La Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) fue creada mediante Decreto Supremo N° 29894 el año 2009 en reemplazo de la Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras (SBEF), asumiendo las funciones de supervisión de las entidades que participan en el Mercado de Valores.
El objeto de ASFI es regular, controlar y supervisar los servicios financieros en el marco de la Constitución Política del Estado, la Ley N° 393 de Servicios Financieros y los reglamentos. A su vez la Ley 393, entre otras, regula la prestación de los servicios financieros, la organización y funcionamiento de las entidades prestatarias de servicios financieros, la protección del consumidor y la participación del Estado como rector del sistema financiero, velando por la universalidad de los servicios y orientando su funcionamiento en apoyo de las políticas de desarrollo económico y social del país.
Es decir, la ASFI tiene atribuciones fundamentales en el sistema financiero, pero a la vez autonomía de gestión administrativa. Pese al alto sueldo que reciben sus funcionarios no están cumpliendo con la responsabilidad de proteger al consumidor financiero.
Así mismo, no realizaron la fiscalización oportuna y suficiente del mercado de valores y correcto funcionamiento de las entidades financieras, tal como lo acontecido en el Banco Fassil, permitiendo que algunos privilegiados se beneficiaran con créditos vinculados, dañando en consecuencia al resto de sus clientes y aumentando la inestabilidad financiera en el país.
Resulta que ahora los Bancos, aprovechando el descalabro económico y escases de divisas, deciden sobre las cuentas de sus clientes como les parece, peor si son en dólares. Establecen arbitrariamente la cantidad de dinero que dan por semana, la tasa de cambio que se les ocurre.
A veces son “buenos” y hacen el favor de dar tasas de cambios “preferenciales”, también deciden el corte de billetes y llegan inclusive a no darles ni un dólar aduciendo que son trasferencias recientes, llegando al extremo de prohibir trasferencias de una cuenta en dólares a otra dentro del país. De esa manera, los bancos a pesar de la existencia de la ASFI, se están autorregulando como quieren de acuerdo a sus antojadizos criterios e intereses. En toda esta situación de escasez, especulación y agio, llama también la atención el rol del Banco Central que no advirtió que se quedaba sin divisas o que se gestaba una gran especulación y corrida bancaria.
A esta altura la ASFI debería cumplir con su deber de garantizar los derechos de las y los clientes financieros porque de otra manera la pregunta es para qué sirve esta entidad y qué hace su ente rector.
Lo cierto es que en cuando puedan las y los clientes que confiaron en el sistema financiero, preferirán guardar su dinero bajo el colchón antes de que les pase lo mismo que en los años 80 con la desdolarización e hiperinflación de la UDP, donde miles de personas perdieron todo y los únicos que se beneficiaron enriqueciéndose fueron los que implementaron la medida y todos aquellos que tenían información anticipada sobre la misma.
Por otra parte, y con idéntica irresponsabilidad, mientras el ex ministro de aguas y medio ambiente Juan Santos Cruz supuestamente conseguía dinero mediante las “coimas” millonarias de empresas que se adjudicaban obras y robaba a manos llenas, el agua que consumimos está contaminada. Según investigaciones de laboratorio las empresas mineras son las causantes de verter residuos peligrosos a las represas donde se almacena el líquido elemento para el consumo humano.
Al respecto, ¿Dónde está la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Agua Potable y Saneamiento Básico – AAPS, cómo fiscalizan las Comisiones del Parlamento, de qué manera se manifiestan las autoridades municipales, las entidades cívicas y las organizaciones de control social?
Quizás todos y todas de alguna manera, por negligencia u omisión, somos cómplices por la desidia y conformismo ante los graves acontecimientos en el país.
