Según la doctrina del derecho penal internacional, la macrocriminalidad política o criminalidad gubernamental es la criminalidad fortalecida por el Estado; se trata de una criminalidad ejercida hacia adentro, contra los propios aciudadanos del seno del Estado.
El derecho penal internacional ha puesto límites a la impunidad de esos crímenes; lo ha hecho a través del Estatuto de Roma, instrumento jurídico que dio nacimiento a la Corte Penal Internacional (CPI). Dicho estatuto tipifica los delitos de competencia de la Corte: genocidio, lesa humanidad, guerra y agresión; establece el procedimiento a seguir en la denuncia, investigación y juzgamiento de tales ilícitos y regula cuestiones administrativas relacionadas con el funcionamiento de la CPI.
Este instrumento jurídico ha realizado aportes muy significativos a la justicia penal universal, incorporando importantes institutos jurídicos y principios, tales como: la improcedencia del cargo oficial (que elimina todo tipo de inmunidades en razón del cargo), la responsabilidad de los jefes y superiores (el superior es responsable, tanto por su propia falta al intervenir, como por la ausencia de supervisión y control propios de sus subordinados), y las órdenes superiores (la obediencia debida ya no constituye una eximente).
Hoy todo justificativo en contrario a estas normas no tiene valor jurídico y la CPI puede sancionar sin excepción la comisión de los delitos arriba señalados, en todas sus manifestaciones previstas en el Estatuto de Roma. Ya no hay más inmunidad en razón del cargo y la responsabilidad de los mandos superiores sean civiles o militares responde además por la conducta de sus subordinados. También se afirma la responsabilidad penal internacional del individuo, como una regla para sancionar los crímenes contra la humanidad
La Corte Penal Internacional no es una utopía. Allí ya han sido juzgados individuos que otrora fueron poderosos. Hay otros que también comparecerán en su oportunidad, entre ellos Nicolás Maduro y la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, la Policía y del Servicio de Inteligencia, feroces represores del pueblo venezolano. A Daniel Ortega también le tocará el turno por la brutal represión, asesinatos y torturas contra el pueblo nicaragüense.
Venezuela fue el primer país sudamericano que ratificó el Estatuto de Roma (7 de junio de 2000), lo hizo persuadido de que esta nueva instancia internacional pondría fin a los crímenes contra la humanidad. Hoy el régimen venezolano ha sido acusado ante la Corte Penal Internacional. Naciones Unidas, la OEA, la Unión Europea, acompañando voluminosas pruebas que “demuestran la perpetración de cientos de homicidios, violencia de las fuerzas de seguridad contra manifestantes, detenciones arbitrarias y torturas, y advierten de la impunidad de las autoridades, han pedido a la Corte que investigue esos delitos y juzgue a los culpables. Lo propio ha solicitado Colombia, Estados Unidos y numerosos grupos de congresistas chilenos y colombianos, y seguramente las denuncias irán en aumento.
Recientemente la fiscal de la CPI ha anunciado la apertura del examen preliminar de las denuncias contra el gobierno de Maduro, a lo que seguirá la investigación, la detención y el juzgamiento de los implicados en tales crímenes. Se espera que el análisis preliminar de las denuncias -medida inicial de todo el procedimiento a seguir- evite al menos que se produzcan mayores agresiones contra el pueblo venezolano.
Respecto a Daniel Ortega, es evidente que Nicaragua no es parte del Estatuto de Roma, razón por la que la jurisdicción de la CPI no alcanza al territorio de ese país, ni a los nicaragüenses. Sin embargo, a instancias del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, Daniel Ortega, Rosario Murillo y todos sus colaboradores podrían ser investigados, aprehendidos y juzgados por la CPI. Si el Consejo remite el caso a la Corte, este Tribunal adquiere competencia automática para iniciar las investigaciones correspondientes. Esperemos que así sea.
