Mientras los aspirantes a la candidatura presidencial de las diferentes fuerzas políticas avanzan en la búsqueda de aliados y adhesiones, distintos sectores se preparan para salir a las calles en contra del Gobierno al que le exigen la derogación de la disposición adicional séptima de la Ley 1613 que prescribe «I. Con la finalidad de garantizar la disponibilidad y abastecimiento de alimentos esenciales, se faculta a las entidades competentes, activar acciones de control, fiscalización, confiscación y/o decomiso de productos, a los actores de comercialización de alimentos, que almacenen o retengan y/o pretendan encarecer los precios de los mismos. II. Todo actor de la cadena productiva de alimentos esenciales, debe declarar, información de producción, transformación y comercialización, misma que tendrá calidad de declaración jurada y será tratada bajo el principio de confidencialidad, conforme a la reglamentación aprobada por Resolución Biministerial emitida por los Ministerios de Desarrollo Rural y Tierras y de Desarrollo Productivo y Economía Plural”.
La norma aludida se explica por si sola, es abusivamente confiscatoria, afecta a la propiedad privada, a la libertad de trabajo legal, establece procedimientos contrarios a la legítima defensa y a la presunción de inocencia, y subrepticiamente pretende derogar lo prescrito sobre el tema en el Código Penal.
En paralelo la falta de carburantes es pan de cada día por la sencilla razón de que no hay dólares y no hay dólares porque no producimos casi nada y si algunos sectores lo hacen son obstaculizados en su valiosa labor con estos dislates.
En este escenario, los actores políticos se concentran en un proceso electoral lleno de incertidumbres en tanto que varios sectores sociales han decidido salir a las calles con reivindicaciones propias.
Los candidatos y los sectores sociales confrontados al gobierno están divorciados, los primeros han optado por encerrarse en sus pequeños espacios declarándose ajenos a la lucha callejera y los segundos parecen no estar interesados en las veleidades electorales de los aspirantes.
Esta desconexión, le permite al gobierno utilizar el conflicto social para medir sus fuerzas interna y externamente y poner a prueba a sus posibles candidatos que deben ganar sus espacios dando muestras de lealtad con uno u otro sector en la lucha callejera.
La calle, es el lugar donde la acumulación de fuerzas será clave para definir qué candidato logrará un mayor apoyo electoral y quienes quedarán disminuidos y cuando nó aislados. Los aspirantes que no comprendan esta lógica la tienen difícil.
Todos ellos deberían incluir en sus reflexiones que la ciudadanía está sometida a pautas comunicacionales electorales que tratan de inducirla a suponer que la democracia esta incólume, sin embargo, en su cotidiano vivir y contrariamente a esta incitación, está presente una otra agenda que se esfuerza por recuperar la democracia con la dificultad de que no cuenta con una dirección política que la conduzca a la conquista de la titularidad del poder político.
Las fuerzas políticas están impelidas de construir una conducción política que supere los márgenes escasos de lo electoral, no basta ser candidato, no basta firmar algunos acuerdos, tienen la obligación de formular una estrategia que confluya con la lucha callejera de los sectores sociales.
Será insuficiente que los candidatos efectúen visitas protocolares, realicen apasionadas declaraciones o firmen compromisos, no, no basta, como nunca se requieren soluciones coherentes a los temas en conflicto, los aspirantes tienen que comportarse como si ya fuesen gobierno.
Es importante que denuncien por qué el poder político se niega a dar brazo a torcer, que en el fondo de su decisión está la necesidad de domesticar a los sectores rebeldes por la vía del miedo con la advertencia implícita que luego se extenderá a todo aquel que se ponga al frente.
Los sectores movilizados son el correlato de los movimientos sociales oficialistas sustentadores del autoritarismo, es preciso apuntar que su lucha no es únicamente por sus puntuales intereses, sino que es una forma de defender la democracia frente a las manifestaciones autoritarias.
No debe ignorarse que una fracción del autoritarismo tratará de confundir a la población con anuncios de una movilización conspirativa en su afán de seguir perforando a la democracia con peticiones contrarias a la constitución, las leyes, las opiniones de los organismos internacionales y la voluntad popular expresada en las urnas. Los conspiradores nada tienen que ver con los sectores democráticos movilizados, tienen objetivos absolutamente diferentes, los unos son agua, los otros son aceite.
No puede haber empate, el que triunfe determinará la consolidación de la dictadura o la reconquista de la democracia desde abajo.
El carácter que tenga el proceso electoral está en juego, su viabilidad se definirá en las calles, que es donde deberían estar los candidatos, ya después tendrán la posibilidad de bailar, sonreír, besar wawas y demás demostraciones propias de la farándula electoral, por ahora, la calle los espera. Sucre, 9 de febrero de 2025
