Un dicho muy popular es “hecha la ley, hecha la trampa”, y en nuestro país se aplica a cabalidad, pues si bien el espíritu de la ley es sabio, en la práctica judicial se ven tantas anomalías y vacíos jurídicos que el resumen de todo es que los inocentes deben suplicar y gastar enormes montos de dinero, entre pericias, grafologías, oficios, informes, certificaciones, etc., para probar su inocencia y probar los actos injustos o delictivos de los contrarios, y estos, a su vez, sigan delinquiendo y abusando de la confianza de otras personas correctas que confiaron ya sea en un compromiso de pago, en un préstamo de dinero que hicieron y pensaron que los deudores devolverían o en la tan trillada asistencia familiar que se escucha. Respecto a esto último, se llega al punto de que los progenitores desconocen su responsabilidad y el progenitor (padre o madre) que está con el hijo tenga que solventar todo lo que el hijo gasta, hasta que se siga un proceso de acuerdo a ley. Es ahí donde uno se cuestiona…
¿En verdad existe justicia en nuestro país? No existe. En nuestro país —se ha comprobado ya muchas veces— se favorece al delincuente que puede pagar y no al inocente que no tiene dinero para pagar a un abogado (o a un juez). Mientras pasa el tiempo para demostrar los gastos impagos de una deuda o asistencia familiar, ¿uno de dónde debe obtener dinero para procesar?
Muchas personas, a vista y paciencia de cómo va la justicia en nuestro país, deciden levantar las manos, olvidar una deuda, resignarse a dejar que todo pase y no procesar al culpable o deudor, y a esto se suma que los administradores de justicia están mal actualizados. Por ejemplo, a un abogado que por experiencia curricular siempre resolvió materia civil lo envían de juez de penal, o viceversa; en muchos casos se ven, además, que jueces que estaban suspendidos vuelven a ser elegidos. Entonces, ¿qué fue de la ética y moral profesional que un día juramos tener en el ejercicio de nuestras funciones? La meritocracia no cuenta en lo más mínimo. Por otra parte, los funcionarios judiciales, teniendo en cuenta la tremenda carga laboral que tienen, están con un salario mensual tan mínimo por el trabajo que deben realizar sin considerar que solventan a sus familiares, que ello los empuja de alguna manera, sin ánimo de excusarlos, a realizar “cobros indebidos” lo que genera más desconfianza en la justicia boliviana y es ahí que los abogados tenemos otra frase que más de uno la dijimos: “Es mejor llegar a un buen arreglo que a un mal juicio”, ya que con la desconfianza que la justicia genera, uno litiga a ciegas, incluso teniendo pruebas fehacientes y claras, pero el juzgador, si es que él lo resuelve y no delega trabajo a funcionarios subalternos, no las toma en cuenta como debiera ser un debido proceso probo.
Los abogados somos el grito de los que se quedan sin voz, y entonces me pregunto yo: ¿De qué serviría toda la lucha, la cruzada por una justicia proba e independiente, el estudio y la intención de llevar un juicio justo, si los administradores de justicia solo escuchan a quienes ellos desean?
