Sorpresivamente (aunque en este país ya nada sorprende), la Sala Cuarta del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), mediante Resolución 0770/2024 ha confirmado la suspensión de las elecciones de magistrados al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en dos departamentos y de los magistrados para el propio TCP en otros tres más, ante un recurso interpuesto por un ciudadano ante la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia del Beni, que previamente le otorgara la tutela demandada.
Ante el baldazo de agua fría que supuso esta decisión, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) auspició una reunión con autoridades del Órgano Legislativo y Ejecutivo y subnacionales, para emitir una declaración conjunta que dispone la prosecución del proceso electoral, desoyendo el fallo del TCP.
El argumento principal para el rechazo a la decisión jurisdiccional es que la sentencia de marras —habiendo emanado de un tribunal colegiado que, a partir del primer día de enero de este año, ejerce funciones como resultado de una decisión unilateral, inconsulta y violatoria de la propia Constitución Política del Estado (CPE) prorrogándose en su ejercicio— nace de un tribunal cuyas resoluciones son nulas, al no emanar de la ley que para esos cargos señala un periodo de funciones de seis años, que se han cumplido el 31 de diciembre de 2023.
Es probable que cuando esta columna esté publicada esté sancionada una ley cuyo proyecto ya fue aprobado por el Senado, para blindar las elecciones judiciales a pesar de todo; y concuerdo absolutamente con todos los que consideran que los magistrados del TCP y del TSJ han violado la CPE, al continuar en funciones no obstante el límite temporal que la propia carta magna prevé, agravando su situación, en el caso de quienes recientemente dictaron la cuestionada sentencia 0770/2024.
Pero, por otra parte, independientemente de si la ley le faculta al TCP pronunciarse sobre una cuestión como la que motiva estas líneas o no, o de si se produjo una preclusión o no, o de si teniendo competencia para hacerlo, de todas maneras fue una decisión injusta, o finalmente de si el ejercicio ilegal de funciones de cada uno de sus magistrados les impedía dictarla en cualquier sentido en este o en otros casos, el tema es que existe una resolución que declara parcialmente desiertas las elecciones judiciales, y cualquier consideración sobre su validez o invalidez, y más aún una decisión de ignorar sus alcances, es una clara expresión de la desinstitucionalización que en nuestro país impera al grado de la vergüenza. También en ese aspecto estamos en el fango. Los hombres y mujeres de derecho saben que las sentencias, por muy injustas que sean, constituyen verdades jurídicas inmutables, y ante la evidencia fáctica de que ellas fueron dictadas por un juez o tribunal incompetente, ya sea porque la ley lo dispone o por cualquier otro motivo, el hecho es que están en funciones, y la nulidad de sus actos debe ser declarada por un juez o tribunal competente y en debido proceso, y de ninguna manera por el TSE o la ALP, mucho más si el TSE ha solicitado una complementación y enmienda, lo que en derecho supone el reconocimiento tácito de su competencia.
Lo contrario, y tal como se está manejando el tema, significa un retroceso en la convivencia civilizada por tratarse ya de la aplicación de justicia por mano propia. Y a partir de ahora ¿qué sucederá con las resoluciones del actual TCP?
La lógica que en el caso se está utilizando significaría también que todos los actos del TSJ, que, a partir del primer día de este año, deben ser varios cientos de autos supremos, no surten ningún efecto legal y cualquier agraviado por sus decisiones está en el derecho de incumplirlas. ¿Acaso su invalidez jurídica no depende de una sentencia judicial que así las declare?
Tal y como se está actuando, la desinstitucionalización en Bolivia ha calado profundo, y la culpa es del alud de leyes sin ninguna técnica legislativa que se han dictado en la era Morales, de las cuales pocas se cumplen. La pretendida modernidad de la CPE una vez más dice: “Presente, acá estoy para enredar el funcionamiento futuro del Estado”.
Augusto Vera Riveros es jurista y escritor
