Después de la aprobación de la Ley de Organizaciones Políticas, el último cuatrimestre de 2018, fue escenario de intensos debates sobre las “elecciones primarias”, modalidad de selección de los binomios presidenciales a ser postulados por las organizaciones políticas en las próximas elecciones generales. Gracias a esos debates quedó en evidencia que en realidad ese procedimiento fue introducido por el evismo, persiguiendo tres fines: insuflarle algo de legitimidad al binomio masista, cuya deshonrosa habilitación por el Tribunal Constitucional sólo le había dado soporte jurídico; acortar casi un año el calendario electoral, añadiendo otro obstáculo para las dispersas fuerzas de oposición, y entorpecer al máximo el proceso de tránsito de las agresivas plataformas ciudadanas a la condición de organizaciones políticas.
Los rasgos que rodearon a las “primarias” del domingo 27 de enero confirmaron inequívocamente las denuncias difundidas por expertos en el tema y las fuerzas opositoras: la militancia de las organizaciones políticas no eligió a sus candidatos, sólo acudió a las urnas a confirmar solitarios binomios. Sólo se trataba de una trampa política, al menos en esta oportunidad.
Al parecer, la abrupta introducción de las “primarias” no es la única trampa sembrada por esta polémica ley. En estos días podría estarse consumando un segundo artificio autoritario dirigido a impedir que la oposición haga uso de mecanismos de aglutinación de fuerzas democráticas, utilizando para ello una regulación irracional del plazo para la constitución de alianzas políticas. Para desnudar esta segunda trampa se necesita revisar rápidamente los antecedentes del tema.
La Ley de Partidos Políticos 1983 disponía que las alianzas entre estos actores políticos podían registrarse hasta el último día de la inscripción de listas de candidaturas. Exactamente lo mismo regulaba la Ley de Agrupaciones Ciudadanas y Pueblos Indígenas, 2771. Ambos instrumentos jurídicos estuvieron vigentes hasta septiembre de 2018, momento en que fueron sustituidos por la polémica Ley de Organizaciones Políticas (LOP).
Analicemos qué ordena esta deshonesta ley: su artículo 51, parágrafo I, inciso b) instruye que las solicitudes de alianzas para presentar listas de postulantes a senadurías y diputaciones deben ser presentadas “hasta 60 días antes de la emisión de la convocatoria a elecciones generales”, sabiendo, por otro lado, que la Ley del Régimen Electoral (v. art. 94.I) ordena que esa convocatoria debe ser publicada al menos, 150 días antes del día de los comicios, aunque podrían ser 155 o 160 días, dependiendo del Tribunal Supremo Electoral (TSE), órgano que la emite.
Vale decir que la LOP fija un plazo en función de otro que no se conoce. Este procedimiento es irracional y cínico, puesto que las alianzas políticas para inscribir listas únicas de aspirantes al Senado y la Cámara de Diputados deben formalizar sus acuerdos antes de confirmar que efectivamente se realizarán las elecciones, y cuándo. Los dirigentes políticos deben razonar con la cabeza de los miembros del TSE.
Veamos ahora el calendario resultante de la aplicación de estas tramposas disposiciones. Si las elecciones se llevan a cabo el 20 de octubre, la convocatoria deberá salir, a más tardar, el domingo 26 de mayo, por tanto, el plazo para las alianzas habría vencido el 27 de marzo.
Sin embargo, por sus debilidades electorales y buscando garantizar resultados favorables en el voto de los residentes bolivianos en Argentina, el Ejecutivo le “sugirió” (imperativamente, claro) al TSE que la fecha de los comicios no coincida con la del voto en el país vecino. Para viabilizar jurídicamente este pedido, el Órgano Electoral se vio obligado a pedir al Legislativo que modifique la Ley Electoral, afirmando que le bastarían 120 días, antes de las elecciones, para aprobar el llamado al evento.
En ese caso, manteniendo el 20 de octubre como día de las urnas, la convocatoria deberá conocerse el 21 de junio y la solicitud de alianzas hasta el 22 de abril. En suma, así como las elecciones primarias redujeron el calendario electoral casi un año, el plazo para las alianzas vence en apenas tres semanas. ¡Si Evo Morales, García Linera o cualquier otro masista puede demostrar lo contrario, tienen la palabra!
Carlos Böhrt I. es un ciudadano crítico.
