El presidente que ha depositado su suerte en las manos de un cuarteto de perdedores -los ministros de Justicia, Gobierno, el vocero y el de la Presidencia-, hábiles solamente para velar por sus intereses sectarios, está defendiendo la peor de las herencias del colonialismo, resumida en la idea de “no se puede”. Esa forzada manera de ver e interpretar las cosas choca frontalmente con la evidencia que produce la voluntad y el tesón de un pueblo que ha conquistado libertades, construido democracia y se impone diariamente sobre duras adversidades.
“No se puede”, el lema de los burócratas que tratan de probar supuestas imposibilidades, hijas de su desidia, pereza e incapacidad, es la coartada con que intenta esconderse que la decisión de postergar el censo es producto de una estrategia electoral, para no enfrentar la nueva realidad demográfica, económica y social de nuestro país y posponer su tratamiento hasta después de una nueva elección.
Esa estrategia ya está derrotada, porque las heridas que abre y profundiza el MAS con el conflicto conducen a que la mayoría electoral que consiguió hace años en Santa Cruz no pueda volver a repetirse y lo conduzca a empequeñecerse cada vez más.
Con cada día de paro se incrementa y amontonan el sufrimiento y el hambre de la aplastante mayoría de familias que dependen de flacos e inestables ingresos diarios; de los jóvenes que solo consiguen empleos precarios, sin salarios, beneficios o seguros.
El único ganador de la situación es la corporación de los cooperativistas auríferos, cuya ridícula tributación se ha reducido, al mismo tiempo que se ha ampliado la licencia para que avasallen nuestros parques nacionales, reservas naturales y territorios indígenas, emponzoñando nuestras principales cuencas con mercurio y aniquilando lo que tiene, que es la base de la nueva economía, verde y biodiversa, del país.
Las derrotas que acumula la nueva “banda de los cuatro” con sus imposiciones sobre el censo, su intolerancia y respuestas represivas, muestra ya sus ecos en la guerrilla parlamentaria de facciones masistas y la silente profundización de divisiones en los juzgados y fiscalías, en las Fuerzas Armadas, la Policía y en todos los espacios institucionales cooptados y colonizados. Esas fracturas también amenazan la tenue burbuja de estabilidad económica que ha logrado mantener a costa de un crecimiento de la deuda, dependencia y devastación ambiental.
La descomposición del MAS favorece momentáneamente las aspiraciones del bando de Morales Ayma, al que le encanta que el debilitamiento de gobernabilidad y gobernanza aproxime un horizonte de comicios adelantados, convocados sin revocatorio por voluntad propia del presidente, agobiado por su incapacidad de resolver problemas. Sin embargo, inclusive en ese escenario hipotético, Morales perdería ante el que fue su candidato.
Morales que saluda con sonrisas los apuros que vive el grupo gobernante, no entiende que, cuando le recomienda no exagerar las “amenazas golpistas”, denunciadas por el cuarteto y su mentor, desnuda la propia falsedad de su relato de que él mismo fue víctima de un golpe. Tampoco parece advertir que su talante autoritario está reduciendo y aislando su influencia a la franja de los grandes capitalistas del comercio de la coca, empelados en consolidar su control e influencia monopólica más allá del Chapare.
La ventaja de la que gozan ambos bandos es que al frente no tienen rival alguno, porque sus opositores espantan al electorado, al dejar claro que su eventual gobierno será de devaluaciones, despidos y fortalecimiento de ventajas y privilegios para los grupos económicos más concentrados y transnacionalizados.
Esos opositores que no han tenido el valor de enjuiciar por prevaricato a los anteriores y actuales del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), por golpistas (alteraron sustancialmente el orden constitucional) y prevaricadores, carecen de proyecto alternativo nacional.
El censo puede y tiene que hacerse con base en la consulta, participación, movilización y control social. Es una meta completamente posible, como lo es un Buen Gobierno, basado en la consulta, el estímulo y el respeto del bien colectivo, por encima de los egoísmos grupales que promueve el régimen corporativista y sectario.
