La publicación en Bolivia de mi crónica ¿Qué pasa en Bolivia? ha generado numerosas críticas, algunas públicas y otras recibidas por mensaje privado o correo electrónico.
Las observaciones que me hacen son interesantes porque no cuestionan tanto mi diagnóstico económico o político como el lugar desde donde observo la realidad boliviana.
Hay, en realidad, dos planos de discusión.
El plano factual
Muchos de quienes discrepan conmigo sostienen que existe una dirigencia sindical, vecinal, cooperativista o corporativa que ha convertido la representación social en un mecanismo de poder y privilegio. En otras palabras, cuestionan una visión idealizada de los movimientos sociales.
También señalan algo que suele quedar fuera del análisis: las víctimas de los bloqueos. No solo quienes se encuentran delante de ellos —como ocurre hoy en La Paz— sino también quienes quedan a sus espaldas: comerciantes, transportistas, trabajadores y ciudadanos que necesitan desplazarse para cumplir sus tareas cotidianas.
Soy plenamente consciente de la existencia de élites dirigentes que negocian cuotas de poder, cargos, contratos, protección política e incluso impunidad. Me refiero, precisamente, a esa burguesía aimara emergente que muchas veces permanece oculta detrás de los bloqueadores, quienes terminan siendo apenas los instrumentos visibles de disputas de poder más profundas.
Bolivia posee una larga tradición corporativa. Desde la Revolución Nacional de 1952, pasando por las dictaduras militares, el período neoliberal y posteriormente el ciclo del MAS, numerosos gobiernos terminaron negociando con dirigencias sectoriales para garantizar gobernabilidad. El problema es que esas negociaciones, en más de una ocasión, fortalecieron liderazgos poco democráticos y crearon incentivos perversos.
Sin embargo, la situación actual presenta diferencias cualitativas respecto al pasado.
Hoy existen nuevas clases medias indomestizas, así como una burguesía aimara consolidada. Una parte de estos sectores – importante – reclama no únicamente su reconocimiento cultural, sino su igualdad ciudadana. Y no existe democracia liberal sólida sin igualdad ciudadana.
Al mismo tiempo vivimos en un siglo XXI marcado por la velocidad de la digitalización. La conversación pública ya no se parece a la del siglo pasado. Lo que antes era diálogo se ha transformado, con frecuencia, en una suma de monólogos yuxtapuestos. Muchas veces ni siquiera son monólogos públicos, sino conversaciones encerradas en burbujas digitales que terminan convertidas en soliloquios colectivos.
En Bolivia nunca hemos desarrollado plenamente una cultura del diálogo. Para algunos de mis críticos, dialogar sigue siendo sinónimo de debilidad. Persisten viejos códigos culturales según los cuales solo los tímidos, los débiles o los cobardes dialogan.
Olvidan que el diálogo no es una concesión a la debilidad, sino una condición esencial de la democracia.
Ahora parece tarde.
Tanto mi crónica, publicada en Europa durante la primera semana de los bloqueos y luego republicada más tarde en Bolivia como esta respuesta a las críticas, corren el riesgo de quedar rápidamente superadas por la vertiginosidad de los acontecimientos.
El plano emocional y biográfico
Cuando alguien me dice: “Se nota que no vives aquí”, no necesariamente está refutando mis argumentos. Está señalando que mi mirada está influida por la distancia.
Y eso es cierto.
Pero reconocer esa influencia no invalida el análisis.
Quien vive en Bolivia percibe diariamente realidades que desde Suecia son difíciles de captar en toda su intensidad: los bloqueos, la corrupción cotidiana, las extorsiones, el deterioro institucional, la violencia política, la economía informal, el miedo y la incertidumbre. Los discursos hueros y “el dios mediante” denotan la falta de programa, de metas nacionales.
Sin embargo, también ocurre lo contrario.
Quien vive dentro de una crisis puede perder perspectiva histórica. El que observa desde lejos puede identificar procesos más largos, compararlos con experiencias internacionales y escapar, al menos parcialmente, de la presión de la urgencia cotidiana.
La distancia produce puntos ciegos, pero la proximidad también obnubila.
Mirar únicamente a los bloqueadores implica correr el riesgo de confundir el árbol con el bosque. El deterioro institucional boliviano es más profundo y compromete tanto a los actores sociales como a las élites políticas, económicas y culturales.
Habla el afuerino
Es posible que mi condición de afuerino influya en esta lectura. Llevo décadas observando Bolivia desde la distancia y toda distancia corre el riesgo de embellecer recuerdos o simplificar realidades. Sin embargo, la distancia también permite comparar procesos, observar tendencias de largo plazo y escapar de la inmediatez que suele dominar el debate cotidiano.
Bolivia necesita ambas miradas: la de quienes viven diariamente la crisis y la de quienes intentan comprenderla desde una perspectiva más amplia.
¿Cuáles son las salidas?
No son muchas.
Una de ellas pasa por reconstruir un compromiso integrador capaz de articular a las nuevas clases medias y a las nuevas burguesías emergentes, tanto aquellas que se identifican con valores liberales y republicanos como aquellas que se reconocen en tradiciones comunitarias.
Algo parecido a lo que muchos esperaron, en su momento, del binomio Paz-Lara.
No construir esa alianza implica empujar a la burguesía indígena emergente y a las clases medias de origen popular hacia proyectos políticos que volverán a interpretar el conflicto únicamente en términos étnicos. Evo Morales sigue esperando la oportunidad de afirmar que los q’aras rechazan a los tharas porque el racismo estructural continúa intacto.
Esa contradicción puede abordarse de varias maneras.
La primera es la vía autoritaria: la vieja idea de que «la letra entra con sangre», según la cual los sectores comunitarios deberían convertirse en liberales por la fuerza. Es una fórmula históricamente conocida y reiteradamente fracasada.
La segunda es la indiferencia: una mezcla de pasividad estatal y abandono político. En ese escenario, los sectores excluidos buscarán nuevas alianzas, posiblemente menos democráticas, mientras el país continúa fragmentándose.
La tercera es la larga espera democrática. Tiene algo de heroico porque rechaza la violencia y apuesta por la resistencia institucional. Sin embargo, también corre el riesgo de desgastar a quienes hoy soportan el costo de la crisis. La ciudadanía sitiada por los bloqueos puede terminar abandonando al líder moderado para buscar soluciones más duras, incluso autoritarias.
¿Revolución? ¿Lucha armada? ¿insurrección popular? ¿Golpe?
En pleno siglo XXI, en una época marcada por la inteligencia artificial, la digitalización y la aceleración tecnológica, quizás lo más revolucionario sea defender la democracia, pero la inclusiva.
No solo en Bolivia. También en América Latina, Europa y Estados Unidos.
¿Quiere Bolivia un Bukele que ignore sus propias leyes en nombre de la eficacia?
¿Quiere una versión acelerada del anarcocapitalismo que destruya las capacidades del Estado antes de construir alternativas viables?
La pregunta central sigue siendo otra.
¿Qué viene primero: el entendimiento o la represión?
Creo que primero debe venir la calma, el diálogo y la búsqueda de acuerdos, con la ayuda de iglesias, universidades, organismos internacionales y todos aquellos actores capaces de tender puentes.
Después debe aplicarse la ley contra quienes hayan cometido delitos.
Porque delincuentes los hay.
Afortunadamente, Bolivia todavía no ha alcanzado los niveles de violencia criminal que padecen algunas regiones de México o Colombia.
Una última reflexión
Parafraseando a uno de mis pensadores favoritos, Jürgen Habermas, la legitimidad de un orden político no surge de la fuerza ni de la tradición, sino de su aceptabilidad racional.
Un sistema es legítimo cuando sus normas nacen de procedimientos democráticos inclusivos en los que todos los afectados tienen la posibilidad de participar y otorgar su consentimiento razonado.
Sí, soy un afuerino. Pero Bolivia sigue viviendo en mí.
