De tanto en tanto suelo evocar la polémica discusión que llevó a la sanción congresal de la ley de Hidrocarburos, 3058, del 17 de mayo de 2005. Todos reconocemos sus efectos redistributivos y económicos beneficiosos aunque el régimen de Evo intente minimizarlos invocando una nacionalización “chuta” que poco aporta a los ingresos del sector. Sin embargo, esa ley contiene un artículo cuya irracionalidad y sesgo regionalista mereció mi rechazo al señalar la impertinencia de su inclusión en una norma estratégica para el país. Pero ¿qué indica ese artículo? En pocas palabras, descuartiza la estructura institucional y funcionalidad orgánica de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), diseminando vicepresidencias e instancias gerenciales en buena parte del territorio nacional.
La ley dispuso que “el directorio y la presidencia ejecutiva tendrán como sede la ciudad de La Paz” junto a la gerencia de comercialización, “la vicepresidencia de administración, contratos y fiscalización junto a la gerencia nacional de fiscalización y centro nacional de fiscalización funcionaria en la provincia Gran Chaco del Departamento de Tarija” mientras que la vicepresidencia nacional de operaciones funcionaria en Santa Cruz; estableciendo en Camiri la gerencia nacional de exploración y explotación. Cochabamba contaría con la vicepresidencia de operaciones descentralizadas y gerencia de industrialización y la de ductos y redes de gas, infraestructura de transporte, en Sucre.
Bajo la consigna de “hasta las últimas consecuencias”, la pulseta se inició con las demandas de los diputados uninominales del Chaco tarijeño y de la provincia cruceña de Cordillera bajo la presión de comités cívicos movilizados y dispuestos a declararlos personas no gratas, de no lograr su cometido.
14 años después, tras la presentación de listas de candidatos a la Asamblea Legislativa Plurinacional, el caso del “descuartizamiento” de YPFB ejemplifica la distorsión del cumplimiento del mandato e investidura de alcance nacional de los legisladores, ya que en esa circunstancia como en otras posteriores primaron intereses regionales y locales por encima de decisiones que debieron priorizar una visión estratégica de carácter nacional.
Es necesario que los aspirantes a ocupar un curul a partir de enero de 2020, tomen conciencia de la importancia y proyección nacional de su mandato en el órgano legislativo. Es también necesario reiterar que los intereses territoriales están debida y equitativamente representados en el Senado y que está en plena vigencia un Estado Plurinacional con autonomías, lamentablemente tutelado por un régimen autocrático e recentralizador de los recursos. Fortalecer las autonomías y el pacto fiscal traicionado hace parte de la agenda de una próxima gestión gubernamental.
Recordemos que los diputados uninominales no son gestores de leyes simbólicas para sus provincias y municipios, confundiendo sus competencias con la de concejales y asambleístas departamentales. Sería deseable que diputados y senadores actúen con criterio propio, anteponiendo la discusión de asuntos de interés nacional a las presiones sectoriales y/o particulares de las organizaciones sociales, sindicales, cívicas y empresariales que promovieron sus candidaturas bajo una lógica de cuoteo corporativo exacerbada por el MAS los últimos tiempos.
Urge eliminar la elección de representantes supranacionales ante Parlamentos cuyas definiciones no son vinculantes, así como fortalecer la capacidad agregadora de los siete diputados de circunscripciones indígenas, desde cuyos espacios debe hacerse escuchar la voz de todos los pueblos minoritarios que representan. Me atrevo a plantear que los diputados de elección directa debieran ser electos en circunscripciones macroregionales abarcando al menos tres departamentos y que todo binomio presidencial con importante representación legislativa debiera obligatoriamente formar parte desus bancadas y liderarlas. Son propuestas a discutir, tal vez imposibles de viabilizar, pero claves para recuperar la centralidad de un órgano ahora subordinado, deslucido al ser escenario de una polarización discursiva que enterró el verdadero debate plural que impulsa toda democracia y que Evo persiste en eludir.
La autora es psicóloga, cientista política, ex parlamentaria
