El 23 de marzo de 2011, el presidente Evo Morales anunció la judicialización del tema marítimo y el pueblo boliviano quedó expectante de conocer la ruta jurisdiccional que el gobierno del MAS utilizaría para lograr restaurar la cualidad marítima de Bolivia, cercenada por Chile hace más de 130 años.
En principio se habló de un arbitraje internacional orientado a revisar unilateralmente el Tratado de Límites suscrito entre Bolivia y Chile el año 1904, lo que jurídicamente es inviable y así lo han demostrado variados estudios realizados en gobiernos pasados.
El 24 de abril de 2013 Bolivia presentó a la Corte Internacional de Justicia la anunciada demanda jurisdiccional, solicitando que dicho tribunal declare la obligación de Chile a negociar con Bolivia una salida soberana al océano Pacífico.
Esta demanda judicial, cuyo objeto no conduce a un resultado que resuelva de manera directa y definitiva el tema de fondo (acceso soberano de Bolivia al océano Pacífico) generó enormes expectativas en la población, ya que personeros del Gobierno y su entorno de asesores conformado para esos efectos aseguraron una solución rápida del problema de fondo.
La confusión sobre el objeto de la demanda fue en aumento a raíz de la errónea lectura que se hizo del fallo pronunciado por la Corte el 25 de septiembre de 2015. Este fallo fue deificado, le dieron un alcance que trascendía el propio petitorio, generando así una colosal confusión en la población, a tal punto que muchos creyeron que en breve tiempo tendríamos acceso soberano al mar a instancias de la Corte y sin importar la opinión de Chile.
Hoy ese exitismo, deliberadamente alentado, ha sido sustituido por la razonable serenidad y prudencia con que se debe encarar este tipo de contiendas judiciales. Ha quedado claro que la Corte se pronunciará únicamente sobre la obligación que tendría Chile de negociar con Bolivia. Es por eso que el resultado de una eventual negociación dependerá de la buena fe y voluntad política de Chile.
En un inicio, los bolivianos entendimos que la decisión del presidente Morales de judicializar este asunto era una reacción lógica provenida del incumplimiento del Gobierno chileno a honrar la agenda de los 13 puntos, inobservancia vista como una afrenta a la buena fe de Bolivia. Fue así que el pueblo boliviano, casi en su totalidad, respaldó la política gubernamental en este asunto, siempre bajo la premisa de que todos debían estar unidos en torno al tema del mar.
Sin embargo, al final de este proceso judicial hay cosas que no convencen y desnaturalizan la inicial disposición patriótica del Gobierno. Tal es la risible y utilitaria idea de confeccionar una bandera del color distintivo del partido de gobierno, pretendiendo con ello simbolizar la histórica demanda boliviana.
Llama también la atención la conformación de una comitiva que presenciará las audiencias orales en La Haya integrada por representantes de diversos sectores, sociales, laborales, empresariales e incluso por expresidentes que constantemente son criticados y cuestionados por el Gobierno.
Por especiales circunstancias internas que vive el país, dicha comitiva más que una demostración de unidad en torno al tema marítimo, parece ser un mensaje de unidad alrededor del presidente Evo Morales, que pretende legitimar y validar su afán de reelección indefinida, interna e internacionalmente.
Pero, además, hay otro asunto vinculado al tema marítimo que inicialmente preocupa. Resulta que la invitación que el expresidente Jaime Paz Zamora recibió del canciller Fernando Huanacuni, al referir la demanda presentada ante la CIJ, literalmente dice: “Obligación de negociar acceso al océano Pacífico”. Esta referencia soslaya la palabra “soberanía”.
El expresidente Paz Zamora manifestó que esta omisión le generó mucha incertidumbre y entre otros motivos, lo indujo a desistir del viaje a La Haya. Y tiene sobrado motivo para ello si recordamos que la demanda presentada a la CIJ el 24 de abril de 2013 textualmente invoca: “…la obligación de Chile de negociar de buena fe y de manera efectiva con Bolivia a fin de llegar a un acuerdo que otorgue a Bolivia un acceso plenamente soberano al océano Pacífico”.
Puede que se trate de un error de transcripción cometido por la Cancillería, es factible y puede ocurrir. Pero si no fuera así, significa que el objetivo final, cual es recuperar la cualidad marítima perdida, ha sido recortado. Esperemos que para estas dudas haya una aclaración razonable.
