Miguel Alfonso Ávila
La política boliviana nos tiene acostumbrados a giros de guion que sorprenden incluso a quienes conocen de cerca su dinámica. Sin embargo, lo ocurrido recientemente con la viceministra de Autonomías, Andrea Barrientos, no se limita a una simple estrategia política: cruza la línea para instalarse en el terreno de la ofensa institucional contra los principios de descentralización que la propia Constitución Política del Estado reconoce. Al plantearse de forma retórica y despectiva la pregunta: “¿Qué piensan, que vamos a agarrar y darle el 50% de la plata a su cargo?”, la autoridad no solo cerró de golpe las puertas al diálogo para la conformación del Pacto Fiscal, sino que pateó el tablero sobre el que se construye la confianza democrática entre el Gobierno central y los departamentos autónomos.
El Pacto Fiscal como derecho, no como dádiva
Resulta inaudito que la memoria institucional de la administración central sea tan corta. La respuesta de la viceministra ignora que el Pacto Fiscal no es un capricho administrativo ni una concesión graciosa desde La Paz, sino un mandato consagrado en la Ley Marco de Autonomías y una necesidad técnica irrenunciable tras los resultados del último Censo Nacional de Población y Vivienda. Este instrumento busca ajustar la distribución de recursos a la realidad territorial, poblacional y productiva de cada entidad.
Al cuestionar la transferencia de recursos con ese tono de reproche, se omite deliberadamente que el actual modelo de reparto está desfasado frente a la realidad demográfica y social del país. Mantener el control del gasto público en un 80% desde el nivel central —mientras las regiones asumen de manera directa las competencias de salud, educación, seguridad y desarrollo productivo con presupuestos de mera supervivencia— no constituye gestión eficiente ni responsable; es una asfixia deliberada hacia las entidades territoriales autónomas, que ven truncadas sus posibilidades de generar progreso cercano a sus ciudadanos.
El contraste de la campaña: El «Efecto Bumerán»
Parece que la viceministra ha olvidado que la redistribución equitativa de recursos fue precisamente la punta de lanza de la propuesta electoral del presidente Rodrigo Paz. Lo que ayer se presentó como una bandera de justicia regional para responder a las demandas de desarrollo de cada rincón del país —y así ganar el apoyo de los ciudadanos en departamentos como Santa Cruz, Cochabamba o Tarija, históricamente distantes del poder central—, hoy es tratado por su propio gabinete como una pretensión absurda o un botín del que el nivel central se resiste a desprenderse.
Esta contradicción no es un detalle menor. El compromiso de repartir los recursos fiscales en una proporción 50-50 entre el Gobierno central y las regiones no fue una nota al pie de página en el programa de gobierno; fue el eje transversal que permitió perforar el escepticismo en territorios postergados por décadas de centralismo. Al descalificar esta cifra en la actualidad, el gabinete no solo contradice a su propio mandatario, sino que admite implícitamente que se utilizó una utopía financiera para captar votos, dejando al presidente como rehén de un centralismo que sus ministros defienden con más fervor que las propias promesas de cambio que llevaron al oficialismo al poder.
El peligro del olvido olímpico
Cuando un gobernante utiliza las aspiraciones más profundas de los departamentos —como el acceso a una parte justa de los recursos que generan con su actividad económica— para alcanzar el poder y, una vez instalado en la silla de comando, ignora olímpicamente sus compromisos, el daño no se limita al ámbito presupuestario: es fundamentalmente moral.
Tratar con un tono de soberbia a quienes exigen lo que se les prometió —como si se tratara de súbditos que piden favores a un señor feudal— constituye una falta de respeto tanto a los procesos de autonomía consagrados en la ley como a la inteligencia de los ciudadanos bolivianos. Este desprecio cala hondo en el sentimiento regionalista y alimenta innecesariamente los fuegos de la polarización que ha aquejado al país en épocas pasadas. No se trata solo de números en un presupuesto; se trata de la dignidad de provincias y municipios que ven cómo sus excedentes fiscales se diluyen en una burocracia centralista distante, mientras sus hospitales carecen de insumos básicos, sus escuelas de maestros y sus carreteras de mantenimiento.
Un cheque sin fondos
No podemos permitir que el discurso político se convierta en un cheque sin fondos, que se cobra en las urnas pero nunca se honra en la práctica gubernamental. Si el 50% de redistribución de recursos fue posible de anunciar durante la campaña como una medida factible y necesaria para reducir las brechas territoriales, ¿por qué hoy se arguye que “no funciona así”? El Gobierno debe entender de una vez por todas que los recursos públicos no son “su plata”, propiedad del Ejecutivo central, sino patrimonio de todos los bolivianos y el motor esencial para el desarrollo de cada municipio, comunidad y rincón del país.
La descentralización no es un favor que el centro concede a la periferia; es una deuda histórica que este Gobierno asumió como compromiso fundamental al solicitar el voto de los ciudadanos. Mientras la billetera del Estado se maneje con criterios de patrón y no de administrador público responsable, el desarrollo seguirá siendo un privilegio de quienes viven cerca del poder y no un derecho de toda la ciudadanía. El Gobierno tiene una última oportunidad para revertir esta situación: honrar su palabra y avanzar hacia un pacto fiscal justo, o aceptar que su legado será, definitivamente, el de la promesa traicionada y la bofetada al federalismo posible en Bolivia.
