La discusión sobre el daño que causa a la oposición partidista la repentina oleada represiva inaugurada el 28 de diciembre con la captura del gobernador de Santa Cruz, hace perder de vista que las mayores averías de esa táctica caen y se acumularán sobre la gestión del régimen y particularmente sobre su joya más preciada y promocionada, la política económica.
El empeño oficial de mostrar una imagen fuerte y poderosa, no aplaca el enredo y desgastes que su confrontación con Santa Cruz ha acarreado sobre la producción, distribución y precios de varios productos, incluyendo alimentos de primera necesidad y la pérdida de empleos.
La comparación entre costos y beneficios de querer mostrarse como macho alfa, reporta ganancias de corto plazo, mientras que el impacto en inflación, distanciamiento del aliado económico fiel que le ha sido el agronegocio, la inquietud de la banca y, por encima de todo, el malestar y hartazgo que produce generalizadamente, el bombardeo y crispación política, dejan atisbar que el señor Arce está allanando el camino de su propia derrota.
La espiral represiva, impulsada por sus cuatro ministros “operadores políticos”, favorece que la combinación de dificultades económicas con una permanente tensión social y política genere condiciones de asfixia de su gestión. Es el escenario que apuntan a desplegar las provocaciones de la fracción de Morales Ayma quien, conocedor de las debilidades de su exprotegido, busca agobiarlo hasta que se incline por la tentación de ganarle un duelo electoral adelantado, como salida a la acumulación de problemas y los multiplicados frentes de disputa.
Detener al gobernador cruceño, intentando probar -una vez más- que en 2019 hubo “un quiebre del orden constitucional” (es decir un golpe de estado) no convence ni a la mayoría de los votantes del MAS. El esfuerzo propagandístico, incluyendo la aparición de “pruebas” de último momento, apenas sirve para mostrar que el nuevo grupo palaciego es tan sectario y alérgico a los procedimientos legales como sus antecesores.
Cuando Arce Catacora afirmó, como gesto de apoyo a Lula, frente al asalto bolsonarista de Brasilia, que los fascistas “actúan con la fuerza por lo que no logran en urnas”, no parce darse cuenta de que, por lo menos desde febrero de 2016 y hasta ahora, su partido -el MAS-, su jefe, su bancada, el tribunal constitucional a sus órdenes, quebraron el orden constitucional, para borrar con la fuerza lo que no consiguieron con votos, anulando una elección popular (el referéndum de febrero 2016) y haciendo reformar y deformar la Constitución por los miembros del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP).
Por ese motivo, en 2019 el orden constitucional ya estaba quebrado porque en noviembre de 2017 sufrió un golpe arrasador con la sentencia del TCP y, por lo tanto, la denuncia de un nuevo golpe, aludiendo a las irregularidades y acrobacias leguleyescas del nombramiento de la señora Añez, queda hueca y enredada con el funcionamiento y participación del parlamento, el TCP, el aparato de administración de justicia, todos controlados por el MAS. Eso no lo cambia ninguna cantidad de arrestos, juicios, apresamientos, ni miles de libros escolares o discursos triunfalistas.
El silenciamiento de este hecho, compromete, como una especie de asociado o cómplice, a la oposición parlamentaria que está omitiendo su obligación de abrir un juicio por prevaricato contra los miembros del TCP, al no anular hasta hoy la sentencia golpista que subordina la Constitución a su palabra y voluntad y que les da la potestad de anular referendos o elecciones. La excusa de que ese juicio no se ganaría olvida que el triunfo consiste en abrir la discusión para establecer la verdad y no en su desenlace jurídico.
La firma de libros por una reforma de la justicia, impulsada por abogados independientes y respaldada por ONG e iglesias, es una valiosa iniciativa que debe respaldarse vigorosamente, porque abre espacios para la movilización y la deliberación, que contribuirá a aclarar que la renuncia y fuga de Morales-García se debió a las consecuencias del golpe del TCP, a la resistencia contra el fraude y una gigantesca movilización colectiva y no a conspiraciones.
La discusión ayudará a esclarecer que una mal improvisada propuesta “federalista”, ignorando la poderosa base histórica de las autonomías conquistadas por el proceso constituyente de 1990 a 2009, para suplantarlas con las elucubraciones de un clandestino “comité de notables”, es una fuga hacia delante, sostenida por quienes desertan de honrar y sostener sus compromisos y obligaciones con la autonomía, hoy ahogada y retaceada por el régimen.
