La Fundación TIERRA manifestó su profunda preocupación por las atribuciones otorgadas al Viceministerio de Autonomías para coordinar los procesos de saneamiento, catastro y distribución de tierras. La organización considera que, aunque la intervención del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) es necesaria para enfrentar la corrupción, el tráfico y el avasallamiento de tierras, esta no puede convertirse en un mecanismo de injerencia política. Por el contrario, debe tener el carácter de una auditoría agraria especializada, conducida por una comisión interventora de alto nivel designada conforme a la Ley 1715 y la Constitución Política del Estado.
El pronunciamiento advierte que el Decreto Supremo 5488 contraviene el principio de jerarquía normativa al colocar al INRA bajo la tuición del Viceministerio de Tierras y la supervisión del Ministerio de la Presidencia. Según la Ley 1715, el INRA es un órgano de servicio nacional con autonomía de gestión y atribuciones técnico-jurídicas exclusivas, lo que lo sitúa por encima del nivel viceministerial. Para Fundación TIERRA, esta decisión debilita la institucionalidad agraria y abre la puerta a presiones políticas que pueden afectar la seguridad jurídica de la tierra.
La organización recordó que el INRA arrastra denuncias de corrupción y tráfico de tierras que requieren atención urgente del gobierno. En la última década, diversas instituciones y sectores vinculados a la cuestión agroambiental han denunciado reiteradamente hechos de corrupción, uso político de autorizaciones de asentamientos en tierras fiscales y otorgación de títulos a medianos y grandes empresarios que no lograron demostrar el origen lícito de las tierras demandadas como propiedad privada.
Fundación TIERRA también señaló que las intervenciones politizadas en el pasado agravaron el conflicto agrario. Durante la gestión 2020, el gobierno de Jeanine Añez intervino los trabajos de saneamiento del INRA con el argumento de acelerar los procesos de titulación. Sin embargo, esa injerencia buscó anular observaciones de fondo y reducirlas a simples trámites administrativos, favoreciendo a supuestos propietarios del sector empresarial. El caso más emblemático fue la Resolución Suprema N° 26916, mediante la cual se pretendió titular más de 34 mil hectáreas a favor de la familia Marinkovic. Estos antecedentes, según la Fundación, demuestran que las intervenciones políticas no corrigen los problemas estructurales del régimen agrario.
El pronunciamiento advierte además que el saneamiento y la titulación de tierras no son procedimientos administrativos ordinarios, sino procesos técnico-jurídicos especializados que requieren independencia absoluta de presiones políticas. Las actuaciones del INRA tienen naturaleza cuasi-judicial y sus resoluciones deben basarse en criterios objetivos y verificables, como el uso productivo de la tierra, la compatibilidad con la sostenibilidad ambiental y la inexistencia de sobreposiciones con otros derechos agrarios, ambientales o territoriales. La intervención del Viceministerio de Autonomías, cuyo mandato es político-administrativo, puede derivar en vicios de nulidad y litigios posteriores, poniendo en riesgo la seguridad jurídica de las tierras en trámite y generando potenciales judicializaciones futuras.
Recomendaciones y llamado institucional: Fundación TIERRA planteó la necesidad de restablecer la institucionalidad agraria mediante la designación de autoridades competentes e idóneas en el INRA y en el Viceministerio de Tierras, tal como dispone la Ley. Señaló que las intervenciones improvisadas o transitorias carecen de fundamento legal y agravan la fragilidad institucional en materia agraria y ambiental. Asimismo, recordó que una de las causas estructurales de la crisis del INRA es el nombramiento de directores nacionales interinos, lo que reproduce la subordinación política de la institución. La ley establece que el Director Nacional del INRA debe ser designado por el Presidente a partir de una terna aprobada por dos tercios de la Asamblea Legislativa, por un periodo de cinco años, personal e improrrogable. Cumplir este mandato es condición indispensable para restablecer la institucionalidad del INRA.
La Fundación recomendó además que el gobierno prepare una intervención y auditoría integral del proceso de saneamiento de tierras, con bases técnicas y jurídicas, metodologías claras, diagnósticos, objetivos verificables y mecanismos de responsabilidad institucional. Cualquier intervención improvisada, advirtió, carecerá de legitimidad y pondrá en riesgo la validez de todo el proceso agrario.
En su pronunciamiento, Fundación TIERRA pidió al gobierno rectificar de manera inmediata los desaciertos señalados y restablecer una institucionalidad agraria con reglas claras y autoridades capaces de hacer prevalecer el interés público por encima de presiones sectoriales. “La tierra, el territorio y los bosques no pueden ser objeto de control político ni de sobreexplotación; son bienes comunes que requieren instituciones sólidas y transparentes para garantizar el futuro de las próximas generaciones”, subrayó la organización.
