En la medida de la necesidad de un desagravio a los originarios de estas tierras por centurias de injusticia, durante 14 años —en algunas épocas más, en otras menos— esa reivindicación fue tergiversada por quienes buscan naturalizar el rechazo al k’ara (blanco) o al burgués, la contraparte obvia para despertar una supuesta animosidad de los oprimidos contra sus históricos opresores. Y toda opinión contraria (al MAS) fue tomada por las autoridades y sus adherentes, sin matices, como racista. El discurso de odio racial fue sistemáticamente utilizado cada vez que Evo Morales y los suyos se veían amenazados por oposiciones coyunturales, políticas o cívicas, casi inexistentes y con una fuerza de cohesión social relativa.
De inicio, en la segunda mitad de los 90, cuando el MAS no existía como tal, ese discurso sirvió para delimitar los territorios sociales y dejar en claro quiénes constituían el “pueblo” y quiénes no. El de Morales sería más tarde el ‘gobierno del pueblo’, lo cual relegaría a un segundo plano de sus políticas al no-pueblo. Correspondía, tanto por legitimidad como por moralidad. Para la mayoría de blancos y mestizos de las ciudades estaba bien vista —no consensuada, pero aceptada— esta discriminación positiva. Finalmente, todos —o casi— habían entendido que el país se merecía un presidente indígena y el mismo Morales, en sus primeros años de gobierno, se encargaría de confirmar que esa percepción no era equivocada.
Ahora bien, el rechazo al “presidente indio”, tal cual lo remarcan en cuanto pueden Morales y García Linera, estuvo siempre latente porque el racismo es un fenómeno mundial que, como tal, no ha sido erradicado —tampoco— de Bolivia; ni siquiera con casi cinco lustros de un líder cocalero en el poder. No obstante, nadie en su sano juicio puede negar los (hoy lo estamos viendo, insuficientes) avances en materia de inclusión social, ni desconocer que la presidencia de Morales sirvió para despabilar a los miopes que desde la comodidad de las ciudades, antes, eran incapaces de distinguir las realidades opuestas de indígenas y campesinos.
Últimamente, con una nueva y al parecer definitiva crisis política, Evo y Álvaro han creído necesario retomar el discurso de odio racial para rearticular a sus bases, como respuesta a la merma de votos que tuvo el MAS en las elecciones, aun con fraude a la vista. Pero su pérdida de credibilidad y legitimidad no es reciente. Entre 2016 (21F) y 2019 echaron por la borda todo lo bueno que habían hecho en diez años y terminaron por confirmar la regla de que no hay gobernante que el tiempo no desgaste. Evo venía ya caminando por la cornisa y el 20-O fue apenas el último de sus pasos antes de caer al abismo. Ahora está en entredicho la forma en la que se precipitó, especialmente por el papel de las Fuerzas Armadas dentro del gobierno de Jeanine Áñez: a muchos, sobre todo del exterior, les cuesta entender que las teorías resultan a veces insuficientes para explicar fenómenos sustentados en la presión o la sublevación de una ciudadanía que usualmente no pisa la calle más que para subirse al auto y dirigirse al trabajo o llevar a sus hijos al colegio; pues, esa ciudadanía (no las FFAA) se cansó de soportar los abusos contra la institucionalidad.
Queda ahora por ver si la reposición del peligroso discurso que alienta el odio hacia las imprevistamente movilizadas clases medias urbanas, hoy por hoy suplementadas de campesinos migrantes y, por supuesto, no necesariamente contrarias al MAS (hasta el 75% de los bolivianos viven ya en las urbes), servirá para revertir un panorama francamente desfavorable para Evo y Álvaro.
De momento, da la impresión de que, desde el exilio, siguen menospreciando a aquella clase media, en una inexplicable lectura política de una realidad que les movió radicalmente el piso en semanas. ¿Pretenderán impunidad para sus palabras? ¿Se puede esperar todavía más ánimo de agitar, de provocar y de incitar a la violencia y al enfrentamiento —con muertos— entre bolivianos?
