Otra vez bloqueados. Otra vez los ciudadanos somos rehenes de grupos de interés que adquirieron fuerza, poder económico –y sobre todo arrogancia–durante el periodo largo y oscuro del masismo.
He participado innumerables veces en demostraciones políticas –tanto cuando era estudiante en París y nos manifestábamos en favor de Palestina, en contra de la guerra de Vietnam o por el aborto legal y gratuito– como en el propio país, cuando marchábamos en contra de dictaduras militares o de gobiernos autoritarios como el de Evo Morales, que quiso atornillarse al poder indefinidamente en contra de la voluntad de la mayoría de los bolivianos. Marché varios años hasta San Francisco para conmemorar el #21F que tanto irrita al masismo, y estuve en las pititas de mi barrio cuando se produjo el fraude electoral de 2019.
Todas esas manifestaciones de rechazo y de resistencia eran acciones ciudadanas y no gremiales. Juntaban a la población en lugar de dividirla. Las acciones gremiales suelen tener por una parte un sesgo de egoísmo exclusivo, y de manipulación política por otra. No reivindican anhelos de las grandes mayorías sino intereses particulares, a veces torcidas reivindicaciones de dirigentes corruptos, que van en contra de la población.
Los transportistas que hacen más difícil la vida de los ciudadanos, no nos representan. Usan argumentos que no justifican los bloqueos, que solamente consiguen que el gremio en cuestión se haga odiar cada vez más. Hay una gran falsedad en los discursos gremiales, que mientras afirman que sus vehículos no pueden circular por la mala calidad de la gasolina, sin embargo, transitan sin problema hasta los puntos de bloqueo que se les ha asignado desde la dirigencia. Una parte de los que bloquean tienen vehículos que funcionan con gas, por lo tanto, no han sido afectados.
Durante los dos días de bloqueo, Calacoto parecía Trinidad con tantos mototaxis (que aparentemente tampoco han sufrido ningún daño con la gasolina). Los afectados son una minoría de los que bloquean, pero el gremio quiere sacarle el jugo a la oportunidad. Tengo cinco amigos cuyos vehículos se han visto afectados, pero no por ello están codo a codo con los bloqueadores que molestan a la ciudadanía. Algunos ya fueron compensados.
El gobierno se vio presionado para llegar a un acuerdo muy frágil en lugar de lograr una solución definitiva que favorezca a la población (tanto los dirigentes como los ministros querían apurarse para ver el partido de fútbol contra Surinam).
Es cierto que el gobierno está contra la pared: no es fácil encontrar una solución al sabotaje interno en YPFB que debe ser investigado y sancionado con la mayor severidad. Al parecer ya hay presos por ese sabotaje a la gasolina: los enemigos internos, afines al masismo derrotado, para crear las condiciones políticas que se han instalado ahora. De aquí para adelante, habrá una espiral de chantajes.
Los esfuerzos del gobierno para limpiar las impurezas del carburante no son una solución perfecta (no existe otra mejor), pero deberían resolver el problema en un par de meses, añadiendo a la gasolina aditivos que limpian los motores. Sin embargo, la falta de información coordinada es uno de los peores enemigos.
Hay personas que creen que su vehículo estaba bien hasta que cargaron recientemente gasolina, pero no se dan cuenta de que en el fondo de sus tanques ya existía el carboncillo de partículas que al poner más gasolina se mezcla hasta bloquear los conductos que circulan la gasolina en el motor.
La solución, más costosa, parece ser un vaciado y limpieza del tanque y del motor. Pero eso no sería suficiente: también habría que limpiar los depósitos en las gasolineras y las cisternas que transportaron la gasolina adulterada. Eso complica la situación y toma más tiempo (unas veinte veces más de lo que tomaría en China, de acuerdo a nuestra tecnología y a nuestro índice de eficiencia laboral).
Lo ideal sería tener talleres autorizados por los gobiernos municipales para reparar los vehículos, pero sólo luego de una verificación de cada uno, para que no se cuelen los que quieren aprovecharse de la situación, algo muy típico en nuestro país: en río revuelto ganancia de pescadores.
En los días de bloqueo la población logró prescindir de los transportistas, aunque con algunas dificultades. La gente caminó largas distancias (lo cual es excelente para la salud), sacó sus bicicletas o tomó el teleférico, y la vida siguió su curso para la mayoría de quienes necesitan desplazarse por la ciudad. En mi caso, mi objetivo de 7.000 pasos diarios se cumplió fácilmente.
Más allá de este bloqueo particular que concierne al gremio chantajista de los transportistas masistas, debemos reflexionar sobre el hecho de que la ciudadanía está perdiendo una vez más el derecho al espacio público que le pertenece, debido a la costumbre mafiosa de imponer la ley de la calle. Si no se aprueba una ley anti-bloqueos y anti-dinamita, seremos rehenes muchas veces más de estas acciones de gremios motivados por su apego a los privilegios que obtuvieron en el pasado. Ojo, no son sindicatos de trabajadores, sino “cooperativas” de propietarios.
Parece que ya nos hemos olvidado que la mafia de los dirigentes transportistas recibía por debajo de la mesa un porcentaje del dinero que se cobra en las casetas de la autopista a El Alto. Hemos olvidado también que los gobiernos del MAS otorgaron beneficios a los dueños del “transporte libre” para adquirir nuevas unidades en condiciones muy ventajosas (por eso la ciudad está saturada).
Además, hemos olvidado que fueron estos mismos transportistas los que defendieron al gobierno corrupto de Evo Morales cuando se produjo el fraude electoral del 2019. No podemos estar más tiempo sujetos a este chantaje. El poder de estos grupos de interés debe ser quebrado mediante medidas legales y económicas coercitivas que impidan que se apoderen de las calles como lo han hecho esta semana en La Paz.
Esto lleva también a la reflexión sobre la necesidad imperiosa de contar con un transporte público municipal de calidad, que poco a poco vaya orillando a los gremios mafiosos. Se ha logrado en ciudades mucho más grandes que las nuestras, como Bogotá o Ciudad de México, gracias a la expansión del transporte público municipal.
El Metrobús en México y el Transmilenio en Bogotá, transformaron la movilidad pública y eso permitió eliminar a los grupos de presión del transporte privado. Sin embargo, ello sólo se puede lograr a través de un servicio eficiente que cubra todas las rutas troncales de las ciudades, y que cumpla con requisitos específicos: paradas predeterminadas, bien acondicionadas y seguras, vigilancia policial, y carriles exclusivos para el transporte público.
Además, implica un cambio de comportamiento y mentalidad de los ciudadanos: cada vez que optamos por el PumaKatari o el teleférico, le quitamos poder a ese gremio, y cada vez que tomamos un minibús le otorgamos ese poder que se vuelve contra nosotros mismos.
El gobierno debería cuidarse de los chantajes, porque vivimos un periodo en que todos los perdedores políticos procuran montarse de manera oportunista sobre cualquier conflicto para ganar réditos y debilitar la esperanza de una reconstrucción nacional. Ojo con todos ellos, ya sean los gremios antes favorecidos por el MAS o los políticos frustrados.
