El domingo 18 de agosto, promovida por diversas fundaciones y comunidades, financiada por la Unión Europea y la Cooperación Española e impresa por el periódico El Diario, se publicó una separata titulada Elección de altas autoridades del Órgano Judicial y del Tribunal Constitucional Plurinacional, que reunía una semblanza breve de todos los postulantes a jueces, más sus respectivas propuestas para persuadir al votante. La publicación constituía un notable esfuerzo para hacer que el electorado conozca un poco más (o desconozca menos, como se quiera) sobre lo que elegirá en las próximas elecciones judiciales. En este sentido, creo que cabe verter un par de consideraciones críticas sobre lo que serán las elecciones de magistrados y lo que son los postulantes a los altos cargos del Órgano Judicial.
Una primera cosa que salta a la vista son las barrocas hojas de vida de la mayoría de los postulantes, documentos en los que, como es usual en Latinoamérica, están registrados hasta los éxitos más insignificantes. Pero como todos sabemos, hoy obtener un cartón de licenciado, diplomado, magíster o doctor es mucho más fácil que ayer, entre otras causas debido a la abundancia de universidades privadas, donde el nivel académico es cuando menos cuestionable y uno se puede graduar empleando mínimos esfuerzos (a veces solo erogando la colegiatura). Por otra parte, no es menos cierto que la abundancia de cartones y diplomas no da cuenta de las virtudes éticas o morales de un individuo, ya que el empeño por acumular logros académicos y aun el ingenio, por una parte, y la astucia práctica y la corrupción, por otra, no son elementos incompatibles entre sí, como queda demostrado día a día en todas partes. Además, los trabajos en los que los currículums dicen que estuvieron no dicen mucho porque la cultura del amiguismo que impera en Bolivia hace que quienes ocupan altas responsabilidades no sean necesariamente los mejores para ellas. Luego, una (fría) hoja de vida en apariencia brillante puede ser una ilusión nada más, en parte porque no garantiza realmente las capacidades profesionales de su dueño y en parte porque no dice nada sobre su idoneidad ética.
Entre los postulantes hay ilustres anónimos y otros que tienen algo de repercusión mediática o celebridad (pero algunos no precisamente por hechos honrosos). De todas formas, resulta interesante leer las “propuestas” de los aspirantes a jueces, pues lo primero que hay que preguntarse es qué “propuestas” puede tener alguien que, de llegar a ocupar el cargo al que aspira, está en teoría obligado solamente a impartir justicia conforme a las leyes de un país y de forma honesta. ¿O son acaso políticos estos postulantes, es decir personas que pueden proponer al electorado que, de quedar elegidos, se irá por X o Z camino? A lo que me refiero es a que un político puede (más bien debe) proponer a su potencial votante una senda estatista o de libre mercado, políticas públicas vinculadas más con la educación o más con la vinculación caminera, un futuro socialista o uno liberal, etcétera. Pero un aspirante a juez (en teoría un perito en ciencias jurídicas) no puede proponer nada más que fallar de manera idónea en cualquier controversia que esté a su cargo, y para ello no hay que proponer nada muy novedoso. Una de las propuestas que leí en la antedicha separata, por ejemplo, dice: “Fortalecer la atención prioritaria privilegiando celeridad en casos que involucren y requieran atención a poblaciones vulnerables Niños, Adolescentes, Mujeres, LGTBI, Tercera Edad”. Es decir que esa persona, si es elegida, priorizará a ciertos individuos sobre otros, en razón de criterios biológicos, etarios y de género, lo cual relativizaría el ejercicio de la ciudadanía en un Estado de derecho. Mas debo apuntar que también hallé una “propuesta” que me pareció la más razonable e inteligente de todas, y dice así: “Cumplir las atribuciones y competencias de acuerdo al mandato de la CPE, de manera independiente, transparente, con probidad, eficacia, eficiencia, empatía, etc.”. Y nada más.
El problema de raíz —ya se ha dicho muchas veces por boca o pluma de muchos analistas— está en que una elección de jueces por voto popular es un despropósito. Lamentablemente, no todos creen lo mismo; las masas, hipnotizadas por la demagogia, creen que eligiendo a los más altos jueces ejercen una democracia más profunda, por lo menos una más profunda que la del detestable régimen neoliberal. Pero la ilusión pronto se convierte en desilusión, porque así la justicia, con magistrados poco preparados y además corruptos, degenera más y más, como lo vemos diariamente.
Ignacio Vera de Rada politólogo y comunicador social
