Miguel Alfonso Avila
La captura de Sebastián Marset en territorio boliviano —en un operativo conjunto entre fuerzas policiales locales y la Agencia de Ejecución de Drogas (DEA) de Estados Unidos— marca el inicio del desenlace para uno de los capítulos más sombríos de la narcopolítica regional. Con su traslado inmediato a suelo estadounidense, el conocido como el «Rey de la Hidrovía» deja de ser un prófugo escurridizo para convertirse en el testigo más influyente y potencialmente peligroso del continente latinoamericano.
El rastro de pólvora en Uruguay y Paraguay
Para comprender el pánico que recorre hoy los pasillos del poder en varios países del Cono Sur y Bolivia, es imprescindible mirar hacia el sur del continente, donde la huella de Marset ha dejado profundas secuelas institucionales. En Uruguay, su caso desencadenó una grave crisis política en 2022, tras descubrirse la entrega irregular de su pasaporte mientras permanecía detenido en Dubái. El hecho provocó la renuncia de tres miembros clave del gabinete de Luis Lacalle Pou, entre ellos el ministro del Interior, y puso sobre la mesa las debilidades en la coordinación entre organismos de seguridad y la gestión de asuntos migratorios en el país.
En Paraguay, el operativo «A Ultranza PY» —llevado a cabo en 2023 por la Policía Nacional y la DEA— desarticuló parte de sus redes criminales, decomisando toneladas de cocaína, armas de fuego y activos millonarios. La reciente entrega de su esposa, Gianina García Troche, a las autoridades estadounidenses fue un factor decisivo en la estrategia de presión sobre el narcotraficante: la DEA identificó desde hace tiempo que la seguridad de su familia es su mayor debilidad. La negociación de beneficios procesales —como la reducción de pena o condiciones carcelarias más flexibles a cambio de información detallada sobre sus cómplices y rutas de tráfico— es ahora la vía más lógica para Marset ante los fiscales federales estadounidenses, quienes han demostrado experiencia en este tipo de acuerdos con delatores de alto nivel.
Bolivia: El epicentro de la presunta complicidad
Si en otros países Marset dejó tras de sí crisis institucionales, en Bolivia su eventual confesión podría suponer una sentencia de muerte política para algunos líderes del Movimiento al Socialismo (MAS-IPSP) y hasta la apertura de procesos judiciales contra funcionarios de alto rango. Su permanencia en la región de Santa Cruz entre 2023 y principios de 2026 no fue fortuita; fue el resultado de una operación logística meticulosamente planificada que, según las investigaciones en curso, contó con protección interna en distintos niveles del Estado boliviano.
Bajo el ala del poder: Marset conoce los nombres de quienes en el Ministerio de Gobierno le proporcionaron información oportuna para escapar de un operativo de captura en octubre de 2023. También sabe qué jefes policiales de la Fuerza de Operaciones Especiales (FOES) custodiaban sus cargamentos de droga en las rutas hacia la frontera paraguaya, y qué funcionarios de la Oficina de Identificación Personal (OIP) facilitaron la obtención de documentos de identidad falsos —como los usados bajo el alias de Gabriel De Souza, que le permitieron moverse libremente por Bolivia, Argentina y Paraguay durante más de un año.
Dos gestiones, un mismo problema: Tanto el entorno de Evo Morales —quien gobernó Bolivia entre 2006 y 2019— como la gestión de Luis Arce —— tienen motivos para preocuparse. La justicia estadounidense no distingue entre facciones dentro del MAS-IPSP; busca esclarecer cómo se permitió que el narcotraficante se integrara a las esferas del poder público boliviano, cuándo se establecieron los primeros lazos con funcionarios y quiénes se beneficiaron económicamente de sus operaciones.
La justicia de EE. UU. como herramienta geopolítica
Para Washington, Marset no es solo un criminal al margen de la ley, sino una fuente de inteligencia de incalculable valor para entender la estructura del narcotráfico en Sudamérica. La información que posee es la llave para la «descertificación» de actores políticos clave en la región —un mecanismo establecido por la ley estadounidense que permite sancionar a quienes considere cómplices del tráfico de drogas, corruptos o amenazas para su seguridad nacional. Una vez descertificados, los individuos pierden el derecho a ingresar a EE. UU. y sus activos en dicho país pueden ser congelados.
En las cortes federales estadounidenses, la delación premiada busca no solo castigar al responsable de las operaciones ilícitas, sino desmantelar las redes de protección estatal que permiten el flujo constante de cocaína hacia el norte del continente. Si Marset decide entregar detalles precisos sobre las rutas de tráfico por la Hidrovía Paraguay-Paraná y señalar a altos mandos políticos, militares y empresariales involucrados en la cadena de suministro, estará proporcionando a EE. UU. el expediente perfecto para aplicar sanciones severas: congelamiento de activos en el extranjero, revocación de visas para familiares y allegados, y pedidos formales de extradición contra figuras de la cúpula estatal boliviana. En este contexto, la lealtad a sus antiguos «socios» carece de peso frente a la posibilidad de evitar una condena perpetua en una prisión de máxima seguridad como la de ADX Florence, donde los reclusos tienen contacto mínimo con el exterior.
El fin del silencio
Hoy, la detención de Marset no es solo una victoria policial coordinada entre Bolivia, EE. UU., Uruguay y Paraguay; es una amenaza directa a la estructura de poder que ha gobernado Bolivia desde hace dos décadas. El hombre que se burlaba de ministros y autoridades en videos difundidos por YouTube —donde mostraba su lujo y desafía abiertamente a las fuerzas de orden— está a punto de rendir cuentas ante fiscales que ven en sus confesiones la oportunidad de reconfigurar la influencia política en la región. Su captura es, en realidad, la cuenta regresiva del desenlace para muchos otros actores involucrados en las redes de narcopolítica, quienes hasta ahora habían logrado operar con impunidad detrás del manto del poder político.
