Cambiemos el servicio militar obligatorio por el servicio medioambiental obligatorio.
El Estado Plurinacional de Bolivia, es un Estado de Derecho en el cual impera la Constitución Política del Estado, norma que contiene todos los principios y valores ético morales y de Derechos Humanos, cuerpo normativo fundamental bajo el cual deben regirse absolutamente todos los actos de los ciudadanos bolivianos y los distintos niveles de administración del Estado. Dentro el abanico de Derechos Humanos que contiene la Constitución boliviana, se encuentra el derecho de las personas a vivir en un medio ambiente saludable, protegido y sin riesgos consagrado en el artículo 33.
Pero… ¿Qué implica vivir en un medio ambiente saludable, protegido y sin riesgos? Implica indudablemente, proteger a la madre tierra de la violación constante que se ha normalizado en el país con la comisión del delito de Ecocidio.
En el presente documento se propone una modificación a la forma en que se maneja el Estado boliviano: La sustitución del servicio militar obligatorio por el servicio medioambiental obligatorio; una propuesta mucho más patriótica, pacífica, constitucional y esencial para el desarrollo de la vida.
Históricamente en Bolivia, la Madre Tierra ha sido víctima de la vulneración sistemática y excesivamente violenta de sus derechos, sin que la vigencia de los principios constitucionales y leyes protectoras de los Derechos de la Madre Tierra signifique una diferencia en la preservación o protección de los bosques y el ecosistema, es decir, la Madre Tierra es una constante víctima de Ecocidio… Muy similar a la constante violencia contra las mujeres y el diario aumento de feminicidios ¿No les parece?
Pero volvamos al tema: al día de hoy, los incendios continúan afectando el territorio nacional, incluso las reservas naturales. ante la pasividad de las autoridades gubernamentales, quienes con su tardía reacción o la total inacción, están incurriendo en la comisión del delito de Ecocidio contra los derechos de la naturaleza y los seres que dependen de ella; crimen de dimensiones tan nefastas que en la doctrina del Derecho es equiparable por su gravedad a los delitos de genocidio o lesa humanidad.
El ecocidio es un concepto relacionado a la teoría del derecho de guerra, y tiene tanto aspectos de homicidio como de suicidio ambiental, vinculado también a la idea de entregarse voluntariamente a la muerte, ya no de una persona, sino de la humanidad[1]. El término surgió en 1970 en la “Conferencia sobre la Guerra y la Responsabilidad Nacional en Whashington” cuando Arthur W. Galson, biólogo de la Universidad de Yale, propuso un acuerdo internacional para prohibir el ecocidio, tras los devastadores efectos del uso del “Agente Naranja” por parte de Estados Unidos en la Guerra de Vietnam[2].
Si centramos el análisis en la etimología de la palabra Ecocidio, encontraremos que proviene del griego “oikos”= casa, ámbito vital; y del latín “caedo”=matar, exterminar. Y es justamente eso, el exterminio de nuestro ámbito vital lo que continúa ocurriendo al día de hoy en el Estado Plurinacional de Bolivia, país que irónicamente, es pionero en el reconocimiento de los Derechos de la Madre Tierra o Pachamama.
Entre los meses de agosto y octubre de 2019, Bolivia perdió un total de 6,5 millones de hectáreas a consecuencia de los incendios en la Chiquitanía, la región del Chaco y la Amazonía boliviana mientras el gobierno de Evo Morales, demasiado ocupado en su campaña proselitista, se resistía a realizar la Declaratoria de Desastre, afectando a cuatro ecosistemas diferentes: el pantanal, el bosque seco chiquitano, el bosque cerrado y el chaco; causando serios daños a distintos pisos ecológicos interconectados entre sí, la fauna, la flora y afectando también a los pueblos indígena originarios en una extensión de 1 millon 206.714 hectáreas.
Como si el daño no fuera ya irreparable, durante el mismo periodo en 2020, Bolivia ha superado las dimensiones nefastas del desastre ambiental de 2019 mientras el gobierno transitorio de Jeanine Añez, pese a haber realizado la Declaratoria de Desastre, se limitaba a minimizar la gravedad de los fuegos y abandonó a los bomberos y voluntarios a su suerte, socapada por el silencio cómplice de la Asamblea Legislativa Plurinacional al mando de Eva Copa. Con la posesión de Luis Arce, los bosques siguen ardiendo y los animales siguen muriendo, demostrando así que el pisoteo de los Derechos de la Madre Tierra es igual de violento y nefasto con cualquier color político.
Lo expresado en el párrafo precedente se pudo evidenciar con claridad durante la lectura de la Sentencia del caso Chiquitanía, Chaco y Amazonía vs. Estado Plurinacional de Bolivia el pasado 20 de agosto de 2020, que en los antecedentes del caso señalaba:
“El día 5 de diciembre de 2019 en la ciudad de Santiago de Chile, el Tribunal Internacional por los Derechos de la Naturaleza tomó conocimiento de la denuncia presentada por representantes de los pueblos indígenas, comunidades campesinas y la sociedad civil del Estado Plurinacional de Bolivia en nombre de los árboles, animales, peces y demás seres humanos y no humanos afectados por la comisión del delito de “ecocidio” en la Chiquitanía, Chaco y Amazonía. Entre julio y septiembre de 2019, en las regiones de la chiquitanía, chaco y amazonía. (…) El día 4 de agosto de este año, se notificó a la presidencia del Estado Plurinacional de Bolivia y a la presidencia de la Asamblea Legislativa Plurinacional la realización de una audiencia pública en línea los días 17 y 18 de agosto del 2020 y se solicitó información sobre la abrogación o modificación de las siguientes normas:
- Ley 1171 del 25 de abril de 2019 de Uso y Manejo Racional de Quemas.
- Ley 741 de 29 de septiembre de 2015 que autoriza el desmonte de hasta 20 hectáreas.
- Ley 1098, Decreto Supremo 3973 del 10 de junio que autoriza el desmonte para actividades agropecuarias en tierras privadas comunitarias.
Estas comunicaciones fueron recibidas, pero nunca fueron contestadas de manera oficial.”
Es decir, ni Jeanine Añez ni Eva Copa respondieron a la solicitud.
Bolivia es el noveno país con las mayores superficies de bosques primarios en el mundo, pero así mismo, es el quinto país con mayor pérdida de bosques primarios amenazando su gran biodiversidad mientras los gobiernos de turno, al margen de la diferencia de colores y siglas, están hermanados por su política de favorecimiento al agronegocio, a los asentamientos ilegales en áreas protegidas y la vulneración del derecho a la autodeterminación de los pueblos indígenas, quienes se ven desprotegidos e incluso expulsados de su territorio hogar.
Pero más allá de toda la información que confirma la gravedad del daño causado a la madre tierra y la humanidad misma con los incendios provocados, más allá de las implicaciones teóricas del delito de ecocidio aquí referido, de los Tratados Internacionales, la Constitución o las leyes vigentes en el Estado Boliviano, una pregunta que va dando vueltas por la mente de quien escribe cada vez que observa las fotos del desastre, es ¿Por qué no exigimos que el servicio militar obligatorio se convierta en servicio medioambiental obligatorio?
El artículo 10 de la Constitución Política del Estado boliviano señala textualmente que: “Bolivia es un Estado pacifista, que promueve la cultura de paz y el derecho a la paz, así como la cooperación entre los pueblos de la región y del mundo, a fin de contribuir al conocimiento mutuo, al desarrollo equitativo y a la promoción de la interculturalidad, con pleno respeto a la soberanía de los estados” y “rechaza toda guerra de agresión como instrumento de solución a los diferendos y conflictos entre estados y se reserva el derecho a la legítima defensa en caso de agresión que comprometa la independencia y la integridad del Estado”; es decir, Bolivia es un estado que promueve la cultura de paz pero obliga a los jóvenes a cumplir con el servicio militar, tantas veces cuestionado por la violencia de sus prácticas.
La intención de este ensayo no es desacreditar a quienes eligen una carrera militar por convicción, ni mucho menos caer en injustas generalizaciones; pero tampoco se puede negar que el Servicio militar ha sido y es cuestionado por la violencia de sus prácticas y por el hecho de que, en cierta medida, el servicio militar es discriminatorio: Los elevados costos que implica cumplir con el servicio premilitar para los estudiantes que se encuentran cursando los dos últimos niveles del bachillerato, orilla a quienes no pueden pagarlo a resignar la pérdida de un año de su vida dedicado al servicio militar en los cuarteles de Bolivia, de modo que los conscriptos que cumplen el servicio militar provienen de la población indígena, campesina y pobre del país.
Del otro lado, los guardaparques, bomberos y voluntarios son abandonados a su suerte, debiendo luchar contra los fuegos con sus propios recursos. En Chuquisaca, fueron reiteradas oportunidades en las que autoridades como la alcaldesa interina de Monteagudo clamaban en los medios de prensa pidiendo ayuda, y las redes se inundaban de imágenes de niños cargando botellas de agua para apagar los incendios, de animales calcinados, de historias de veterinarios voluntarios que encontraron a una madre tatú calcinada fuera de una cueva salvando a sus crías, a una madre jaguar, a una madre y su familia…
Así mismo, se evidencia una indolencia vergonzosa entre partidarios de los distintos colores políticos que inundan las redes sociales utilizando los incendios para insultar al bando político contrario, como si las consecuencias del atroz ecocidio no nos condenaran a todos.
En un escenario medioambiental tan adverso, se debiera adoptar medidas efectivas, oportunas y prontas, diferentes de crear nuevos cargos administrativos[3] que casi siempre son objeto de cuoteo y botín de las autoridades de turno, pues es bueno recordar que además del Presidente y Vicepresidente, se tiene el Ministerio de Medio Ambiente, el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural, etc., tenemos un exceso de autoridades vinculadas en distinta medida a la problemática ambiental que (e identificadas como corresponsables del Ecocidio por el Tribunal Internacional de los Derechos de la Naturaleza en la Sentencia del Caso Chiquitanía, Chaco y Amazonía Vs Estado Plurinacional de Bolivia) como el Órgano Legislativo a través de la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, el Órgano Judicial a través del Tribunal Agroambiental, el Ministerio Público, instituciones como el INRA, la Autoridad de Bosque y Tierra, los Gobiernos Autónomos Departamentales a través de sus Secretarías de Medio Ambiente, las Asambleas Legislativas Departamentales, los Gobiernos Municipales, etc., que muy poco han hecho por proteger los derechos de la Madre Tierra y con su inacción, son los directos responsables de conducirnos al desastre ambiental que está trayendo consecuencias negativas evidentes: Altas temperaturas y ausencia de lluvias.
En ese contexto, la propuesta de introducir el Servicio Medioambiental Obligatorio en sustitución del Servicio Militar Obligatorio, vendría a ser una institución que involucra a varones y mujeres en edad de cumplir el servicio militar, edad que incluso podría ampliarse.
La incorporación del Servicio Medioambiental Obligatorio en el ordenamiento jurídico boliviano ayudaría a mejorar los siguientes aspectos:
- Reducción del fomento a la violencia y la agresión, tan común en escenarios militares.
- Aumento de guardaparques y personal para tareas de restauración, reforestación y conservación medioambiental, reintroducción de especies en su hábitat natural, gestión ambiental de residuos, etc.
- Educación y concientización sobre la problemática medioambiental y la importancia del respeto a los Derechos de la Madre Tierra como garantía de agua, de aire limpio y de calidad y de vida.
- Sería una institución más democrática, porque el Servicio Medioambiental Obligatorio podría ser cumplido sin discriminación, es decir, solo podría inhabilitarse a algunos casos extremos por impedimentos físicos o psicológicos, ya que la mayoría de los ciudadanos puede brindar asistencia en los centros de rehabilitación ambiental, protección de las reservas, actividades educativas relacionadas con la problemática ambiental y eficiente gestión de recursos, reforestación, restauración, compostaje, etc.
- Mayor conciencia ambiental en la población y en las autoridades.
Si el servicio militar es un deber patriótico, hoy la Patria demanda tareas urgentes de prevención, conservación, restauración, y cuidado de la riqueza natural del país.
[1] Neira H., Russo L., y Álvarez B. “Ecocidio”. Revista de Filosofía. En línea, disponible en << https://revistas.uchile.cl/index.php/RDF/article/view/55778/60108>> Acceso 15/09/2020.
[2] Con información tomada de Soler, R. (2017) “Ecocidio: ¿Crimen Internacional?”. Instituto Español de Estudios Estratégicos. Boletín electrónico, en línea. Disponible en << http://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_opinion/2017/DIEEEO128-2017_Ecocidio_RoselSoler.pdf>> Acceso 16/09/2020.
[3] Aquí, la autora está haciendo referencia a la posible creación de la Defensoría de la Madre Tierra, que debiera crearse por mandato del artículo 10 de la Ley 075 de los Derechos de la Madre Tierra.
