El Comité Municipal de Seguridad Alimentaria (CMSA) es una de las redes ciudadanas que está haciendo un seguimiento de las propuestas de los frentes políticos que se presentan en las próximas elecciones generales, en lo que atañe específicamente a la agricultura, la alimentación y el consumo saludable.
Un cuadro comparativo y un resumen de propuestas realizado por el CMSA, muestra a qué intereses responden los candidatos y cuál es su compromiso y sensibilidad con la problemática cuando incluyen, mal que bien, sus ofertas sobre seguridad alimentaria.Menos mal que algunos no llegarán ni a la esquina con los votos recibidos, porque hay propuestas que van a contramano de lo que se podría hacer para que Bolivia se alimente a sí misma en condiciones que promuevan una agricultura de alimentos sanos y suficientes para garantizar la seguridad alimentaria y combatir la malnutrición (que es más compleja que la desnutrición).
Veamos, uno por uno, qué es lo que proponen los frentes políticos, de manera que los votantes sepan a qué atenerse. ¿Quieren los ciudadanos un gobierno que en sus políticas de seguridad y soberanía alimentaria ponga por delante el derecho a la salud y a una alimentación sana y accesible, o prefieren un gobierno que favorece a las grandes empresas agroindustriales enfocadas en la exportación de cultivos extensivos y no en el consumo interno?
– La Alianza Fuerza Pueblo (FP) cuyo dueño es el alcalde de Santa Cruz, Johnny Fernández, muy criticado por su mala gestión edilicia, propone medidas que favorecen a la agroindustria cruceña y pasan por alto no solamente la necesidad de equilibrios ambientales y enfoque agroecológicos, sino que ignoran convenciones internacionales de protección de la naturaleza y programas mundiales que promueven la agricultura familiar (la Asamblea General de las Naciones Unidasproclamó la Décadade la Agricultura Familiar para 2019-2028). A contramano de la preservación de bosques y territorios, el candidato Fernández propone el “aumento de la superficie destinada a cultivos para biocombustibles” (soya, palma africana), el “uso de biotecnología para incrementar la producción agropecuaria y su valor agregado”, así como la “liberación absoluta de los cupos de exportación e impulso a la exportación no tradicional, en sectores agropecuario y agroindustrial”.
En el acápite agropecuario, su connivencia con el agronegocio es clara, ya que propone “fomentar la agroindustria y la transformación de materias primas en productos procesados” y “mejora de la infraestructura agropecuaria desde la producción de biodiesel, vinculación de energías renovables alternativas y mejoramiento caminero”. Como compensación, por lo menos en el discurso, promete la “vinculación del sector agrícola con el procesamiento de alimentos a través de pequeñas industrias que utilicen energía solar para su funcionamiento” y en al acápite de agricultura sostenible ofrece la “producción sostenible y diversificación de cultivos para reducir riesgos climáticos y de mercados”, y “prácticas agrícolas sostenibles que aseguren la conservación de los recursos naturales y la resiliencia frente a los cambios climáticos”, en flagrante contradicción con lo anterior, es decir, puro verso.
– La Alianza Libertad y Democracia (LIBRE) que lidera Jorge Quiroga sí menciona el tema de la seguridad alimentaria, y lo hace además en sintonía con los ODS: “Plan Operativo de Mediano Plazo para cumplir con las 169 metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) para 2030” y “las políticas de salud apoyarán a mejorar los niveles de nutrición en la niñez”.En relación a la frontera agrícola y a la agroindustria no es muy diferente a otras propuestas que buscan satisfacer a los grandes empresarios e incluso a los grupos que hoy conocemos como “interculturales”, ya que propone no tanto un mejor uso del suelo, sino la “la expansión de la frontera agrícola según la vocación productiva del suelo”, lo cual puede decir cualquier cosa. Sin embargo, la oferta prevé algunos resguardos: “Biotecnología para mejorar la productividad, cuidando el medio ambiente y la salud de las personas” y “política estricta contra los incendios de bosques, e incentivos para un desarrollo agropecuario sostenible y amigable con el medio ambiente”.
En cuanto a la propiedad de la tierra ofrece la “titulación de todas las tierras en Bolivia” sin especificar el destino de las tierras fiscales, y un “sistema de fomento productivo: alianza entre productores, entidades de servicios (no financieros y financieros) y el Estado”, sin mencionar sin embargo el apoyo concreto a la agricultura familiar y la agroecología. Como casi todos los programas que estamos resumiendo, las ofertas son a veces contradictorias y por lo tanto difíciles de compatibilizar.
– La Alianza Libertad y Progreso cuyo núcleo es la sigla de ADN, es muy escueta en su planteamiento programático sobre soberanía y seguridad alimentaria. En realidad, no las aborda en absoluta puesto que en su pensamiento ultra liberal sólo ofrece “dejar de pagar los subsidios y liberar los precios de los alimentos” y “eliminar la regulación de exportaciones”. Que cada quien haga como quiera, sin intervención del Estado. No hay nada específico sobre políticas relacionadas con la biotecnología o el cuidado de la tierra. No tener políticas de Estado es lo que promueve este sector político, siguiendo el axioma: “La mejor política es la que no existe”.
– La Alianza Popular (AP) articulada en torno al conflictivo Movimiento Tercer Sistema (MTS) de propiedad familiar, llevará como candidato a Andrónico Rodríguez. Su propuesta proteccionista desde el Estado aborda con mayor detalle la seguridad alimentaria, con ofertas como: “Sistemas de monitoreo, seguimiento a la producción y sectores productivos para mantener la seguridad alimentaria y mejorar las políticas de comercio exterior”, “Acuerdos con productores nacionales para fijar precios máximos solidarios en productos clave de la canasta familiar”, “Ferias del productor al consumidor”, “Subvención de insumos agrícolas esenciales fertilizantes, semillas, agua de riego, energía rural a pequeños y medianos productores que abastecen el mercado interno” y “Mecanismos de control de precios, fiscalización de almacenes y márgenes de ganancia de alimentos”. Apenas menciona la biotecnología, aunque está ya presente en nuestra agricultura extensiva y también familiar, pero sí aborda los biocombustibles en alianza con la agroindustria: “Red nacional de plantas de biodiésel y etanol priorizando alianzas con productores agrícolas”.
La oferta sobre la frontera agrícola y los modos de producción implica al Estado como ente regulador: “Mejoramiento y planificación del uso de suelo de las nuevas áreas de apertura productiva para la desacelerar la ampliación de áreas de producción”, “Políticas regionales para la priorización de áreas productivas tradicionales y de alta de productividad para alcanzar nuevas metas de rendimiento y llegar a más mercados”, “La exportación de productos esenciales estará condicionada al abastecimiento pleno del mercado nacional”, “Fomento a la producción con valor agregado para la exportación en el sector de agroindustria y biotecnología”.Quizás su oferta más importante (en contradicción con lo que el MAS promovió durante veinte años) es la “Ley de Protección Integral de la Amazonia y la Chiquitana que prohíba la expansión extractiva en áreas sensibles, garantice presupuestos ecológicos descentralizados y fortalezca la gobernanza indígena territorial”.
– El MAS-IPSP, cuya sigla le perteneceahora a Luis Arce Catacora, llevará como candidato al ex ministro de Gobierno Eduardo del Castillo, cuya oferta electoral en cuanto a seguridad y soberanía alimentaria parece muy demagógica teniendo en cuenta que tanto el partido como su candidato son la expresión de un gobierno que ha sido responsable del desastre ambiental y de una potencial crisis alimentaria que ya ha mostrado síntomas alarmantes. Para empezar, la oferta electoral del MAS confunde seguridad con soberanía alimentaria: “Asegurar la soberanía alimentaria desde la economía comunitaria y cooperativa”. Demasiada responsabilidad para las comunidades productoras, sin que se indique en qué medida el Estado apoyará ese desarrollo. Como si predijera desde ahora el fracaso de esa política de “soberanía”, la misma oferta indica: “Mantener e incrementar el alcance de las subvenciones a los alimentos”.Quizás por un mínimo de vergüenza, la oferta electoral no se expresa sobre la expansión de la frontera agrícola o la biotecnología, ni tampoco sobre la política incendiaria…
De manera general y más como proclama que como plan de gobierno, incluye frases que le han servido al discurso del MAS durante veinte años: “Promover patrones de producción y hábitos de consumo compatibles con la Madre Tierra”, o“Incentivos para una producción sostenible en la actividad agrícola e industrial que cumplan con los requerimientos ambientales necesarios para proteger el conjunto de los sistemas de vida”. Todo lo que no se hizo cuando tenían recursos para hacerlo, lo prometen ahora: “Nuevo marco normativo que garantice y proteja el derecho colectivo a la tierra y territorio de las NyPIOC, dotar tierras productivas en favor de las comunidades de pueblos IOC con enfoque productivo para garantizar la soberanía alimentaria”, “Desarrollo económico productivo para la industrialización y diversificación con complejos productivos integrales, planificación del desarrollo económico productivo, fortalecimiento fiscal y consolidación de financiamientos e incentivos, promoción de la calidad, innovación tecnológica y formación”. No menciona políticas sobre la agroindustria, como si no existiera.
– El Movimiento de Renovación Nacional (Morena)de la alcaldesa de El Alto Eva Copa, en su primera (y probablemente última) participación electoral, articula una oferta que se refiere tangencialmente a la seguridad alimenta y no menciona siquiera a la biotecnología ni los incendios forestales. Su discurso refuerzas el rol proteccionista del Estado, sin especificar la proveniencia de los recursos para crear un ““Fondo Plurinacional de adaptación y mitigación climática para financiar sistemas de cosecha de agua, reforestación y agricultura sostenible”, el “Fondo Plurinacional de Crédito para la Producción de Alimentos con financiamiento de tasas preferenciales a proyectos de producción agroecológica”, “Líneas diferenciadas del Fondo Plurinacional de Crédito para la Producción de Alimentos dirigidas a mujeres rurales, jóvenes productores y pueblos indígenas”, y otro “Fondo Plurinacional de Crédito para la producción de alimentos destinado a financiar de manera directa y con bajas tasas de interés a pequeños y medianos productores agrícolas, comunidades indígenas, asociaciones campesinas y emprendimientos agroindustriales orientados a garantizar la soberanía alimentaria del país”. En el papel suena bien: “Fortalecer las capacidades y derechos de los pueblos indígenas y comunidades locales para gestionar bosques, agua, suelos y territorios de forma sostenible y con autonomía”, pero es más discurso electoral que programa de gobierno.
Asusta la propuesta de crear una “Empresa Estatal de Pesca para impulsar la pesca en aguas continentales en alta mar, articular la empresa con productores pesqueros artesanales, establecer plantas de procesamiento, conservación y distribución de productos pesqueros”, no sólo conociendo lo que ha sucedido con todas las empresas estatales creadas por y para la burocracia del MAS, sino tratando de imaginar cómo sería organizada la cadena de producción para la “pesca en altamar”, algo absolutamente curioso, por decir lo menos.
– El Partido Autonomía Para Bolivia-SÚMATE del alcalde de Cochabamba Manfred Reyes Villa, que también consiguió su sigla en un tiempo récord y con una auditoría superficial, se refiere a la seguridad alimentaria en estos términos: “Plan Nacional de Desarrollo Productivo del Agro incrementará la riqueza para reducir la inseguridad alimentaria”, “Fomento al consumo de productos agropecuarios autóctonos que amplíen el mercado interno y aseguren una dieta balanceada y sana”, “La seguridad alimentaria requiere la ejecución de un programa que eleve la productividad y promueva la reconversión de productores no aptos”… Lo de “productores no aptos” no me queda claro, como tampoco “Creación de macroregiones productivas dirigidas a incrementar la productividad del sector exportador no tradicional condicionada al incremento de la productividad porcentual”, aunque esto último parece vinculado a “Préstamos al sector productivo a bajas tasas de interés condicionados al incremento de la productividad y proporcionales al volumen de exportaciones. Priorizando soya, girasol, carnes, nueces, café, azúcar, madera y quinua”.
La parte más interesante de la oferta se refiere a la agricultura familiar, que nos alimenta todos los días aunque cada vez menos por la competencia del contrabando: “Promoción de la unidad de producción familiar, desarrollando la agricultura sostenible, incentivando el consumo de productos locales o regionales, fomentando la agroindustria rural y la biocultura orgánica”,“Estrategias de recuperación y manejo sostenible de los recursos e impulso de procesos de micro industrialización rural descentralizada”, “Financiar infraestructuras rurales comunitarias (centros de acopio, caminos productivos, silos)”, “Programas y actividades concretas de: caminos de producción, zonificación de cultivos, titulación rural, sistemas de riego, centros de acopio y manejo de post cosechas, sistemas de refrigeración y conservación de la producción, crédito agropecuario, entre otros”. Súmate es el único que al menos menciona: “Seguridad jurídica contra avasallamientos”.En este y otros programas electorales, parece que los candidatos han elaborado listas de necesidades, antes que políticas de gobierno.
– El Partido Demócrata Cristiano (PDC), cuya sigla usará en esta oportunidad el senador de Comunidad Ciudadana, Rodrigo Paz, carece de un plan de gobierno donde el tema de seguridad alimentaria tenga cabida. Según las fuentes consultadas, el sector agropecuario se reduce a una consigna: “Liberalización de exportaciones”, que parece en contradicción con otra consigna: “Lucha contra el contrabando y fortalecimiento de sectores productivos nacionales”.No debe ser fácil ser liberal y proteccionista al mismo tiempo.
– La Alianza Unidad (UN-Creemos) de Samuel Doria Medina, es una de las que con mayor especificidad aborda el rol del Estado en la seguridad alimentaria y los derechos de los consumidores: “Entidades públicas destinarán un porcentaje mínimo obligatorio a programas y servicios orientados a garantizar derechos fundamentales como la alimentación” y “Se garantizará el derecho del consumidor al exigir un etiquetado obligatorio para productos que contengan organismos genéticamente modificados”, aunque esto último es restringido y no toma en cuenta la composición química de los ingredientes nocivos para la salud.UN también aborda el tema de la deforestación y las sanciones que hoy son de montos ridículos: “Agricultura extensiva con reglas de conducta relacionadas a la prohibición de quema de bosque y sanciones penales y pecuniarias en caso de incumplimiento”.
En contradicción con políticas de protección de los consumidores y de los bosques, la oferta electoral busca complacer a la agroindustria latifundista: “Producción de soya mejorada con biotecnología sin restricción y con previa autorización” o “Desarrollo de semillas nativas resistentes al cambio climático y la producción de bioinsumos para reducir el uso de agroquímicos”, lo cual en cristiano quiere decir que los transgénicos tienen carta blanca. Lo mismo se aplica a la ganadería, que en otros países se somete a controles estrictos: “Mejorar genética de ganado”.
La habilidad de la oferta de esta alianza electoral es que parece satisfacer a unos y a otros, de manera que el rol regulador del Estado se diluye. Al agronegocio le ofrece: “Nueva Ley de Exportaciones: exportación soya, carne y otros productos sin trámites burocráticos. Apoyo a 500 empresas agroindustriales para obtener sellos y certificaciones de calidad” o “Expansión del mercado del sector pecuario a Asia y se gestionará la habilitación de frigoríficos bolivianos para exportar carne bovina”, y a los pequeños también les endulza los oídos: “Modelo agroecológico, sostenible y con enfoque de género. Se establecerán fondos para mitigación y adaptación climática con perspectiva de género”, “Sistemas integrados de producción agropecuaria que maximicen el rendimiento por hectárea, bajo principios de sostenibilidad ambiental y uso racional de los recursos naturales”, “Apoyo a emprendimientos que aprovechen el conocimiento, los recursos naturales y culturales convirtiéndolos en bienes y servicios exportables bajo estándares de calidad y marca país”, “Créditos supervisados para mejora de la productividad de la tierra y la mano de obra en tierras altas”.
Esta última oferta del programa suena muy bonita, parece mejor pensada que las otras, pero nadie sabe si se traducirá en políticas de Estado y en planes de gobierno, ni cómo se salvarán las contradicciones que se revelan al contrastar las diferentes ofertas destinadas a satisfacer a sectores con intereses diversos. Hay cosas que son sencillamente incompatibles.
– Quiero incluir, aunque ya no estará en la papeleta, a Nueva Generación Patriótica (NGP), cuyo candidato debía ser Jaime Dunn, que fue inhabilitado. El programa incluye (sorpresivamente)algunas propuestas sobre seguridad alimentaria que implican la intervención estatal, locual parece contradecir los discursos ultraliberales del candidato: “En materia de seguridad alimentaria se protegerán los suelos con el objetivo de no alcanzar el colapso agrícola que amenaza a muchas regiones del país”, “Programas Saludables en Escuelas y Mercados que incluirán el consumo de alimentos saludables”, “Mejorar la calidad de los desayunos escolares apelando a alimentos locales nutritivos”, “Bancos de Leche Comunitarios que incentivarán la donación por medio de canjes por alimentos nutritivos”.
La oferta incluye legislación y regulación estatal sobre el medio ambiente: “Ley Marco de Transición Ecológica Justa que fijará metas para disminuir la deforestación y recuperar los saberes ancestrales de las comunidades indígenas campesinas para fijar reglas de la utilización responsable de los recursos forestales y un desarrollo efectivo de la agroecología”, “La Ley Anti Chaqueo. Créditos verdes con un porcentaje bajo de interés a quienes presenten certificación de prácticas sostenibles para productores y empresarios”, “Plan Integral para la Reducción de Quemas en Bolivia. Prohibición estricta para reducir en un 70% las quemas ilegales y dar alternativas para la producción de alimentos”, “Zonificación con áreas intangibles donde la deforestación estará prohibida y áreas de amortiguación controlada para prácticas agrícolas sostenibles de conservación de la comunidad y su entorno”, “Ley de Suelos, que prohíba los monocultivos en exceso en zonas de alto riesgo al medio ambiente y facilite la transición hacia modelos agroecológicos innovadores”, “Seguro Agrícola Climático, un subsidio estatal para pequeños productores frente a catástrofes naturales”.
De todos los programas, este aparece como el más progresista y más consciente del medio ambiente, incluso cuando se refiere a la agroindustria: “Creación de parques agroindustriales para la soberanía alimentaria con prioridad en la innovación y sostenibilidad de la producción con riego tecnificado, la adopción de energías renovables y limpias y el manejo de las cosechas adaptado a los efectos del cambio climático”, “Industrialización Sostenible: innovación tecnológica, certificados y acceso a mercados diferenciados, integración de cadenas productivas cortas, incorporación de energías limpias”, “La agroindustria exportadora trabajará para conseguir la certificación orgánica de los productos elaborados”. Las propuestas más afines al discurso liberal tienen que ver con la liberalización de exportaciones: “Eliminación de cupos, licencias y restricciones de exportación, cada productor podrá vender libremente al mundo”, así como la privatización de las tierras comunales: “Reconocer la propiedad privada de la tierra campesina. Las y los productores podrán vender, hipotecar o asociarse libremente”.
En síntesis…
El lector acucioso se habrá dado cuenta al leer este resumen de ofertas electorales, que pocas parecen programas de gobierno y muchas son puro discurso. Mi impresión es que ninguno de los programas aquí resumidos responde a una línea de pensamiento coherente.
De cualquier modo, todo lo anterior son programas (promesas) electorales, de modo que nada garantiza su cumplimiento, para bien o para mal del país. Sin embargo, el valor que tiene esta revisión es el análisis de los discursos (o su ausencia) sobre temas tan importantes como los de la seguridad y la soberanía alimentaria. El sólo hecho de haber incluido un par de líneas en la oferta electoral, indica que los equipos de asesores tienen siquiera una mínima noción de los temas. En la mayoría de los casos, no la tienen.
