Miguel Alfonso Ávila
La advertencia lanzada recientemente por el respetado analista Carlos Valverde no es un dato menor, sino una radiografía preocupante y lúcida de nuestra frágil salud democrática y económica. Tras los polarizados resultados de las últimas elecciones autonómicas, el panorama nacional y regional se presenta claro, aunque sombrío: la ausencia crónica de acuerdos políticos amplios ha dejado la gobernabilidad pendiendo de un hilo, amenazando la estabilidad y el futuro del país.
Para que los gobiernos subnacionales, una vez posesionados, puedan ejercer una gestión real y transformadora, se enfrentan a un muro burocrático y a un corsé doctrinario. No basta con el cambio de autoridades en los niveles departamentales y municipales; existe el imperativo ineludible de aprobar una serie de leyes nacionales estratégicas diseñadas específicamente para «destrabar» un Estado excesivamente estatista que, en su centralización, asfixia la iniciativa regional y la capacidad de autogestión.
Antes o durante el inicio de estas nuevas gestiones, el Congreso Legislativo debe convertirse en el motor de una nueva arquitectura jurídica. Es indispensable la promulgación de una nueva Ley de Hidrocarburos y una nueva Ley de Minería que dejen atrás modelos extractivistas agotados y anacrónicos, y que, en su lugar, permitan a las regiones participar de una explotación moderna, eficiente y sostenible de sus recursos. Asimismo, es vital establecer un marco de seguridad jurídica sólido y predecible para las inversiones internacionales, garantizando que el capital extranjero encuentre un terreno fértil y protegido, lejos de la discrecionalidad política y la inestabilidad que han caracterizado las últimas décadas. Solo así se podrá reactivar la economía y generar las oportunidades que el país necesita desesperadamente.
Ganar una elección es, en esencia, apenas el primer paso de un maratón extenuante; el verdadero desafío comienza cuando el Ejecutivo descubre, con la dura realidad, que la Asamblea Nacional no es un aliado natural, sino un tablero de ajedrez bloqueado por intereses partidarios contrapuestos y una polarización creciente. En este escenario, la visión de Valverde es categórica y su sentencia innegable: el gobierno tiene la obligación estratégica, no solo moral, de sentarse a negociar y construir puentes con la oposición. No se trata de una opción política más, sino de una necesidad imperativa para la supervivencia institucional del Estado y la reactivación económica.
La mención de figuras con probada experiencia de Estado, como Jorge «Tuto» Quiroga, subraya la urgencia de convocar a sectores que aporten no solo visión técnica y conocimiento profundo, sino también un peso político y una legitimidad amplios para viabilizar estas reformas estructurales en el Legislativo. Sin este puente de diálogo y acuerdo, leyes fundamentales como las de hidrocarburos o minería, que el país clama a gritos, quedarán irremediablemente archivadas en el cajón de las buenas intenciones, perpetuando el estancamiento.
Un gobierno sin consenso es un motor sin combustible, condenado a la inercia, a la ineficacia y, en última instancia, a la parálisis. El acceso a financiamiento internacional crucial, la reingeniería urgente del gasto público y la necesaria estabilidad para atraer divisas y generar inversión requieren algo más que meros decretos presidenciales; exigen votos, acuerdos programáticos y una legitimidad compartida que solo puede nacer del diálogo. La actual dispersión del poder nos enfrenta a una realidad incómoda y peligrosa: el riesgo inminente de una gestión que se dedique únicamente a «sobrevivir» al día a día, mientras la economía se desangra y la crisis social se agudiza.
La parálisis legislativa no es un problema exclusivo de los políticos; es un castigo directo e inmerecido para el bolsillo del ciudadano común y para el futuro de la nación. Si no se logra «desestatizar» la economía mediante la promulgación de leyes que devuelvan la competitividad al país, los gobiernos departamentales y municipales nacerán maniatados, sin recursos propios y dependientes de un centro político en crisis, lo que impedirá cualquier atisbo de desarrollo real.
Hoy, la madurez política de nuestra clase dirigente se pone a prueba de manera contundente y sin excusas. Si el oficialismo no logra tejer alianzas que trasciendan el estrecho interés partidario y no se abre con sinceridad a un diálogo constructivo para aprobar los nuevos marcos legales mineros, petroleros y de inversión, nos enfrentaremos a un periodo de estancamiento irreversible y de profundización de la crisis.
La gobernabilidad no se decreta ni se impone; se construye con puentes de entendimiento y negociación, no con muros de confrontación. Queda por ver si el gobierno tiene la altura, la visión y la generosidad necesarias para convocar a sus adversarios en favor del país y reformar el Estado, sentando las bases de un futuro más próspero y estable, o si prefiere quedarse atrapado en el laberinto de su propia soledad política, condenando a Bolivia a la inmovilidad.
