“Con ojos groseros, manos con guantes ennegrecidos, un barbijo de quién sabe qué época, hurgaba mis calzones como si fueran prendas bordadas con diamantes… me dio tanto asco. Preferí botarlos. Los hubiese cortado con tijeras si tenía una a la mano”. El testimonio de una deportista sobre su experiencia en el Aeropuerto Viru Viru no es el único. Otros viajeros, sobre todo mujeres, contaron personalmente o a través de redes cómo los agentes aduaneros, sin educación ni respeto a leyes internacionales, sacaban sus prendas íntimas o sus accesorios acusándolos de contrabandistas.
¿De dónde salen estos individuos? ¿Qué personal técnico administra la oficina recaudadora más importante del país? ¿Cuáles son sus estudios? ¿Cómo se capacitaron? ¿O son solo el botín de pegas? ¿Dónde está el Estado? ¿Cuál Estado? ¿Es control o es robo disfrazado, preferentemente de ropa fina, perfumes, alimentos, deportivos?
Esas agresiones se dan al mismo tiempo que ingresan por las fronteras del país decenas de autos “chutos” prometidos en la campaña electoral de 2019 por Álvaro García Linera. Cientos de esos privilegiados pasean sus vehículos por las carreteras en casi todo el país, sobre todo en las zonas relacionadas con el circuito de coca-cocaína y otros derivados ilegales. En el mismo territorio donde el no-Estado festeja cumpleaños, aniversarios o santos patronos sin respetar las medidas sanitarias. ¿Para qué obedecer decretos?
Los dueños no pagan impuestos estatales o municipales y tampoco están registrados en la Agencia Nacional de Hidrocarburos. Pero, sus dirigentes son ahora las máximas autoridades en instituciones públicas claves como la ABC, responsable de las carreteras o el Servicio de Áreas Protegidas o las oficinas regionales vitales para el desarrollo agropecuario; son viceministros del Estado más debilitado de la historia democrática boliviana.
¿Cómo se puede construir un Estado adecuado al nuevo siglo y, sobre todo, acorde al desarrollo sostenible con personas que durante sus actividades privadas se han movido o se mueven fuera de la normativa, de las leyes y de la propia Constitución?
Las hojas de vida del equipo que acompaña la gestión del presidente Luis Arce Catacora reflejan en demasiados casos una trayectoria sin estudios superiores, sin conocimientos técnicos, sin diplomados en la Ley Safco, sin una relación con el Estado formal a quien juran respetar al ingresar a sus cargos.
La influencia del no-Estado llega a otros ámbitos que deberían ser centros de debate, de pensamiento y de propuestas como se supone sea la Asamblea Legislativa Plurinacional. El bochornoso pugilato del martes 8 refuerza la imagen de diputados confundidos entre lo que es el ritual del tinku (pelea con puñetes y manoplas) para regar con sangre la tierra y lo que es levantar la mano para solicitar la palabra.
Golpes duros y golpes blandos. En el no-Estado, dos exprocuradores, Héctor Arce Zaconeta y Pablo Menacho, se adjudican como regalo a sus servicios partidarios un millonario contrato para defender al Estado. ¿¡Cómo!? ¿Acaso ignoran que se creó la Procuraduría en la etapa liberal justamente para defender desde el Estado al Estado y dejar de contratar bufetes privados? ¿Cómo se involucra Wilfredo Chávez?
¿Por qué calla el contralor Henry Lucas Ara Pérez? ¿Es parte del no-Estado?
Cada día, con cada noticia, los bolivianos comprueban el retroceso hacia la etapa tribal, aislada del progreso. La gran paradoja porque los teóricos hablan de fortalecer al Estado, agrandándolo, pero los hechos muestran que lo que se fortalece es lo contrario, el no-Estado.
