La importancia y complejidad de las tareas pendientes que debe encarar el gobierno interino puede romper más de un espinazo, inclusive si estuviese fabricado de la aleación metálica más resistente y templada. Para peor, los plazos que corren y la rigidez intrínseca de la legislación, y de las contradicciones y fracturas que se han evidenciado durante la pugna que ha derrotado al régimen caído no admiten grandes demoras o aplazamientos.
La negociación política entre el Ejecutivo y el Legislativo ha generado, hasta ahora, resultados sorprendentemente rápidos, que han sobrepasado inclusive los cálculos más optimistas. Si se considera el antagonismo ideológico y político que separa a los recién llegados gobernantes, de nítido cuño y talante conservador, con los dos tercios controlados por el Movimiento al Socialismo (MAS) en el Órgano Legislativo, lo avanzado resulta sorprendente.
Los choques violentos han prácticamente desaparecido y los acuerdos para llamar a elecciones, y elegir nuevas autoridades electorales se han adoptado por unanimidad. Los pasos pendientes pueden resultar menos sencillos, pero nada induce a pensar que se presentarán bloqueos insuperables.
Sin embargo, las tareas pendientes son más desafiantes. Está en primer lugar la necesidad de llevar adelante investigaciones independientes, veraces y oportunas para identificar a los responsables intelectuales y materiales de las explosiones de violencia, los muertos y heridos, y los considerables daños a propiedades públicas y privadas. El enjuiciamiento y penalización de los causantes, así como la reparación se convertirán en un atolladero, si se filtran sospechas de parcialidad o lenidad.
Actores internacionales como la OEA tienen que completar, en un plazo perentorio, la entrega de su informe completo sobre los problemas detectados que indujeron a que su informe preliminar del 10 de noviembre señale que no había más opción que anular las últimas elecciones nacionales. Un detalle claro y pormenorizado de las anormalidades y delitos encontrados es indispensable para terminar de sepultar la versión de los hechos con que están tratando de cubrir sus huellas los personeros del gobierno renunciante.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) tiene una responsabilidad, mayor todavía, en cuanto a fundamentar sus informes iniciales, porque si reitera el burocrático y descuidado tratamiento que ha dado a denuncias anteriores, incluyendo la demanda para que se pronuncie sobre el artilugio usado por el Tribunal Constitucional (TCP) para autorizar reelecciones indefinidas, suspender de facto nuestra Constitución y anular de hecho los resultados de nuestro referendo constitucional de 2016, caerá con fuerza sobre su comportamiento una justificada sindicación de ser corresponsables de los daños y víctimas que prosperaron gracias a su silencio.
Estas son las verdaderas prioridades diplomáticas para una administración que carece de tiempo para llevar adelante nuevos diseños de relaciones internacionales que superan holgadamente la fugaz duración de su mandato. En otro espacio, pero también en la dimensión de relaciones externas, es indispensable revocar los permisos concedidos a dragas extranjeras que están emponzoñando con sus residuos nuestras cuencas más importantes.
Es igual de importante que se dediquen los máximos esfuerzos para disipar la espesa cortina con que el gobierno del MAS ha escondido datos sobre la verdadera dimensión de las deudas estatales (nacional e internacional), así como para sacar a la luz contratos y planes, celosamente escondidos, y para empezar a revelar las auténticas dimensiones del malgasto, las inversiones aberrantes y el dispendio de los recursos públicos.
Las gentilezas que le ha dispensado hasta ahora el Tribunal Constitucional (TCP) al gobierno interino no deberían hacer perder de vista que el TCP debe desandar, ya mismo, los pasos que lo llevaron a suspender la vigencia de la Constitución y atribuirse la potestad de reformarla a su sabor y anular la voluntad soberana del pueblo.
Descuidar este flanco equivale a poner en riesgo todo lo avanzado para dejarlo a merced de un grupo que se ha comportado cual una banda sumisa y mercenaria al servicio de quien controla el poder.
Roger Cortez es director del Instituto Alternativo.
