favorecido con la transmisión de buena parte de los partidos de futbol de la liga argentina. Pero junto con el servicio a las audiencias y la apertura de nuevas opciones, se aprecia una utilización facciosa de esa y otras frecuencias. En un balance de las políticas de comunicación de los presidentes Néstor Kirchner (2003 – 2007) y Cristina Fernández de Kirchner (2007 – ) el investigador Martín Becerra considera: “el gobierno acentuó el carácter proselitista de las emisoras estatales que, según la ley, deben ser plurales, aunque potenció señales de carácter cultural y educativo”.
En Uruguay el gobierno del presidente José Mújica renovó la Televisión Nacional y en mayo de 2013 presentó una iniciativa de Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual que ampliaría y fortalecería los medios públicos con un esquema de participación ciudadana (según hace constar la Coalición por una Política Democrática de Comunicación). Allí hay una excepción a la tendencia reciente en donde los medios públicos, o financiados con recursos públicos, son convertidos en instrumentos de propaganda o en instrumentos para dirimir discrepancias políticas con corporaciones privadas.
No pretendemos, ni podemos, hacer aquí una reseña detallada de casos latinoamericanos recientes (un inventario de tales experiencias se encuentra en el trabajo de Ortega Ramírez, 2010). Falta por mencionar la situación, con rasgos distintos, en países como Brasil (en donde los gobiernos de Luis Inazio Lula y Dilma Rousseff han conferido escaso impulso a la televisión pública) y Chile (con una televisión pública de larga tradición y recientemente desteñida por el bajo perfil que le da el gobierno del presidente Sebastián Piñera).
La tentación del patrimonialismo
El caso mexicano, con novedades importantes, se encuentra en un momento de transición, a la espera de las consecuencias que tendrá para los medios públicos la reciente reforma constitucional para las telecomunicaciones. Una vez aprobada esa reforma, que adjudica independencia y recursos a los medios públicos, la legislación reglamentaria definirá el rumbo de esos y quizá de nuevos medios de ese corte. Sin embargo no son pocos los obstáculos en dicho proceso. Entre ellos quizá no resulte menor la reticencia de las burocracias que hasta ahora han encabezado a los medios auspiciados por gobierno federal, gobiernos locales e instituciones educativas y que se resisten a una autonomía orgánica que significaría mayores responsabilidades para ellos.
En todos esos casos se advierte la tentación del patrimonialismo por parte del poder político; se trata de una tendencia que José Natanson describe críticamente: “Aunque a menudo se proclama que se trata de medios estatales y no gubernamentales, y por más que se invoque el ejemplo de neutralidad política de la BBC, en general los gobiernos le han imprimido a sus medios un tono claramente oficialista, en algunos casos de un oficialismo exasperante”.
Otro es el contexto, pero no son muy distintas las actitudes políticas respecto de la televisión pública, que se aprecia en España. El Partido Popular y el gobierno de Mariano Rajoy han manifestado un obsesivo interés para dejar sin recursos, cuestionar el profesionalismo, reducir los canales digitales y desarticular al consejo de administración plural que tenía Radio Televisión Española. Además se ha echado a andar la privatización de canales autonómicos. Esa actitud, el investigador Enrique Bustamante la ha denominado “hiperactividad gubernamental contra el servicio público”.
Con todo y esas peculiaridades, hoy en Hispanoamérica el de los medios públicos se ha convertido en tema ineludible. Ya sea porque en algunos casos se les ha querido arrinconar, o debido al afán de apropiación política, los medios de esa índole han dejado de ser ignorados por el poder político. Y antes que nada, en la sociedad se mira a los medios públicos como una opción cualitativamente distinta a los de carácter mercantil. Allí se encuentra el futuro de una comunicación diferente.
