El paro cruceño por el censo dio lugar a diversos criterios de solución al conflicto, desde los políticos, pasando por los jurídicos, llegando a los descabellados.
En días pasados y en reiteradas declaraciones públicas, el alcalde de La Paz, Iván Arias, como quien descubre el agua tibia, sostuvo que la solución al intríngulis de los escaños reclamados por el departamento de Santa Cruz (que actualmente no tienen correspondencia con su población) sería el incremento de diputados para todos los departamentos, de manera que todos queden conformes. Y, en consecuencia, fustigó que la Constitución Política del Estado (CPE), en su Art. 146-I, prevea que la Cámara de Diputados fije el número de representantes en 130. Así, propuso una reforma parcial de la Carta Magna, aduciendo que el incremento de asambleístas evitará la prolongación de los conflictos con este motivo.
En su curioso razonamiento, una vez que con un dato actualizado sobre la población nacional el Órgano Electoral proceda a la distribución de los 130 diputados entre los nueve departamentos, serán los departamentos que consiguientemente pierdan asambleístas los que se verán perjudicados y, por tanto, los problemas del censo tan mentado hoy darán un giro de 180 grados.
Es cierto que la CPE actual adolece de muchos defectos. De hecho, es un instrumento que más temprano que tarde debe ser modificado en temas substanciales. Pero el precepto que fija el número de parlamentarios de la Cámara Baja me parece extraordinariamente acertado; porque, como ya hemos visto en experiencias recientes sobre todo, la inseguridad jurídica de Bolivia entre otras causas tiene su génesis en la pasmosa facilidad con que quienes dictan las normas las dejan sin efecto, según, claro, la conveniencia política de los que tienen el control de los órganos que respectivamente están facultados para abrogar o derogarlas.
Pero volviendo a la insólita fórmula de solución de Arias ante la eventualidad de que constitucionalmente se incrementen diputados para todos los departamentos como mecanismo de “contentamiento a todos”, Santa Cruz volvería a la impugnación ante esta “imaginativa” idea, y con todo el derecho que pudiera tener cualquiera que doblando o triplicando su población respecto a uno o varios departamentos, su representación parlamentaria se tradujera apenas en unos pocos asambleístas.
Si el departamento de Santa Cruz está en intransigente lucha para que los resultados —por lo menos poblacionales— sean aplicados en los próximos comicios nacionales, es justamente porque aspira a tener una representación parlamentaria que esté en correspondencia con su población actual, o, dicho de otra manera —porque no hay por qué andar con subterfugios—, para tener una supremacía respecto a los demás departamentos.
Ahora bien, los resultados de un nuevo censo develarán que Santa Cruz, con seguridad, es la región más poblada; entonces, amparada en la Constitución, en las leyes de la materia y en el sentido común, debe tener más diputados que La Paz, departamento que actualmente tiene una leve ventaja en este ámbito sobre todos los demás, y es seguro que ello irá en su detrimento y de varios otros. Pero, para que Arias sepa, esas son las reglas del sistema de democracia representativa o elección de diputados, no solo en nuestra legislación, sino en la mayor parte del mundo.
Por ello, la actual distribución de diputados es incontrovertiblemente injusta en lo constitucional, y entonces sugerir siquiera incremento de diputados, aun sea proporcionalmente a la población de cada departamento, importa un razonamiento tirado de los cabellos, porque no hay ninguna diferencia con que el departamento que le doble en población a otro tenga cien diputados y el otro cincuenta o aquel tenga diez y este cinco, sobre todo cuando en nuestra cultura democrática los parlamentarios solo ocasionan un millonario gasto para el erario nacional y en un tiempo de evolución política mundial en que el Estado debería tender a achicarse, visto que su ampulosidad solo trae retraso y pobreza.
Y solo para añadir algo: ¿Alguien puede decir qué de bueno obtiene el país con los parlamentarios supranacionales?
Augusto Vera Riveros es jurista y escritor
