En Bolivia, ser madre representa un acto de resistencia. Actualmente existen más de 2,3 millones de mamás en un país golpeado por la crisis económica, la desigualdad estructural y el abandono institucional. Según datos preliminares del Censo Nacional de Población y Vivienda 2024 difundidos por el Instituto Nacional de Estadística (INE), el país cuenta con 11.312.620 habitantes y el departamento de Santa Cruz se consolida como el más poblado, con más de 3,1 millones de personas. Detrás de estas cifras hay millones de historias marcadas por la lucha cotidiana para alimentar, educar y proteger a los hijos en medio de una inflación desbordada, una informalidad laboral asfixiante y un Estado que no llega o llega tarde a donde más se lo necesita. La maternidad en Bolivia, lejos de ser acompañada y protegida, se sostiene sobre los hombros de mujeres que enfrentan la crisis más dura en décadas.
El 73% de las madres reside en áreas urbanas, mientras el 27% vive en zonas rurales, reflejando un proceso de urbanización acelerado en la última década. Sin embargo, esto no significa necesariamente mejores condiciones de vida porque muchas madres viven en zonas periféricas o asentamientos informales, en laderas donde no hay acceso a servicios básicos como agua potable, alcantarillado o transporte público regular. La expansión urbana vino acompañada con falta de infraestructura y políticas de vivienda digna, lo que agudiza la precariedad en la que crían a sus hijos.
Según el INE, la edad promedio para tener el primer hijo aumentó a 24,2 años, una tendencia asociada al mayor acceso a educación, empleo y métodos anticonceptivos. La tasa global de fecundidad tuvo una caída de 4,2 hijos por mujer en 1998 a 2,1 en 2023, ubicándose en el nivel de reemplazo poblacional. Este descenso está vinculado a la mejora en los niveles educativos y de ingreso de las mujeres, aunque el número ideal de hijos expresado por las encuestadas es de 1,9, lo que podría anticipar una futura reducción poblacional si la tendencia se mantiene.
En cuanto al estado civil, el 61% de las madres está casada, el 17% convive en unión libre, el 8% es viuda, el 7% soltera y otro 7% se encuentra separada o divorciada. El 19% de las madres son jefas de hogar, una proporción que sube al 20,6% en las ciudades y desciende al 13,6% en el área rural.
En cuanto al ámbito laboral éste sigue marcado por la informalidad porque el 58% de las madres está económicamente activa, en su mayoría en ocupaciones como el comercio ambulante, la agricultura familiar, los servicios personales, el trabajo doméstico, la venta de comida en la calle, la recolección de basura reciclable, el lavado de ropa ajena y otras actividades de subsistencia que no garantizan ingresos estables ni derechos laborales, al margen deben cumplir con sus labores domésticas y atención a sus familias. Más del 70% de las mujeres trabajadoras se desempeña en el sector informal, lo que implica escaso acceso a beneficios sociales, licencias de maternidad y protección legal. La brecha salarial de género persiste, con diferencias de hasta un 30% en promedio respecto a los hombres.
La crisis económica de 2025 empeoró la situación de las familias y en particular de las madres bolivianas. Bolivia es actualmente la tercera economía más inflacionaria de América Latina, con una tasa interanual del 15,01% hasta abril de este año, solamente superada por Venezuela y Argentina. La inflación acumulada en 2024 fue del 9,97%, la más alta desde 2008 y el Fondo Monetario Internacional proyecta que la inflación se mantendrá elevada durante 2025, mientras el crecimiento económico será mínimo, apenas del 1,1%.
Por otro lado, la escasez de combustibles y el encarecimiento de la canasta familiar provocaron protestas y bloqueos en varias regiones, afectando la vida cotidiana y la capacidad de las madres para garantizar el bienestar de sus hijos. Muchas familias enfrentan dificultades para acceder a alimentos y productos esenciales, lo que incrementa la vulnerabilidad de los hogares monoparentales y de las mujeres jefas de hogar.
El abandono infantil sigue siendo un problema crítico. Más de 5.000 niños y niñas viven en centros de acogida, según el Viceministerio de Igualdad de Oportunidades. Las causas principales del abandono son la violencia intrafamiliar, los embarazos no planificados, la extrema pobreza y la falta de redes de apoyo. Entre 2015 y 2023, los casos de infanticidio superaron los 40 anuales en varios departamentos, especialmente en El Alto, Cochabamba y Santa Cruz.
La capacidad de respuesta de la sociedad civil se vio drásticamente reducida. El número de ONGs activas en Bolivia cayó de 1.980 en 2015 a 206 en 2025, una disminución del 89,6%, mientras las ONGs internacionales pasaron de 185 a 44. Muchas de las ONGs desaparecidas brindaban atención directa a madres en situación de vulnerabilidad mediante comedores populares, guarderías comunitarias, asesoramiento legal, redes de microcrédito, acceso a salud sexual y reproductiva, o programas de formación técnica. Su ausencia dejó un vacío crítico en barrios urbanos y comunidades rurales donde el Estado no llega o lo hace de manera insuficiente.
En países comparables como Guatemala, Honduras o la República Democrática del Congo, la presencia de ONGs sigue siendo significativa a pesar de restricciones similares y en contextos de pobreza extrema como Haití, las ONGs suplen numerosas funciones estatales en salud y educación. En Bolivia, la disminución de la cooperación internacional y la restricción a la sociedad civil limitan la capacidad de implementar programas de apoyo a madres y niños, especialmente en zonas rurales y periurbanas donde el Estado tiene baja presencia.
A pesar de algunos avances, como el aumento de la alfabetización femenina por encima del 90% y la reducción de la fecundidad, persisten brechas profundas en salud materna, protección infantil y apoyo a familias vulnerables. La crisis económica, la inflación y la reducción de la cooperación internacional configuran un escenario especialmente adverso para las madres bolivianas en 2025, quienes enfrentan día a día el desafío de sostener a sus familias en medio de una crisis que no da tregua.
Con las elecciones generales en Bolivia previstas para agosto, el país se enfrentará a una encrucijada decisiva. El próximo gobierno deberá asumir con urgencia el compromiso de proteger y apoyar a las madres bolivianas sin distinción, priorizando a quienes sostienen sus hogares en condiciones de precariedad extrema. No basta con beneficiar a las militantes del partido de turno ni usar los programas sociales como herramientas clientelares. La maternidad en Bolivia exige políticas públicas integrales, con enfoque de género y justicia social, que garanticen derechos básicos y oportunidades reales para todas las mujeres que sostienen al país …de forma invisible.
