La propuesta del 50/50 ha repuesto la descentralización fiscal en el centro del debate político. Lleva el sello de su inventor, Rodrigo Paz, quien la presentó como una solución clara e intuitiva a un problema estructural del país.
En el actual contexto electoral, el tema incluso está marcando la agenda y orientando las promesas de los aspirantes a alcaldes y gobernadores. Sin embargo, un examen algo juicioso muestra que estamos ante una ilusión política que promete demasiado y, al mismo tiempo, desvía el debate de asuntos que realmente importan.
Cuando Rodrigo Paz era candidato, insistía –sin matices– en que, si llegaba a la presidencia el 8 de noviembre, un día después de su posesión, firmaría el decreto 50/50. Su postura transmitía determinación y arrojo político, la imagen de un presidente capaz de actuar con rapidez frente a décadas de centralismo.
Paz ganó la carrera electoral pero no gracias a su propuesta. Santa Cruz no votó por él y por el 50/50, mientras que el respaldo decisivo de su bastión político, El Alto y La Paz, respondió a otras motivaciones. Además, en varias regiones, el “factor Lara” fue determinante para su llegada al poder.
Una vez ya instalado en el sillón presidencial, por razones no descifrables del todo, siguió insistiendo en una consigna sin legitimidad en las urnas. Desempolvó la propuesta como un gesto político y una señal de acercamiento hacia las élites regionales, que pronto comenzaron a exigir la implementación del 50/50, como si hubiesen votado por Rodrigo Paz.
A los 100 días de gobierno, la presión escaló tanto que tuvo que rodar la cabeza de la viceministra Andrea Barrientos. Ante esta situación, el oficialismo acabó admitiendo que no bastaba un simple decreto, sino se tenía que reescribir cerca de 60 leyes y más de 40 decretos para rehacer la arquitectura fiscal y administrativa del Estado.
¿Por qué, entonces, despierta tanto interés? Porque el atractivo del 50/50 radica en su simplicidad. Es una fórmula de números redondos, fácil de entender y cargada de una poderosa intuición de justicia. La mitad para el nivel central y la otra mitad para las regiones. El problema es que detrás de esa fórmula no hay pilares ni terreno firme, sino más simplicidad.
El 50/50 no es la traducción pedagógica de un conjunto de reformas complejas en cuanto a competencias, mecanismos de distribución o criterios de equidad territorial.
Por ejemplo, se presume –sin evidencia– que los recursos a reasignarse serían de libre disponibilidad, cuando la realidad fiscal es muy distinta.
Actualmente, las recaudaciones tributarias no cubren ni siquiera el gasto corriente. El déficit fiscal, que ronda el 12 %, sostiene artificial y temporalmente las cuentas públicas. En otras palabras, hay más deuda que ingresos para repartir.
También se presume que más dinero descentralizado sería sinónimo de desarrollo regional. Pero la experiencia reciente dice lo contrario: durante la bonanza, los ingresos de las regiones productoras de gas se multiplicaron por 10 o más y, una vez terminada esa etapa, casi todo retornó a su estado anterior.
El debate electoral en curso es un recordatorio de que la simplicidad vacía tiene consecuencias reales. El 50/50 está alimentando expectativas y promesas de abundancia fiscal en medio de la crisis económica. Cientos, quizá miles, de candidatos a alcaldes y gobernadores están haciendo campaña bajo el supuesto de que dispondrán de más recursos.
Se trata de soluciones placebo que solo empobrecen la discusión sobre la gestión pública. En lugar de debatir la sostenibilidad fiscal o la necesidad de reestructurar los modelos de gestión heredados del auge rentista, la discusión gira en torno a cómo presionar al gobierno para que cumpla su promesa y quién promete más megaobras. Están pensando en administrar una ilusión en lugar de prepararse para tiempos de «vacas flacas».
Ahora bien, que no se malinterprete, el debate sobre la descentralización fiscal es legítimo y necesario. Bolivia arrastra tensiones históricas irresueltas que tienen que abordarse con seriedad. Pero convertir esa discusión en un slogan vacío y en reivindicaciones regionales idealizadas impide la construcción de una nueva institucionalidad. Mientras los gobiernos subnacionales sean igual o más corruptos que el nivel central, no habrá condiciones para reformas profundas.
El 50/50 es una promesa de solución fácil e inmediata, para un problema por demás complejo. Por eso, más que una política pública, es un espejismo. Y en la política, como en el desierto, caminar detrás de espejismos hace perder de vista el verdadero camino.
