Donde termina la ley, comienza la tiranía –John Locke
Estamos siendo testigos pasivos de un crimen de Estado. El presidente Luis Arce, Evo Morales y el MAS han decidido administrarle una muerte lenta a Luis Fernando Camacho, gobernador democráticamente electo de Santa Cruz. Ello, como para darle un escarmiento a Santa Cruz y a todo boliviano que tenga la valentía y entereza de oponérsele y denunciar sus crímenes y delitos.
Empezaron con el eslabón más vulnerable, apresando a Jeanine Añez, una mujer valiente, víctima de las circunstancias que le tocó vivir, que prácticamente se vio obligada a asumir la presidencia de la República luego de descubierto el masivo fraude electoral del MAS, hecho por el cual hubo en el país un repudio generalizado de los bolivianos, volcados por 21 días a las calles para protestar.
Una vez conocido su fraude, Evo Morales urdió una salida mañosa pidiendo a su propia gente que exija su renuncia, y demandando la renuncia de toda la línea de sucesión desde su vicepresidente hasta la jerarquía parlamentaria. Mediante su ministro de Defensa solicitó al comandante de las Fuerzas Armadas que se haga cargo del gobierno quien, en forma inconsulta con su Estado Mayor, pidió la renuncia del Primer Mandatario para simular un golpe militar.
El plan le falló a Morales porque en concertación con su propia dirigencia parlamentaria del MAS, el Congreso eligió a la vicepresidenta del Senado, Jeanine Añez, como Presidenta transitoria para convocar a nuevas elecciones.
Hoy, ella sufre encarcelamiento por haber accedido reticentemente a salvar a Bolivia de un simulacro de golpe militar, y el peligro de una guerra civil, llamando a nuevas elecciones, y entregando el poder al ganador: el MAS.
Luego que Luis Arce Catacora ganara las elecciones y retornara el MAS al poder en 2021, se inició la operación “lavado de cara” de Evo Morales tratando de reponer la figura de “golpe” (ya no podía ser militar) y ocultar el fraude; como si la presidenta Añez y la débil y minoritaria oposición hubiera podido o querido hacerse del gobierno… ¡para devolvérselo al MAS!
El posterior secuestro y prisión de la expresidenta Añez fue la señal, al país y al mundo, que quiso dar el gobierno para engañar a la opinión pública de que hubiera existido un “golpe”; inexplicablemente, para convocar a elecciones y permitir el retorno del MAS, que legalmente debió haber sido privado de su sigla y existencia legal, debido al fraude electoral de 2019.
El someter a la ex Presidenta a reclusión en una cárcel ordinaria de mujeres, en condiciones de tal humillación y maltrato, que la llevó al borde del suicidio, pretendía ostensiblemente amedrentar a la oposición y al país. Sin embargo, la fortaleza de carácter, la fe y resiliencia física de ella le han permitido sobrevivir 28 meses de confinamiento, que más bien han servido para dar un ejemplo de templanza.
Pero una vez acostumbrada la opinión pública al escarnio de una mujer ex Presidenta, sometida a una constante ignominia y agravio, y comprobada la débil reacción internacional, principalmente de la indolente y manejada Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el régimen masista fue por el objetivo mayor: el secuestro y confinamiento del gobernador Camacho, acusado por un inexistente “golpe de Estado”, detención que debía tener carácter temporal y preventivo.
Pero no, Camacho está preso en las condiciones más degradantes y severas, a pesar de saberse su delicada condición crónica de salud, en el penal de Chonchocoro, reservada para servir cadenas perpetuas de criminales sentenciados, considerados de la mayor peligrosidad; a más de 4000 metros de altura del gélido altiplano boliviano. Solo faltaba que lo encierren en una jaula como al terrorista peruano Abimael Guzmán, de Sendero Luminoso, sentenciado a cadena perpetua.
Con Camacho, el gobierno va más allá. Lo está matando progresivamente, a vista y paciencia de la justicia y de la CIDH. Lo está sometiendo a un régimen de tortura física y psicológica que pretende mostrarlo como escarmiento a la rebeldía de un pueblo, de un país preso de la dictadura electoral del MAS. Pero los verdugos tienen nombre y apellido, y el pueblo no olvida.
¡No fue golpe, fue fraude!
Ronald MacLean Abaroa fue alcalde de La Paz y ministro de Estado.
