La epidemia global está poniendo en peligro la vida de miles de personas, pero especialmente de las mujeres. Desde los riesgos a los que se exponen en su papel de cuidadoras de las y los enfermos, pasando por el aumento de los índices de violencia doméstica, hasta las negativas consecuencias económicas.
Las altas cifras de casos de violencia contra las mujeres en el país son muy preocupantes. Hasta hoy se registran 31 feminicidios y miles de otras formas de violencia hacia mujeres de todas las edades. Ni siquiera la pandemia de Covid 19 ha frenado las agresiones a mujeres, es más, las ha intensificado.
Según la fiscal departamental Mirna Arancibia, “se ha incrementado la violencia familiar o doméstica por encima de otros delitos, como el robo a la propiedad privada. La convivencia obligatoria ha generado que exista más violencia intrafamiliar”.
Por otro lado, aproximadamente el 66% de las personas en Bolivia trabaja en el sector informal. De ese porcentaje, el 70% son mujeres y muchas que están en la formalidad gana 50% menos que los hombres, según ONU Mujeres Bolivia.
De esa manera, muchas mujeres están pasando la cuarentena junto con el agresor, otras están ocupadas en los trabajos de cuidado; las que mantienen a sus familias no pueden salir a las calles a trabajar y otras tantas que trabajan en el sector informal están saliendo a vender sus productos arriesgando sus vidas.
Antes de entrar a la emergencia mundial, en los últimos años varias organizaciones de mujeres han venido solicitando al gobierno anterior y al actual que se declare una alerta nacional por el alto índice de feminicidios en Bolivia. De acuerdo al artículo 8 del decreto 2145, Reglamento de la Ley 348, ésta alerta implica contar con un plan de acción con recursos suficientes en todos los niveles de gobierno.
El año pasado se creó el gabinete especial de lucha contra la violencia hacia la mujer, se elaboró el plan de acción contra los feminicidios y la violencia machista denominado “Hagamos un pacto, vivamos sin violencia”, pero no se designaron recursos suficientes para su implementación. El gobierno interino declaró 2020 como el Año de la lucha contra el feminicidio y el infanticidio en el país; sin embargo, tampoco se ha avanzado en la designación de recursos económicos, ni humanos para implementar acciones concretas.
Así mismo, el pasado 10 de marzo la presidenta transitoria Jeanine Añez anunció una inversión de 100 millones junto a la CAF para la construcción de ciudades seguras para las mujeres. Si bien todo suma, no se ataca el problema principal, porque la mayoría de los casos de feminicidios ocurren en los hogares, no en las calles; y los agresores son familiares, parejas o exparejas.
A eso se suman la limitada producción de información y datos fiables sobre violencia, la inexistencia de planes dirigidos a asegurar a las víctimas de violencia una atención integral, protección y acceso a la justicia, falta de sensibilización y la preparación de las y los administradores de justicia y operadores/as de la Policía para asegurar una atención y tratamiento adecuado de las víctimas.
Como dice Laura Astorga, mientras en el día las mujeres tejemos estrategias, leyes, normas y propuestas contra el machismo; por la noche los medios de difusión, comunicación, música, espectáculos destejen nuestros esfuerzos, fortaleciendo estereotipos machistas y patriarcales que se sitúan en el corazón mismo de nuestras culturas que es urgente desmontar.
Elizabeth Salguero Carrillo es comunicadora social.
