Alex A. Chamán Portugal
En el Perú, la violencia y el crimen no son fenómenos aislados ni meros productos de la marginalidad o la pobreza. Son, más bien, herramientas políticas diseñadas y perpetuadas por las clases sociales dominantes para mantener su hegemonía sobre un Estado podrido y al servicio de intereses del capitalismo en ruinas y su expresión neoliberal depredadora. Este sistema, que se sostiene sobre la explotación y la opresión, utiliza el terror como mecanismo de control social, por lo que las genocidas y mafiosas fuerzas armadas y policiales se constituyen en su principal sostén. Los mal denominados medios de comunicación mercenarios actúan como sus cómplices.
El Estado Peruano al Servicio del Capital
El Estado peruano, lejos de ser un ente neutral que vela por el bien común, es una estructura al servicio de las empresas transnacionales saqueadoras y de la lumpen burguesía peruana apátrida. Estas élites, en su afán de mayor acumulación capitalista, han convertido al Estado en un aparato gansteril y terrorista gracias a su monumental política represiva que protege sus intereses a costa de la vida y la dignidad del pueblo. La corrupción endémica, la impunidad y la violencia institucional son síntomas de un sistema que ha sido diseñado para oprimir a las masas populares.
Las perversas fuerzas armadas y policiales, lejos de ser instituciones al servicio de la ciudadanía, han sido históricamente instrumentos de represión y viabilizadoras de Terrorismo de Estado. Desde inicios de la república hasta la actualidad, estas instituciones han sido utilizadas para aplastar cualquier intento de rebelión, resistencia o lucha popular. En el contexto actual, su papel en la defensa del modelo neoliberal es evidente: reprimen protestas sociales, encarcelan a luchadores sociales, criminalizan la pobreza, forman parte de bandas delincuenciales de narcotráfico, extorsiones y sicariatos. Además, son fervientes defensoras de intereses de las grandes corporaciones.
El Crimen como Herramienta de Control Social
En un sistema donde la desigualdad es estructural, el crimen no es solo un producto de la desesperación, sino también una herramienta política. Las clases dominantes explotadoras utilizan el miedo al crimen para justificar la militarización de la sociedad y la implementación de políticas represivas. La llamada «guerra contra el crimen» no es más que una cortina de humo para ocultar las verdaderas causas de la violencia: la descomposición de la sociedad, la decadencia del Estado y sus poderes e instituciones, la explotación económica y las insultantes desigualdades, la exclusión social a través del racismo y discriminación, la manipulación y estupidización social mediante los aparatos ideológicos como la educación en ruinas, la prensa basura, así como la creciente falta de oportunidades. En suma, conculcación de derechos fundamentales y libertades.
El Estado peruano, en lugar de abordar las raíces estructurales del crimen, prefiere criminalizar a los más vulnerables. Los jóvenes de los barrios marginales, los indígenas, los campesinos, los trabajadores son estigmatizados, los activistas y luchadores sociales son perseguidos y encarcelados y tratados como delincuentes potenciales aplicado el siniestro derecho penal del enemigo. Mientras tanto, los verdaderos criminales —los grandes empresarios que hacen negociados y evaden impuestos, los politiqueros neoliberales al servicio de la mafia fujimontesinista y sus socios, los militares y policías genocidas, los periodistas mercenarios y los traficantes de influencias— operan con total impunidad.
La Prensa Mercenaria como Aliada del Poder
La prensa en el Perú no es un contrapoder, sino un aliado incondicional de las explotadoras clases dominantes. Los grandes medios masivos de información, controlados por los mismos grupos económicos que detentan el poder político burgués, se encargan de difundir una narrativa que justifica la represión y legitima el statu quo. A través de la manipulación mediática, se construye una imagen distorsionada de la realidad, donde los pobres son culpables de su propia miseria y las fuerzas represivas son presentadas como héroes.
Esta prensa basura no solo oculta los crímenes del Estado, sino que también criminaliza la protesta social y justifica las injusticias contra la patria y el pueblo. Las movilizaciones populares son presentadas como actos de vandalismo, y los líderes sociales son estigmatizados como terroristas a través del terruqueo, promovido por los enemigos de los intereses de la patria y el pueblo. De esta manera, se busca deslegitimar cualquier forma de resistencia y justificar la represión.
El Neoliberalismo como Proyecto Genocida
El perverso modelo neoliberal impuesto a sangre y fuego en el Perú no es solo una manifestación económica, política e ideológica del capitalismo, sino un proyecto genocida que ha dejado millones de víctimas vía sus políticas hambreadoras y empobrecedoras. La privatización de los servicios públicos, la explotación desmedida y saqueo de los recursos naturales, la implementación de políticas que criminalizan la protesta popular y la funesta precarización laboral han generado una crisis humanitaria que afecta principalmente a las clases sociales explotadas y oprimidas. Las políticas neoliberales no solo han empobrecido a la mayoría de la población, sino que también han destruido el tejido social y han fomentado la violencia irracional capitalista.
En este contexto, las fuerzas represivas del Estado actúan como perros guardianes del modelo neoliberal. Su función no es proteger a la ciudadanía, sino garantizar que los intereses de los explotadores y opresores, así como de sus esbirros (autoridades y funcionarios de alto rango) y las grandes corporaciones no sean cuestionados. Por eso, no es casualidad que las protestas contra las mineras, las petroleras y otras empresas extractivistas sean reprimidas con brutalidad.
Hacia una Resistencia Popular Anticapitalista
Frente a este panorama desolador, la única salida es la organización y la resistencia popular. Las luchas de los obreros, los campesinos, los indígenas y los jóvenes son la esperanza de un futuro distinto. Un futuro donde el crimen no sea una herramienta política, donde el Estado no sea un instrumento de opresión y donde la justicia social sea una realidad.
Para construir este futuro, es necesario desmantelar el sistema capitalista y neoliberal que sustenta la violencia y la desigualdad. Esto implica no solo luchar contra las políticas represivas del Estado, sino también construir alternativas desde abajo. La solidaridad, la organización comunitaria y la lucha por la justicia social son las herramientas con las que podemos enfrentar al enemigo común: las mafiosas clases dominantes y su Estado genocida.
La estrategia del terror en el Perú no es un fenómeno casual, sino una herramienta política diseñada para mantener el poder de las élites. Frente a esta realidad, la resistencia popular y la construcción de un proyecto anticapitalista y antineoliberal son las únicas vías para alcanzar una verdadera transformación social. El camino no será fácil, pero es el único que puede llevarnos a un futuro de justicia y dignidad para todos.
La Lucha por una Asamblea Constituyente y una Constitución Política Democrática
En el marco de un Estado peruano putrefacto, al servicio de las élites neoliberales y sostenido por la represión y el terror, la lucha por una Asamblea ConstituyentePopular y una Constitución Política Democrática se vuelve una necesidad urgente y progresista. La actual Constitución, impuesta en 1993 bajo el mandato fujimontesinista, es la columna vertebral del modelo neoliberal que ha generado mayor explotación, saqueo, exclusión, desigualdad, violencia absurda y demás injusticias. Es una carta magna diseñada para proteger los intereses de las clases dominantes, garantizando la privatización de los recursos, la precarización laboral y la impunidad de los mafiosos vendepatria y antipueblo.
Una nueva Constitución, nacida de una Asamblea Constituyente libre, soberana y popular, es la herramienta para desmontar este sistema opresivo. Solo un proceso constituyente auténticamente democrático, con participación directa de los trabajadores, campesinos, indígenas, mujeres y jóvenes, puede garantizar una carta magna que priorice los derechos económicos, sociales, políticos y culturales sobre los intereses del capital. Una Constitución que nacionalice los recursos naturales, incentive y precautele la producción nacional y el mercado interno, restituya los derechos fundamentales y libertades demoliberales del pueblo, garantice la soberanía alimentaria, reconozca la plurinacionalidad, y democratice la maquinaria estatal y desmantele su aparato represivo.
La lucha por una Asamblea Constituyente no es solo una justa demanda política, sino un acto de resistencia anticapitalista y antineoliberal. Es el camino para construir un Estado verdaderamente democrático liberal con ciertos componentes populares, que sirva a las mayorías y no a las élites. En un país donde el crimen y la violencia son herramientas de control político, una nueva Constitución es la esperanza de un futuro con menor explotación y opresión, donde la justicia social sea el pilar de la democracia liberal.
