Cuando, hace un mes, publiqué un artículo en el que señalaba que los políticos profesionales -sean de partidos, o dirigentes de cualquier laya que se eternizan en cargos que les permiten ejercer poder- se han convertido en un peso muerto que corrompe y hunde la vida democrática del país y genera situaciones que amargan nuestra vida en los más diversos espacios y planos, volvieron a alzarse voces que abogan por esta colorida y ponzoñosa colección, justificándola como imprescindible para la democracia y el estado de derecho.
Es interesante comprobar como ahora, como en ocasiones previas, no son políticos profesionales los que salen en defensa pública de su oficio, sino personas que los defienden pese a que pueden experimentar la misma repugnancia, que provocan en la población general, sus acciones. El punto clave del bienintencionado razonamiento de sus defensores es la noción liberal de que “sin partidos la democracia no funciona”.
Esta apreciación se basa en múltiples experiencias históricas en las que se observa como el autogobierno social no parece sostenible en sociedades numerosas y complejas, como pudo serlo en algunas de la antigüedad, o durante fases muy fugaces, contemporáneamente, en momentos de desborde revolucionario. En esos casos, poco después del fervor y el entusiasmo, la gente se repliega sobre sus propios problemas, individuales o familiares, y deserta de la acción política. Concluyen que, por lo tanto, la mediación y representación política resulta prácticamente ineludible.
Es aquí donde se esconde la confusión que empuja a una actitud de aceptación resignada de los profesionales políticos, como un presunto “mal necesario”, sin el que no podríamos vivir y de allá, a tolerar la colección de mañas, delitos y crímenes que cometen, por mucho que protestemos y los censuremos hay una frontera excesivamente permeable. Esta línea tiende a desaparecer cuando se predica como un dogma que los profesionales políticos son indispensables para poder vivir en libertad y bajo el imperio de la ley.
No es lo mismo plantear que se necesitan organizaciones, más o menos especializadas y estables, para canalizar demandas, reclamos, propuestas o proyectos colectivos, con suponer y presentar como un hecho indiscutible, que esas organizaciones (sean partidos, organizaciones ciudadanas u otras) estén dirigidas y manejadas por un personal que hace de la política su fuente permanente de ingresos y su forma de vida.
La profesionalización política induce, en una mayoría aplastante de casos, las condiciones que tuercen las mejores intenciones, planes y actitudes de quienes ingresan a participar, inclusive con los más nobles y puros ideales, se distancien de estos orígenes, porque este personal que vive, a cada momento, en un mundo de intrigas, zancadillas y una competencia continua para mantenerse inserto en el estado, tiende a sustituir cualquier otra consideración por mantener su fuente de recursos materiales, de prestigio y autoridad.
La profesión política, mucho más en sociedades empobrecidas, construye una dimensión ajena a los problemas y las necesidades del resto de las personas, haciéndose cada vez más insensible a ellos, porque solo los ve como material de instrumentalización para sus propósitos y objetivos. De esta manera los partidos y organizaciones similares, sin importar que hayan nacido de una matriz popular, se convierten en estructuras que se aferran al poder y buscan cualquier resquicio para conseguir su permanencia en esta posición.
Al mismo tiempo que es necesario hacer los mayores esfuerzos para profesionalizar a los funcionarios (idealmente servidores) públicos y distanciar el funcionamiento de la maquinaria estatal, comenzando con la administración de justicia, de la partidización es necesario tomar medidas para desprofesionalizar la política, igual que el sindicalismo y, en general, de los entes corporativos que con tanta frecuencia funcionan en nuestro medio como instituciones de mediación y representación política informal.
Partiendo del reconocimiento de que, en los hechos, los partidos son instituciones estatales, el escrutinio de su funcionamiento y no solo de sus finanzas debe estar sometido a continua y minuciosa fiscalización, lo mismo que a control social.
El enfrentamiento del caudillismo, prebendalismo y clientelismo, tan arraigados entre nosotros, requiere adoptar medidas que desalienten y proscriban la eternización de jefaturas y promuevan una renovación fluida, al mismo tiempo que transparencia, accesibilidad plena a la información institucional y rendición de cuentas, como tendría que estar sucediendo en esas organizaciones y en todas las instancias estatales, del gobierno central a todas las autonomías.
