Rafael Archondo

Mientras en Argentina (2009), Venezuela (2010) y Ecuador (2013) los gobernantes de izquierda decidieron aprobar nuevas leyes para atenazar a los medios privados de comunicación hostiles a las autoridades electas, en Bolivia (2009) optaron por la pantomima y la simulación.

Lo que narro acá no es ni primicia ni hallazgo, sino un humilde homenaje a mis colegas del diario “La Razón”, quienes el 6 de enero y el 11 de febrero recientes decidieron publicar la verdad o, mejor dicho, confirmarla. Hacerlo desde aquel galpón vivencial de Auquisamaña tiene más mérito que todas las denuncias previas. Ahí radica su peso en oro.

En esta crónica rendimos tributo también al periodista Raúl Peñaranda (2014) quien tuvo el valor civil de sistematizar la información disponible, la cual seis años después ha quedado ampliamente corroborada por los hechos. Sí hubo entonces “control remoto”.

Desde su llegada al poder, en enero de 2006, el gobierno del Movimiento al Socialismo (MAS) vivió un cerco mediático implacable. Los canales de televisión, sobre todo los cruceños, las radioemisoras más importantes y casi todos los impresos formaron una barrera protectora a fin de impedir los cambios prometidos por Evo Morales. Varios estudios demuestran (2008) la beligerancia de los medios privados en el periodo 2006-2008, en lo que podría caracterizarse como un cinturón de protección de las élites tradicionales contra los cambios constitucionales en marcha.

Una indagación precisa del Observatorio Nacional de Medios (Onadem) y del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) concluía en 2007 que, con una sola excepción, la abrumadora mayoría de los 15 impresos investigados en el país prácticamente militaba en las filas de la oposición. No cabe duda de que el MAS se abrió paso a pesar de la bullanguera resistencia de periodistas, empresarios mediáticos y opinadores.

Pronto llegaría el vuelco.

ATB-La Razón: siameses

Consolidado un orden político favorable tras la aprobación, vía referéndum, de la nueva Constitución, el MAS se dispuso a crear sus propios “MAS-media”.  

La piedra inaugural del lucrativo aparato comunicacional ya había sido colocada en enero de 2009, por el caraqueño de nacimiento, Carlos Gill Ramírez, quien adquirió de manos del grupo español Prisa las acciones del periódico “La Razón”, “El Extra” y, aparentemente, también las de la red ATB. 

Para la compra de los tres medios, este hombre, que posee nacionalidad española y fue criado en Asunción del Paraguay, usó como paraguas una empresa con sede   en Barcelona denominada “Akaishi Investements”. De ese modo, lo que en su momento fueron las principales empresas de la familia Garafulic pasaron a convertirse en los mascarones de proa de un nuevo imperio mediático al servicio de Evo Morales y su partido. 

Las conexiones de Gill Ramírez con el gobierno anterior están plenamente confesadas. Representa en La Paz a la firma austriaca Doppelmayr, que obtuvo del erario público y sin licitación, más de 700 millones de dólares por edificar el sistema de transporte por cable de la sede de gobierno. Todo ese dinero salió de las bóvedas del Banco Central de Bolivia o de un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Además Gill construyó todas las estaciones del teleférico y es el rey de los escasos ferrocarriles bolivianos que transportan soya y otros bienes transables hacia los puertos más cercanos. 

¿Puede creerse que amasando tantos negocios vinculados con el Estado, alguien puede permitir que sus medios tomen siquiera distancia del que le firma los cheques?  

nuevo diario paceño. Antes de desprenderse de sus acciones en ATB, el para entonces misterioso empresario coloca al mando del canal a Jaime Iturri, convertido hoy en el primer millonario del MAS con residencia en Buenos Aires. Iturri tardaría solo diez años en transformarse en el accionista mayoritario de la red. Todo un logro “socialista” si consideramos que era uno de sus trabajadores. Para abrazar esa fortuna, Iturri tuvo que haber “ahorrado” cuando menos 33 mil dólares mensuales durante una década.

En 2010, en una conversación pública, lamentablemente no grabada, en el salón de actos de la Fundación Friedrich Ebert en el barrio paceño de Obrajes, Iván Canelas, el inminente primer ministro de Comunicación del gobierno del MAS (la cartera estaba en trámite de creación), nos confesó a varios amigos que Gill les pidió nombres para cubrir las plazas ejecutivas de sus medios. Entonces, claro, el gobierno sugirió a sus amigos. ¿Mera solidaridad con un inversionista?

Herrera e Iturri compartían un rasgo en común. Ambos eran periodistas edilicios, es decir, cumplían tareas en la exitosa administración de Juan del Granado, en ese momento firme aliado del MAS.  En 2009, los nombres de las cabezas ejecutivas de ATB y “La Razón” habían salido de los cenáculos internos del gobierno. Como recompensa, los negocios para Gill no tardarían en fluir. El principal de todos fue la asignación de publicidad estatal, que Iván Canelas y sus sucesores (Dávila, Paco, López y Canelas) se encargarían de franquear generosamente a los MAS-media.

¿Fue Hugo Chávez Frías el gobernante que hizo el contacto entre su compatriota Gill y el régimen boliviano?  La conexión más clara está en el Metro-cable de Caracas, sistema de transporte montado por Doppelmayr en Venezuela, que Chávez recomendó enfáticamente a Evo Morales. Gill estaba ahí en medio.  Al respecto, éste asegura que nunca fue chavista y que uno de sus enemigos más enfáticos hoy es Diosdado Cabello, el número dos del estado bolivariano (entrevista con Carlos Valverde, 2019).  También afirma que “El Nacional” de Caracas, de su propiedad, es un diario de oposición (no se imprime desde 2018). Tales afirmaciones contradicen variados informes que colocan a Gill y a su hermano como banqueros de la llamada “Boli-burguesía”. Es probable que hayan dejado de serlo. Lo evidente que dado el desastre generalizado de la economía venezolana, Gill ha perdido el interés en ella. Mercados como el de la República Dominicana o Paraguay le resultan ahora más atractivos.

Una baja

Regresando a nuestro recuento en Bolivia, es llamativo cómo la ruptura del acuerdo entre los Sin Miedo (el partido de Del Granado) y el MAS calza temporalmente a la perfección con la salida de Edwin Herrera de la dirección del diario: marzo de 2010.  

Mientras Iturri juraba lealtad a García Linera, el “gerente de Bolivia” como lo bautizó Gill el año pasado en una entrevista con Carlos Valverde, Herrera opta por hacer carrera política con la nueva oposición. Continúa haciéndolo hasta ahora en las filas de Sol.bo. 

Al periodista Raúl Peñaranda, Herrera le dijo que renunció a la dirección de “La Razón” porque los accionistas le pidieron que incline la línea del diario a favor del gobierno del MAS. La exigencia le pareció inaceptable. Mabel Franco ocupó su escritorio por unos meses esperando el relevo. Gonzalo Serrate, hijo del fallecido dirigente movimientista, que fuera ministro de Banzer, actuaba como enlace entre el empresario ausente y los periodistas.

Con la renuncia de Herrera, Gill había sufrido una baja. Lo suyo, como extranjero, nunca fue meter sus narices en la batalla editorial diaria. Después de una negociación fallida de García Linera con el periodista Gustavo Guzmán, quien había sido el primer y único embajador de Evo en Washington, el nombramiento recayó en Claudia Benavente. 

A Peñaranda, Guzmán le confirmó que fue el Vicepresidente quien personalmente le ofreció dirigir el diario y que, de inmediato, él recomendó dos contrataciones para conducir la redacción. Fue el propio Evo Morales quien habría vetado uno de los nombres (el de Roger Cortez). En ese momento, Guzmán prefirió no asumir el cargo. Comprendía que de ahí en adelante todas sus decisiones pasarían por el Palacio.

Benavente no tuvo reparo alguno. Ella y García Linera son amigos desde cuando éste estaba preso (1992-1997). Esa cercanía la llevó a dirigir la revista “Barataria”, creada en 2004 por Walter Chávez, el ex asesor de campaña del MAS entre 2002 y 2019, a quien dedicaremos un breve repaso biográfico más adelante.

En diez años como directora de “La Razón”, Benavente la inclinó a favor del MAS desde el primer día. El indicio inaugural fue que cuando asumió el mando, “La Razón” fue el único diario en La Paz que se rehusó a publicar su portada en blanco en protesta por la promulgación de la Ley contra el Racismo y toda forma de Discriminación. Aquella acción de protesta había sido decidida por la Asociación Nacional de la Prensa (ANP), que congrega a los propietarios de periódicos de Bolivia.

Con el paso de los meses, el equipo de columnistas de “La Razón” fue mudando de color. La metamorfosis fue gradual.  Primero fue despedido el periodista Humberto Vacaflor, quien había sido contratado por los anteriores ejecutivos para escribir editoriales. A su salida, el censurado encendió las alarmas: “un venezolano ha comprado el diario”. 

Luego, varios impulsores de ideas liberales empezaron a migrar a un nuevo periódico lanzado en abril de 2010: Página Siete. Garafulic regresaba al ruedo y se perfilaba ya como principal competidor del diario de Gill.

Antes muchos columnistas fueron incitados a dejar “La Razón” con diversos motivos. Se marcharon Gonzalo Chávez, Agustín Echalar, Walter Reyes Villa y Manfredo Kempf. Arribaron en su sustitución Esteban Ticona, Gustavo Rodríguez, Fernando Mayorga, Edgar Arandia, Julieta Paredes, Xavier Albó, Cergio Prudencio, Verónica Córdoba y Ricardo Bajo. Jaime Iturri no tuvo que moverse de lugar. ¿Qué tenían en común todos ellos?  El haber sido funcionarios gubernamentales, estar a punto de serlo o sencillamente estar integrados a alguna red oficialista.

Cuando el rumor del alineamiento gubernamental de “La Razón” se iba confirmando al compás de los volúmenes de publicidad estatal en sus páginas, el año 2014 trajo un incidente jurídico muy peculiar. En plena euforia alrededor de la demanda de Bolivia contra Chile en la Corte Internacional de Justicia de La Haya, Ricardo Aguilar Agramont publicó el 13 de abril de 2014 un artículo en el diario, en el que exponía algunos detalles sobre cómo había sido armada la estrategia jurídica nacional. Héctor Arce, procurador general del Estado, reaccionó desproporcionadamente ante los datos y calificó el texto como obra del espionaje. Exigió que Aguilar revele su fuente. “La Razón” estaba siendo acusada de tener un acceso privilegiado a la información oficial y se le recriminaba por publicarla. Un atropello, más si se considera que se optó por la vía penal y no por la ruta marcada por la Ley de Imprenta.

Me tocó, el 4 de junio de 2014, como dirigente de la Asociación de Periodistas de La Paz (APLP), acompañar a los colegas del diario en su protesta callejera contra Arce. Su desánimo era elocuente a pesar de que los autorizaron a marchar ante las puertas del Palacio. Aunque los gremios se solidarizaron con el periódico, era muy claro que no se trataba de un enfrentamiento a fondo, sino de una escaramuza que pronto devino en disuelta. “Estoy entendiendo que no solamente hay un periódico pro chileno, hay dos periódicos pro chilenos (Página Siete y La Razón). Los abogados verán qué acciones van a tomar”, advirtió Evo Morales al comentar el caso. ¿Fue aquella una cortina de humo para darle a “La Razón” un halo de rebeldía anti oficial? No hay manera de tener certeza, lo cierto es que uno de los MAS-media más destacado sufría acoso judicial gubernamental, hecho inédito hasta ese momento.

Quizás pensando en el horizonte del “Evo for ever”, Benavente designó en 2016 a su ex cuñado Pablo Rossell como gerente del diario. Ya había perdido el miedo a las críticas. Rossell era un oficialista de larga data. Fue parte del Banco de Desarrollo Productivo, asesor de la vicepresidencia y del ministro Walter Delgadillo. Después de una gestión conflictiva en el periódico que concluyó en 2018, Rossell reapareció en 2019 como vocero del programa de gobierno de la fórmula masista.  Ahí, la pantomima cedió terreno al cinismo y el aparato quedó a la intemperie.

En este largo trayecto, Carlos Gill, el verdadero ganador en esta historia, no sufrió, por ejemplo, la nacionalización de los ferrocarriles. ENFE es la única empresa que tras sufrir la capitalización durante el gobierno de Sánchez de Lozada, se mantuvo como empresa privada en los 14 años de Evo. Todas las demás entidades como ENTEL, ENDE o YPFB regresaron a manos del Estado. Las razones han fueron expuestas.

Tele-dependencia

El alineamiento de ATB al anterior gobierno fue mucho más pronunciado. La evidencia más flagrante fue sin duda la entrevista realizada en 2017 en la cárcel de Miraflores a Gabriela Zapata, la ex pareja de Evo Morales.  Gozando de privilegios inéditos, el equipo que grabó el largo monólogo de la mujer permaneció varias horas en la prisión e hizo dos visitas. El encargado de formular las preguntas fue el periodista José Luis Colque Jiménez, director, en ese momento, de la radio sindical “Kawsachun Coca” del Chapare. Sin embargo, las imágenes no aparecieron en ese medio, sino que, según Jaime Iturri, fueron vendidas a ATB, la cual emitió una versión editada y abreviada el 19 de febrero de ese año. ¿Por qué una radio sindical cocalera gestiona una primicia y luego la entrega a otro medio a cambio de dinero?, ¿por qué no se dijo oportunamente que eso había ocurrido y no a raíz de la investigación congresal realizada?, ¿por qué el Ministerio de Gobierno hizo tales concesiones con una reclusa, cuya credibilidad siempre resultó inestable?

Meses más tarde, Colque fue contratado por Bolivia TV, el canal del estado. En la entrevista, Zapata acusa directamente a Walter Chávez, el asesor de campaña del MAS, de haber usado su romance para armar un complot en complicidad con la oposición. En esos momentos, el acusado ya había huido de Bolivia por algún punto sur de la frontera. El 14 de marzo de 2016, Chávez se entregó a las autoridades argentinas en Salta con el propósito de extender su condición de refugiado en ese país.  Regresaría a Bolivia a inicios de 2018 bajo condiciones poco esclarecidas hasta el momento.

Walter Chávez es uno de los arquitectos de los MAS-media. Nacido en Cajamarca, Perú, llegó a Bolivia pidiendo refugio en 1992. En su país había sido acusado de extorsionar a empresarios bajo la amenazante bandera del Movimiento Revolucionario Tupaj Amaru (MRTA). En el lenguaje guerrillero, se trataba de un “impuesto” para financiar la lucha armada.

Chávez fue admitido en Bolivia durante el gobierno de Jaime Paz Zamora. En virtud de ello, colaboró, quizás agradecido, con el lanzamiento en 1993 del periódico “Hoy”, recientemente adquirido por el empresario Samuel Doria Medina, ex candidato vicepresidencial de Paz Zamora. El periódico era antes propiedad de la familia Serrate (citada antes como enlace de Gill con “La Razón”). Allí Chávez conoció a varios miristas, que lo ayudarían en lo sucesivo. El principal de ellos fue Jorge Torres Obleas, a quien asesoró cuando éste se lanzó como candidato a la alcaldía de La Paz en 1999. Con Doria Medina volvería a trabajar en 2016. De entonces datan también sus amistades con Ramón Rocha Monroy, Pablo Cingolani, José Luis Paredes, Ricardo Paz y Ronald MacLean.

Si bien en 2002, Chávez se vinculó de manera estable con el MAS, sus contactos entre los neoliberales se siguieron multiplicando y le fueron útiles para cambiar de bando cuando fuera necesario. Su mayor contribución al ascenso de Evo Morales no fue en el terreno de los spots o las cuñas radiales, sino en lo que mejor hace: prensa corrosiva. De su mano salieron dos semanarios, “El Juguete rabioso” y “El Desacuerdo”, de idéntico diseño gráfico. El primero fue capital para persuadir a la gente sobre la inminente victoria de Evo Morales en las urnas y el segundo, un intento fallido de difamación de corta vida.  El primero tuvo la cálida voz de la rebelión, el segundo, el tufillo de las relaciones públicas.

¿Qué conexión tiene Chávez con esta historia?  En los primeros años del gobierno del MAS, el peruano, en directa conexión con la Vicepresidencia, armaba la agenda mediática oficial y trataba de imponerla a los periodistas. Cuando cayó en desgracia en 2017 a raíz de un enfrentamiento público con Raúl García Linera, el hermano del vicepresidente, sus movimientos y predicamentos se fueron haciendo más visibles.

Chávez avaló una denuncia emitida por el senador Arturo Murillo, quien señalaba que la comercializadora de autos de la marca Toyota estaba íntimamente coludida con el Vicepresidente. El legislador hizo conocer que dicha empresa había obsequiado un pase de cortesía familiar a García Linera para que utilizara las instalaciones del Club “Los Sargentos”. Cuando un periodista le preguntó a Chávez qué opinión tendría Raúl García Linera sobre un asunto, su respuesta fue que lo buscaran en “Los Sargentos”.  La broma desató la furia del aludido. Por eso, Chávez optó por dejar el país con rumbo a la Argentina.  Allí vivió un corto destierro de dos años.

Al final el incidente con la familia del Vicepresidente pasó al olvido. Tras el arresto de Chávez en Argentina, Raúl García Linera lanzó una declaración conciliadora en el diario “El Deber” (“No le deseo la cárcel”).  Sin embargo, antes de partir, Chávez fue demoledor: “Yo me fui del MAS por un problema personal con la familia García Linera, yo no estuve de acuerdo con la forma en que manejaban ciertas cosas; yo fui parte de un proceso limpio, de un proceso de cambio que se hizo para favorecer a los bolivianos, cuando empezó a cambiar eso decidí irme. La historia juzgará el papel que jugaron los hermanos García Linera en la liquidación moral del proceso de cambio”.  El párrafo fue extractado de una entrevista realizada por Andrés Gómez Vela. Corresponde a 2016 cuando Chávez aún laboraba para Doria Medina. El peruano dice haber roto con el MAS tras los comicios de 2014. Nunca presentó una denuncia formal sobre lo que dice haber presenciado.

Lo sorprendente es que un año después Chávez fuera invitado en julio y agosto a la red ATB para comentar el curso de la campaña electoral. Solo meses antes, en la entrevista con Gabriela Zapata, Chávez había sido acusado de conspiración. ¿Qué le permitió regresar a Bolivia y seguir circulando por los MAS-media? En una entrevista con Página Siete dijo con claridad que para ello tuvo que recibir el visto bueno del palacio. ¿Fue a cambio de algo?  Él asegura que no.

Casi 70% azul

Otro hito a destacar es la aparición durante siete años del programa “Esta Casa no es Hotel”, conducido por Susana Bejarano. Según el relato del último ministro de Comunicación del anterior gobierno, Manuel Canelas, el espacio estaba inspirado en otro creado antes en España junto al actual vicepresidente del gobierno de ese país, Pablo Iglesias (“Otra vuelta de Tuerka”). Si uno compara ambos espacios, no encontrará nada original o nuevo, salvo una extensa mesa alrededor de la que se acomodan los panelistas y el conductor.

“Esta Casa” empezó a ser emitido cada domingo por ATB a partir de octubre de 2012. La primera característica muestra a diversos voceros del MAS como los principales rostros del espacio: Manuel Canelas, Marianela Prada, Valeria Silva… Un análisis casi exhaustivo del programa (270 emisiones en total, el 90%) demuestra que el 69% de los invitados eran militantes o simpatizantes del MAS. La persona que más fue invitada para una entrevista fue el ex ministro de Justicia, Héctor Arce, 12 veces, seguido por la diputada Susana Rivero, 9, y el vicepresidente García Linera, que en los 7 años, acudió 8 veces al estudio. ¿Algún portavoz de la oposición que compita?  Doria Medina con 4 y Carlos Mesa con 3. El panelista que acumuló más minutos en «Esta Casa» fue Sebastián Michel, ex viceministro de Comunicación y ex embajador de Bolivia en Caracas, otro operador connotado de los MAS-media.

Poco antes de las elecciones del 20 de octubre de 2019, Evo Morales aceptó una entrevista exclusiva con Bejarano a bordo del avión presidencial. Todas las actividades académicas organizadas por la Vicepresidencia derivaron a sus conferencistas al programa. Aunque había intentos por generar cierto pluralismo, es claro que la cancha estaba inclinada a favor del gobierno. El programa quedó súbitamente suspendido tras la renuncia de Evo Morales y su conductora, convertida en una prófuga digital.

Irán TV

El segundo ladrillo de los MAS-media fue sin duda Abya Yala televisión.

En febrero de 2008, en ocasión del establecimiento formal de relaciones diplomáticas entre Bolivia e Irán y la apertura de embajadas en Teherán y La Paz, el encargado de negocios de ese país asiático Hojjatollah Soltani anunció la apertura de un canal de televisión financiado por su gobierno. En principio se anunció que sería una repetidora de HispanTV, medio público iraní para el mundo hispanoparlante y que se difundirían también los contenidos de Telesur, el canal del chavismo operado desde Caracas. Lentamente la narrativa oficial fue cambiando.

En vez de que se hubiera producido una donación a favor del Estado Plurinacional, los equipos valuados en tres millones de dólares llegaron a la aduana para un destinatario privado. El objetivo inicial era instalarlos en el Chapare. Luego, tras conseguir un inmueble donado por la embajada de Venezuela en Obrajes, se optó por hacerlo en La Paz.

El enorme patrimonio, los equipos más modernos de América Latina en ese momento, pasaron a manos de la Fundación JEMA (las iniciales del nombre del Presidente). La responsable de esa entidad sin aparentes fines de lucro era Katia Gumucio, ex dirigente sindical del Lloyd Aéreo Boliviano (LAB) y ex delegada presidencial de Evo en Cochabamba. Tuvieron que pasar cuatro años para que el canal empezara a emitir su señal. Un grupo de bolivianos viajó hasta Teherán para recibir un curso de capacitación, los manuales tuvieron que ser traducidos al español y los problemas técnicos fueron siendo resueltos con una paciencia casi divina.

En octubre de 2012 aparece en pantallas Abya Yala Televisión. En principio solo se cuelga de las emisiones de Telesur. Pese a ello, ya comienza a recibir publicidad estatal. Ello le permite contratar personal y producir programas. Aparecen en sus estudios reconocidos personajes afines al gobierno del MAS como los periodistas argentinos Andrés Salari y Mariano Vásquez, el corresponsal de Prensa Latina, la feminista comunitaria Julieta Paredes, militantes juveniles de la Columna Sur, y más adelante Julio Peñaloza, esposo de la diputada Susana Rivero. Varios de los comunicadores que aparecen en Abya Yala trabajaron antes en la ATB de Iturri o en el canal estatal. El sistema empieza a oxigenar sus venas y todo fluye con naturalidad. Los MAS-media se articulan y funcionan en red. Fabián Restivo, el ex esposo de la ex ministra Gabriela Montaño, alterna entre su trabajo en ATB y sus proclamas encendidas en Abya Yala.

En los primeros dos años y ocho meses, según una investigación de la periodista Amalia Pando, Abya Yala Televisión ya tenía 22 contratos de publicidad con distintas reparticiones de gobierno.  El ingreso por ellos era de 2,1 millones de Bolivianos. Es lo que ERBOL alcanzó a juntar en una década.

Un aspecto destacado de Abya Yala Televisión es que sirvió para que las autoridades del gobierno consiguieran empleo. En el tiempo de vida del canal, fueron gerentes del mismo el ex ministro de Culturas, Pablo Groux, y las ex ministra y ex viceministra de Comunicación, Amanda Dávila y Claudia Espinoza (madrina de matrimonio de García Linera). Esta práctica es conocida con el apelativo de “puertas giratorias” e implica que la misma autoridad que en algún momento aprobó contratos con alguna entidad privada, años o meses más tarde acaba trabajando para ésta.

Para evitar esta práctica, el gobierno de Morales aprobó el decreto 29308 de octubre de 2007, que señalaba lo siguiente: “Los ministros y viceministros están impedidos de prestar servicios en las agencias de cooperación, organismos multilaterales, gobiernos extranjeros y organismos no gubernamentales, hasta dos años después de dejar la función pública, sea como empleados directos o como consultores”.  La intención es clara. No se quería que quienes, por ejemplo, contratan un crédito con una entidad a nombre del Estado, terminen trabajando en ella poco tiempo después. Cuando giran las puertas, al contratista le basta con prometer contratos a fin de lograr clientes. Se trata de un soborno a posteriori. En el caso de Abya Yala, el espíritu de esta norma, que no menciona medios de comunicación, quedó burlado.

Financiación ilegal

“Me siento orgulloso de ser parte de este grupo de Activistas Voluntarios Solidarios que tuvieron el privilegio de trabajar durante la Campaña presidencial de Bolivia el 2014. Gracias a ese contrato, con nuestra utilidad neta pudimos financiar otros proyectos progresistas que se encontraban sin capital en otras partes del mundo”.  Con esa frase, el mexicano César Hernández Paredes ilustraba en su perfil de Facebook su fugaz paso por la Bolivia del MAS.  Como director ejecutivo de la empresa “Neurona”, había cobrado del gobierno boliviano 1,8 millones de dólares. ¿Qué decía su contrato?  Que produjera videos para explicar la demanda marítima de Bolivia y un documental, cuyo título terminó siendo curiosamente, “El Robo”. 

Por confesión propia, constatamos que Hernández usó sus ganancias para financiar campañas ideológicamente cercanas. Meses después tomó un vuelo a Madrid, donde en 2018 impulsó labores proselitistas en beneficio de Podemos, el partido morado, cuyo viejo militante, Juan Carlos Monedero, reconoce haber cooperado con Neurona. El círculo se cierra y lleva el sello de Pablo Iglesias.

El caso puso en evidencia el fin último del sistema de los MAS-media: la corrupción. Cuando el dinero del erario se privatiza y llega a manos ideológicamente afines, se aleja del bien común y se pone al servicio de la perpetuación de una élite en el poder. Como también sucedió en el régimen precedente, el control de los medios se transformó en un negocio opaco.

Tras la renuncia de Evo Morales, el 10 de noviembre de 2019, el sistema MAS-media está herido de muerte. La sola cancelación del flujo de publicidad estatal ha puesto a varias empresas en el borde de la quiebra. PAT, canal obtenido, según varios testimonios de las víctimas, mediante una extorsión desde el gobierno, tiene dueños fantasmas. Compartó orientaciones emanadas desde la gerencia de ATB, a cargo de Marcelo Hurtado, probable testaferro de Gill.  Abya Yala está siendo manejada por los trabajadores, porque sus ejecutivos han desaparecido. “La Razón” ya enfrentó su primera huelga. Los trabajadores exigen que Benavente renuncie y la acusan de haberse parcializado con el anterior gobierno, lo que ha llevado a su desprestigio. En la red UNO, al esposa del vicepresidente ya no conduce los noticieros y Unitel podría recuperar las ganas de hacer programas periodísticos. El escenario mediático nacional va cambiando, mientras presenciamos el declive acelerado de las MAS-media.